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    AIReF

    “Nuestra misión es garantizar el cumplimiento efectivo del principio de sostenibilidad financiera por las Administraciones Públicas“

    Cristina Herrero asegura que la evaluación será clave para abordar los retos del sector público

    Cristina Herrero, presidenta de la AIReF

    La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, participó hoy en un webinar sobre los retos del sector público organizado por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Durante su intervención, resaltó la apuesta por la calidad de las finanzas públicas a través de la evaluación como palanca clave para hacer frente a los grandes retos del sector público: la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas y la aplicación del nuevo marco fiscal europeo.

    Cristina Herrero señaló que, en el medio plazo, las finanzas públicas se desenvolverán en un contexto de crecimiento económico moderado. En ausencia de shocks, la AIReF prevé para 2023 y 2024 un crecimiento real en el entorno del 2%. A largo plazo, la AIReF estima un crecimiento de 1,3% promedio en el periodo 2022-2070, tal y como figura en su Opinión sobre la sostenibilidad a largo plazo de las Administraciones Públicas. En este contexto, el déficit se estancaría en niveles del 3% del PIB a medio plazo y la deuda se estabilizaría por encima del 100% del PIB. A largo plazo, en un escenario de políticas constantes, tanto el déficit como la deuda recuperarían la tendencia alcista.

    Según la presidenta de la AIReF, esta situación reduce el margen de maniobra ante los retos futuros de la economía española: el envejecimiento y el aumento de la carga financiera, de forma que la inacción o la acción tardía podrían generar una dinámica desfavorable de la deuda que ponga en riesgo la sostenibilidad.

    La presidenta recordó que la vuelta a las reglas fiscales es inminente y que la nueva gobernanza fiscal situará en el centro la sostenibilidad, pero también el crecimiento. Este nuevo marco implicará la puesta en marcha de reformas e inversiones por parte de los Estados que deben promover el crecimiento y contribuir a la sostenibilidad, para lo que será fundamental la evaluación de políticas públicas.

    Según la presidenta, la mejora de la calidad de las finanzas públicas es una vía clave para la generación de espacios fiscales en un contexto de elevada presión del gasto y en el que los recursos son limitados. Esto exige una verdadera cultura de la evaluación de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas. Aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, es necesario seguir avanzando para consolidar la evaluación en España.

    Cristina Herrero recordó que el impulso europeo fue decisivo para promover una nueva forma de evaluación en las Administraciones Públicas, puesto que, hasta entonces, los análisis de eficacia y eficiencia eran muy puntuales. Hoy la evaluación es una de las funciones principales de la AIReF, tras el impulso del componente 29 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se tradujo en la creación de una nueva División en la AIReF, dio permanencia a los encargos conocidos como Spending Review e impulsó la incorporación de las propuestas de la AIReF al proceso de toma de decisiones.

    Retos para consolidar la evaluación

    A pesar de estos avances, la presidenta señaló que quedan retos pendientes para consolidar la evaluación en la AIReF y que aconsejarían cambios normativos para  mantener la relevancia cuantitativa y cualitativa de los encargos y asegurar su continuidad con independencia de ciclos políticos, fortalecer el seguimiento de los resultados de evaluación, mejorar el acceso a la información y garantizar un nivel adecuado de recursos financieros y humanos en la AIReF.

    Además, subrayó la necesidad de seguir avanzando en paralelo en la consolidación de la evaluación en España, ya que la AIReF no puede ser el único evaluador. La AIReF, de hecho, apuesta por un modelo de tres niveles formado por agentes evaluadores independientes y externos como la AIReF, una institución interna del Gobierno que se encargue de la coordinación y un centro gestor que se haga cargo del seguimiento continuo.