Beneficios fiscales

En el informe publicado en marzo de 2022 (Informe) :
Las medidas tributarias, como las relativas a beneficios fiscales, que afectan a un determinado sector, siempre se deben de adoptar siguiendo este principio. Sobre estas recomendaciones es preciso indicar que toda articulación de beneficios fiscales queda integrada en la planificación estratégica de las políticas públicas con las que está relacionado. Asimismo, en dicha planificación se incluyen las previsiones de los efectos que pueden tener con su implementación. Un ejemplo de lo anterior es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo contenido recoge medidas y reformas de forma integral, tanto en materia de ingresos y gastos públicos como de carácter regulatorio.
Por otra parte, en la memoria económica de las respectivas modificaciones, se incorpora el impacto económico estimado de la misma, siempre que dicho cálculo sea posible.
Por lo que respecta a las evaluaciones ex post, conviene mencionar que dentro del ámbito del Componente 28 del PRTR se ha creado grupo de trabajo entre el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Dirección General de Tributos que está analizando 15 beneficios fiscales.

En la actualización anexa posterior de diciembre de 2022 (Anexo):
Las medidas tributarias, como las relativas a beneficios fiscales, que afectan a un determinado sector, siempre se deben de adoptar siguiendo este principio. Sobre estas recomendaciones es preciso indicar que toda articulación de beneficios fiscales queda integrada en la planificación estratégica de las políticas públicas con las que está relacionado. Asimismo, en dicha planificación se incluyen las previsiones de los efectos que pueden tener con su implementación. Un ejemplo de lo anterior es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo contenido recoge medidas y reformas de forma integral, tanto en materia de ingresos y gastos públicos como de carácter regulatorio.
Por otra parte, en la memoria económica de las respectivas modificaciones, se incorpora el impacto económico estimado de la misma, siempre que dicho cálculo sea posible.
Por lo que respecta a las evaluaciones ex post, conviene mencionar que dentro del ámbito del Componente 28 del PRTR se ha creado grupo de trabajo entre el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Dirección General de Tributos que está analizando 15 beneficios fiscales.
La planificación estratégica de las políticas públicas con las que están relacionados los respectivos beneficios fiscales corresponde a los departamentos ministeriales competentes por razón de la materia, que son quienes definen los protocolos necesarios, así como quienes analizan las posibles alternativas, como son las ayudas directas vía políticas de gasto.
La clasificación por políticas de gasto recogido en ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
Un ejemplo del impacto estimado ex ante de nuevos beneficios fiscales adoptados se recoge en el marco del Plan Presupuestario 2022, donde se detallaban las medidas adoptadas que tienen un impacto en el ámbito de los beneficios fiscales, estimando su impacto presupuestario para 2021 y 2022.

En cuanto a las evaluaciones ex post, el grupo de trabajo mencionado publicó una primera parte de su análisis el pasado mes de marzo, con el estudio de 5 beneficios fiscales:
– Ajustes en base imponible sobre las rentas procedentes de determinados activos intangibles (IS).
– Régimen fiscal especial aplicable a las entidades sin fines lucrativos (IS).
– Exención parcial del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas (IRPF).
– Exención de los rendimientos del trabajo obtenidos en el extranjero (IRPF).
– Impuesto Especial sobre el Carbón (IC).
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/31-03-22-Informe-Revision-Beneficios-Fiscales-2021.pdf

En el informe publicado en marzo de 2022 (Informe) :
El Ministerio indica que esta recomendación ha sido implementada mediante la reactivación del Grupo de Trabajo con comunidades autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, creado para acordar la metodología a seguir en el cumplimiento de la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, en lo relativo a los beneficios fiscales de las Comunidades Autónomas. Se han mantenido dos reuniones en 2021 (junio y septiembre), y otra en febrero de 2022.

En la actualización anexa posterior de diciembre de 2022 (Anexo):

El Ministerio indica que esta recomendación ha sido implementada mediante la reactivación del Grupo de Trabajo con comunidades autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, creado para acordar la metodología a seguir en el cumplimiento de la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, en lo relativo a los beneficios fiscales de las Comunidades Autónomas. Se han mantenido dos reuniones en 2021 (junio y septiembre), y otra en febrero de 2022.La respuesta de “propuesta implementada” se refiere a que efectivamente el grupo de trabajo se encuentra activo y el mismo redunda en una mejor coordinación entre los distintos niveles de la administración, que es la recomendación formulada en el SR.
Si bien aún no se ha elaborado un documento formal con las conclusiones que se están alcanzando en este grupo de trabajo, sí podemos encontrar un ejemplo de dicha coordinación en el Proyecto de Ley de PGE 2023. Este es, en la parte relativa al Presupuesto de Beneficios Fiscales estimados para 2023, el relativo al ajuste en el Impuesto sobre el Patrimonio por la aplicación del límite conjunto con la cuota del IRPF: ello ha sido consecuencia del estudio conjunto con las Comunidades Autónomas en el mencionado Grupo de Trabajo, donde se ha concluido que este concepto debe dejar de tener la consideración de beneficio fiscal, al tratarse de una norma de carácter técnico cuyo objetivo es evitar la confiscatoriedad que podría producirse en aquellos contribuyentes que han de pagar ambos impuestos.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

El 26 de septiembre de 2022 se firmó, entre la Agencia Tributaria y el MICIN, un convenio para la evaluación de proyectos de I+D+i relacionados con la aplicación de incentivos fiscales del Impuesto sobre Sociedades, que articula un marco estable que 11 BOE‐A‐2022‐18991 Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ministerio de Ciencia e Innovación, permite a los órganos de aplicación de los tributos obtener un informe motivado del MICIN relativo al cumplimiento por el contribuyente de los requisitos científicos y tecnológicos necesarios para poder aplicar los incentivos previstos en el Impuesto sobre Sociedades a las actividades de I+D+i.

En el informe publicado en marzo de 2024 (Informe):

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, impuso la publicidad obligatoria de las subvenciones y demás ayudas públicas.

Por otra parte, cualquier ayuda que a efectos del derecho de la Unión Europea sea considerada como ayuda de estado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y sus normas de desarrollo, debe ser objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Por ello, en el Real Decreto 130/20198 por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, se limita el registro a los beneficios fiscales que tengan la consideración de ayuda de estado por implicar una ventaja económica de carácter selectivo, a aquellos que superen los umbrales mínimos exigidos por las normas de la Unión.

La deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (incentivo fiscal a la I+D+i) no tiene la consideración de ayuda de estado, por lo que debe rechazarse la propuesta al no encontrarse entre los supuestos que determinen la publicidad de los beneficios fiscales.

Adicionalmente, en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se establece el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria y la imposibilidad de ser cedidos o comunicados a terceros. Ese régimen de reserva de los datos tributarios constituye un derecho de los obligados tributarios (art. 34.1.i) de la Ley General Tributaria) y la Administración tributaria tiene el deber de garantizarlo como resulta del apartado 3 del artículo 95 LGT, lo que impediría llevar a término la recomendación formulada.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

Se ha excluido el tipo reducido para bebidas con azúcares o edulcorantes añadidos.

La revisión de los tipos reducidos se ha visto condicionada por la crisis económica provocada por la pandemia, de manera que se adoptaron medidas consistentes en tipos
reducidos para determinados bienes necesarios para combatir la crisis sanitaria.

Más recientemente, las medidas han ido dirigidas a paliar los efectos derivados del alza de los precios de la energía, como es la aplicación de un tipo del 5 por ciento al gas
y la electricidad. Dicho tipo ha sido prorrogado para 2023 por obra del Real Decreto Ley 20/2022, que ha introducido, para este año, una novedad relevante. Se trata de la
aplicación de un tipo del 0 por ciento a los alimentos básicos —pan, harina, leche, quesos, huevos, frutas y verduras— y del 5 por ciento, al aceite y las pastas.

Se pretende, de esta manera, favorecer a las familias más vulnerables y reducir la inflación, con una medida transitoria prevista para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

Dada la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, muchas de las reformas pretendidas en el ámbito medioambiental no se consideran adecuadas en el momento actual, como la concreta relativa a la diferente tributación del diésel y la gasolina.

No obstante, son varias las medidas adoptadas en conformidad con los objetivos medioambientales:

En primer lugar, se ha llevado a cabo la aprobación de dos nuevos impuestos que han entrado en vigor el 1 de enero de 2023: el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables tiene por objeto la prevención de residuos, y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, es un mecanismo clave para avanzar en economía circular y en la consecución de los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado en materia de residuos.

También se ha modificado el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero que no persigue únicamente garantizar un efectivo control de los gases fluorados de efecto invernadero, sino simplificar, en la medida de lo posible, el cumplimiento de las obligaciones formales y, por ende, la gestión del mismo, tanto por los obligados tributarios como por la Administración Tributaria. Además, se pone fecha de terminación a algunas exenciones actualmente en vigor debido a que ya existen alternativas menos contaminantes y el sector debe hacer un esfuerzo de adaptación.

En el informe publicado en marzo de 2022 (Informe) :

En concreto, en relación a las SOCIMI, se gravan al 15 por ciento sus beneficios no distribuidos como dividendo, de modo que se incentiva aún más que todos los beneficios obtenidos sean distribuidos a los socios; y en relación a las SICAV se establecen nuevos requisitos objetivos y se otorga competencia a la AEAT para verificar su cumplimiento.

En la actualización anexa posterior de diciembre de 2022 (Anexo):

En concreto, en relación a las SOCIMI, se gravan al 15 por ciento sus beneficios no distribuidos como dividendo, de modo que se incentiva aún más que todos los beneficios obtenidos sean distribuidos a los socios; y en relación a las SICAV se establecen nuevos requisitos objetivos y se otorga competencia a la AEAT para verificar su cumplimiento. En lo relativo a las SICAV, se modificó la letra a) del apartado 4 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, por el art. 1.2 de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11473#ap
En lo relativo a las SOCIMI la modificación se introdujo añadiéndose un nuevo apartado 4 en el artículo 9 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, mediante la disposición final 2.1 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11473#df-2

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

La coyuntura de crisis ha provocado que se hayan adoptado en esta materia medidas de apoyo a los hogares y en particular, en lo que se refiere a la reducción del sesgo de género, en la deducción por maternidad, extendida en los casos de percepción de prestación contributiva o asistencial del sistema de protección de desempleo, o de alta en el régimen  correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad con un período mínimo de 30 días cotizados (Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023)

En el informe publicado en marzo de 2022 (Informe) :

Esta propuesta se ha cumplido mediante la modificación de los límites de reducción en la base imponible de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.

En la actualización anexa posterior de diciembre de 2022 (Anexo):
Esta propuesta se ha cumplido mediante la modificación de los límites de reducción en la base imponible de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.
PRIMERO. Se modificó el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con efectos desde 1 de enero de 2021, por el art. 62.1 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17339#a6-4)
Con esta medida, se modificaron las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, para incentivar las contribuciones empresariales a favor del ahorro de los trabajadores, ampliando el límite conjunto aplicable de 8.000 a 10.000 euros, si bien limitando las aportaciones individuales de los contribuyentes a 2.000 euros.
Por tanto, se limitó la reducción para las aportaciones individuales más elevadas, que se concentraban en las rentas más altas (en el año 2017, tan sólo contribuyentes con rentas superiores a 50.000 euros hicieron aportaciones superiores, de media, a 2.000 euros, por lo que la reducción era regresiva: beneficiaba especialmente a las rentas más altas).
SEGUNDO. Se volvió a modificar el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con efectos desde 1 de enero de 2022, por el art. 59.1 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21653#a5-11)
Con esta modificación, se volvió a reducir el límite de las aportaciones individuales a los contribuyentes, dejándolo en 1.500 euros, con el objetivo de seguir mejorando la progresividad del impuesto y promover el esfuerzo compartido entre trabajadores y empresas. Además, se prevé que el límite pueda incrementarse no solo mediante la realización de contribuciones empresariales, sino también mediante aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social
siempre que estas aportaciones sean de igual o inferior importe a la respectiva contribución empresarial.

En el informe publicado en marzo de 2023 (Informe):

Mediante el artículo 59 de la Ley de PGE 2023, con el objetivo de atender al sector de la población más castigado por la situación económica actual, integrado por los trabajadores, pensionistas, autónomos y familias con menor nivel de renta, se ha elevado la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo y el umbral a partir
del cual resulta aplicable.

Anteriormente, dicha reducción resultaba aplicable a los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 euros, siempre que no tuviesen rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros. Para los sujetos con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 13.115 euros, se fijaba la reducción en 5.565 euros anuales, decreciendo linealmente hasta 0 para aquellos con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115 y 16.825 euros.

Con la modificación, se incrementa el importe de la reducción a 6.498 euros anuales. Así, como la reducción va disminuyendo linealmente, el importe máximo hasta el cual se benefician de la reducción también se incrementa a 19.747,5 euros (lo que equivale aproximadamente a 21.000 euros de salario bruto, frente a los 18.000 euros brutos anuales de la regulación anterior).

En el informe publicado en marzo de 2024 (Informe):

La disposición final segunda de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, recoge una serie de incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda.

En particular, se modifica la anterior reducción del 60 por ciento en el rendimiento neto del alquiler de vivienda, estableciendo una modulación de la misma, con el objeto de estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles. De esta forma, el porcentaje de reducción será diferente según la situación:

• Será del 90 por ciento, en el caso de que se firmen nuevos contratos de arrendamiento de vivienda en zonas de mercado residencial tensionado con una reducción de al menos un 5 por ciento sobre el contrato anterior. Será del 70 por ciento cuando se trate de la incorporación al mercado de viviendas destinadas al alquiler en zonas de mercado residencial tensionado y se alquilen a jóvenes de entre 18 y 35 años en dichas áreas, o bien, se trate de vivienda asequible incentivada o protegida, arrendada a la administración pública o entidades del tercer sector o de la economía social que tengan la condición de entidades sin fines lucrativos, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler.
• Podrá alcanzar una reducción del 60 por ciento sobre el rendimiento neto cuando se hubiesen efectuado obras de rehabilitación en los dos años anteriores.
• Y será del 50 por ciento en cualquier otro caso.

Link a la norma aprobada: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-12203#df-2