La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, clausuró hoy el taller “Educar en tiempos de COVID. Problemática y posibles soluciones”, organizado por la Evaluación Económica Pública (EVALPUB) y la Universidad de Valencia, en el que señaló la importancia de abordar la educación desde una perspectiva amplia que exceda las consideraciones de eficiencia y eficacia al ser un pilar básico del Estado de Bienestar. Además, es clave para el desarrollo económico, tiene efectos positivos en la sociedad más allá del meramente académico y económico y es vital desde una perspectiva de equidad.
Cristina Herrero destacó que es necesario un diseño y priorización cuidadoso de los recursos públicos debido a las actuales presiones de gasto. En concreto, esa presión la sufren las comunidades autónomas, ya que gestionan el 84% del presupuesto educativo y el grueso también del gasto sanitario. La crisis de la COVID-19 ha afectado a ambas partidas, aunque no va a ser muy visible, este año, en las cuentas de las comunidades autónomas gracias a la financiación de estos gastos extraordinarios por parte de la Administración Central.
Para la presidenta de la AIReF, se abre una gran incertidumbre de cara al futuro, tanto por la propia evolución de la pandemia como por las necesidades educativas. Aunque hasta la fecha se tiende a considerar que los efectos de la pandemia van a ser temporales, es prudente no descartar que haya efectos permanentes y que parte de estos gastos se consoliden.
Además, el sector educativo, probablemente, requerirá una adaptación más estructural y mejor coordinación entre CCAA y el Estado, tal y como afirmó Cristina Herrero. La pandemia ha acelerado el reto digital, por lo que se tendrá que hacer frente a la brecha digital, ya que las familias de renta más baja son las que cuentan con peores dotaciones. También habrá que prestar atención a las titulaciones, por si es necesario adaptarlas, reforzar el vínculo entre educación y sectores demandantes de empleo, potenciar el desarrollo de soft skills y hacer frente al bajo porcentaje de población con nivel de formación media.
Por otro lado, según las palabras de la presidenta, se tendrá que vigilar la posible ampliación de la brecha social, ya que la COVID-19 puede afectar especialmente a las familias más vulnerables y de rentas más bajas, aumentando la desigualdad y limitando la movilidad. Precisamente, es en ese ámbito en el que se dan las tasas de escolarización más bajas.
Por último, Cristina Herrero destacó el papel de las evaluaciones como un instrumento necesario para diseñar bien las políticas públicas y la necesidad de avanzar en que se puedan compartir los millones de datos administrativos, tal y como recoge la “Opinión para una estrategia de acceso a datos administrativos” publicada por la AIReF. España cuenta con amplio margen de mejora en el acceso a datos para la evaluación y, particularmente, en lo referido a los datos administrativos. Por esa razón, se propone una estrategia nacional para avanzar en la disponibilidad de datos convenientemente anonimizados con el fin de facilitar su explotación y salvaguardar la privacidad de las personas, así como permitir el acceso a los que han sido recopilados en el ejercicio de la evaluación del gasto público para nuevas investigaciones.