- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se mantiene en 284.000 hogares, el 35% de los 800.000 hogares que podrían recibirlo
- Casi 470.000 hogares con derecho a percibir el IMV, el 58% del total, no lo solicitaron en 2022, y el 69% de las solicitudes se denegaron
- El coste anual efectivo del IMV fue de 1.900 millones de euros en 2022, el 47% de su potencial
- La prestación está llegando a los hogares más vulnerables como evidencia el hecho de que el 62% de los beneficiarios lleva percibiendo la prestación desde 2020 y el 54% no habían percibido ningún salario en los tres años anteriores a la prestación
- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha numerosas acciones encaminadas a favorecer la solicitud del IMV entre los hogares elegibles, así como potenciar la eficacia de la prestación
- La AIReF no ha podido conocer el trasvase de beneficiarios desde las rentas mínimas autonómicas al IMV ante la falta de calidad de los datos de los beneficiarios de rentas mínimas que suministran las CCAA al INSS y a la AEAT
- La información final de renta con la que se gestiona el IMV ha generado que el 67% de los beneficiarios vieran revisado el importe de su prestación y el 16% de ellos causaron baja en el IMV, lo que ha generado requerimientos de devoluciones de 2.500 euros en mediana
- La evaluación detecta un alcance limitado del nuevo complemento de infancia, que beneficia a 274.000 hogares frente a los 1,5 millones de familias que podrían percibirlo
- La AIReF propone avanzar hacia un modelo de gestión del IMV más automático basado en la integración de la información administrativa en una base de datos única que permitiera la concesión de prestaciones de oficio o mediante un impuesto negativo
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy su Segunda Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación no contributiva dirigida a prevenir el riesgo de pobreza de las personas que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades fundamentales. La AIReF identifica dificultades y escasos avances en el despliegue de la prestación, a pesar de las acciones encaminadas a favorecer su solicitud y a potenciar la eficacia de la prestación. Asimismo, la AIReF detecta un alcance limitado del nuevo complemento de infancia.
Las prestaciones asistenciales como el IMV protegen a todas aquellas personas que, por circunstancias especiales o sobrevenidas no están plenamente cubiertas por los sistemas contributivos. En España, al igual que en muchos de los países del entorno, el ritmo de avance de los sistemas de protección asistencial ha sido menor que el de los sistemas contributivos hasta el punto de que prestaciones de garantías de renta, como el ingreso mínimo vital, no se han desplegado hasta el siglo XXI. Además, la protección asistencial posee, por su naturaleza, una mayor complejidad que la contributiva al tener que atender necesidades y circunstancias específicas de cada una de las personas beneficiarias y diseñar incentivos individualizados que ayuden a la inclusión e integración en el mercado laboral.
La primera Opinión del IMV elaborada por la AIReF ya ponía de manifiesto algunas dificultades en el diseño y despliegue de la prestación. Por ejemplo, evidenció que el IMV había llegado a 284.000 hogares de los 700.000 potenciales. Además, la primera Opinión acreditaba que, a diciembre de 2021, 400.000 hogares que podrían recibir el IMV aún no lo habían solicitado (el 57% de los posibles beneficiarios). La segunda Opinión detecta dificultades y escasos avances en la aplicación y gestión del IMV a pesar de las acciones del Gobierno para impulsar la prestación.
En 2022 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha numerosas acciones encaminadas a favorecer la solicitud del IMV entre los hogares elegibles, así como potenciar la eficacia de la prestación. Por ejemplo, se ha creado el Registro de Mediadores Sociales del IMV en el que actualmente hay inscritas más de una decena de entidades sociales con capacidad para certificar situaciones complejas de los hogares solicitantes de IMV. Asimismo, se ha realizado una intensa campaña para dar a conocer la prestación y facilitar la solicitud, como el autobús informativo que ha asesorado a múltiples interesados en la prestación a lo largo del país.
Adicionalmente, el Misterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social ha iniciado treinta y cuatro proyectos piloto en colaboración con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Entidades del Tercer Sector e instituciones académicas. Estos proyectos ofrecen apoyos específicos en función de las necesidades de cada hogar para así favorecer la inclusión social de los beneficiarios. Su evaluación a través de la metodología de ensayo controlado aleatorizado tiene el objetivo de identificar buenas prácticas que puedan ser escalables y contribuir en el futuro a conformar una política de inclusión basada en los resultados de evidencia empírica.
En la nueva Opinión, la AIReF constata que el IMV está llegando a hogares muy vulnerables, puesto que el 62% de los beneficiarios llevan percibiendo la prestación desde 2020 y el 54 % no habían percibido ningún salario en los tres años anteriores a la prestación. Además, casi el 80% del aumento del gasto producido como consecuencia de la extraordinaria inflación del año 2022 fue compensada en los hogares IMV gracias al incremento del 15 % de la nómina que introdujo el Gobierno en el decreto de medidas extraordinarias contra el auge de los precios.
Se mantiene el número de beneficiarios
Sin embargo, la AIReF también identifica algunos hallazgos que evidencian cierto grado de estancamiento en el último año de los resultados del IMV y un alcance limitado del nuevo complemento de infancia. A diciembre de 2022, seguía habiendo el mismo número de beneficiarios de IMV que el año anterior; 284.000 hogares de los 800.000 que podían percibir la prestación, lo que a su vez supone el 47% del gasto potencial. Esta cifra es menor en el nuevo complemento de infancia, que si estuviera plenamente implementado podría beneficiar a 1,5 millones de familias y a finales de 2022 se limitaba a cubrir 274.000 hogares.
Además, la AIReF detecta también dificultades en el ámbito de la gestión. Así, la tasa de denegaciones del IMV en el año 2022 se sitúa en el 69%, cifra muy similar a la del 2021. Por otra parte, el 83% de los beneficiarios del IMV vieron modificado el importe percibido en su nómina mensual como consecuencia de las revisiones que realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), una vez se conocen los datos definitivos de renta. En concreto, el 67% de los beneficiarios vieron revisado el importe y el 16% causan baja en la prestación tras la revisión, por lo que se les solicita devolver 2.500 euros en mediana.
Según el análisis de la AIReF, las cifras de potenciales beneficiarios no solicitantes (non take-up) se sitúan en el mismo nivel que el año anterior (58%) y el nuevo complemento de infancia en su primer año muestra un non take-up que supera al del IMV (76 %). Esta Opinión recoge un perfilado de los hogares no solicitantes, que podría ser útil a la hora de diseñar y dirigir las medidas de difusión y apoyo para el acceso a la prestación a aquellos colectivos cuya incorporación está resultando más complicada. En concreto, la AIReF detecta que el 61% de los potenciales beneficiarios que no solicitan la prestación son hogares sin menores y que el 64% reside en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
Además, en esta Opinión se apunta a la posibilidad de que parte del non take-up pudiera venir explicada porque el trasvase de beneficiarios desde las rentas mínimas autonómicas al IMV todavía no se haya completado. Sin embargo, esta hipótesis no se ha podido verificar ante la falta de calidad de los datos de beneficiarios de rentas mínimas que las CCAA suministran a la Agencia Tributaria y al Instituto Nacional de Seguridad Social.
En este sentido, la AIReF insiste en la necesidad de que se aceleren y refuercen los mecanismos de intercambio de la información que la Administración posee sobre la población vulnerable, facilitándose la interconexión de sus datos de renta, patrimonio, prestaciones, impuestos y asistencia de los servicios sociales. En especial, se acentúa la importancia de que las Comunidades Autónomas aceleren el volcado uniforme y consistente de los pagos de sus rentas mínimas autonómicas en la Tarjeta Social Digital y en los registros de la Agencia Tributaria.
Nuevo modelo de gestión
Además, toda esta información se podría llegar a complementar con una declaración universal de rentas y prestaciones, que permitiría avanzar hacia un nuevo modelo de gestión del IMV cuya concesión se inicie de oficio o que se configure como impuesto negativo. Este sistema de información y gestión permitiría la transferencia inmediata de los beneficiarios de las rentas mínimas de las CCAA al IMV y podría servir para gestionar otras prestaciones sociales o transferencias directas de forma más focalizada En el mismo sentido, la Administración podría hacer un mayor uso de la información que con frecuencia mensual dispone de la renta de los solicitantes, lo que contribuiría a reducir el alto porcentaje de ajustes y revisiones de importes que se observan en las nóminas del IMV.
Adicionalmente, se podría valorar la posibilidad, pertinencia y factibilidad de simplificar la definición de renta computable para el acceso al IMV en base a la información de frecuencia mensual que la Administración ya posee. Todo ello, permitiría ir modulando la prestación en función de las necesidades reales de los beneficiarios en cada momento del tiempo mejorando la capacidad del IMV de ajustarse a situaciones de pobreza sobrevenida.