Opinión Ingreso Mínimo Vital (2023)

La ley continúa sin establecer de forma explícita un objetivo cuantitativo de los hogares en pobreza que pretende alcanzar el IMV en términos de porcentaje de la renta mediana nacional. Para favorecer la comparabilidad con los análisis realizados en la primera evaluación, en esta segunda Opinión también se utilizará el 40 % de la mediana de la renta por unidad de consumo para valorar el grado de cumplimiento de los objetivos de la prestación dado que es el umbral más cercano al que se aproximan los límites de renta garantizada fijados por el IMV.

Las cuantías de renta garantizada de 2022 contribuirían a alcanzar el 82 % del nivel de renta en el que se considera que un hogar está en situación de pobreza (40 % de la mediana) (gráfico 4). Esto supone una mejora de cinco puntos porcentuales en el alcance teórico de la prestación con respecto a la cifra del 77 % recogida en la primera Opinión.

Desde la publicación de la primera Opinión, once comunidades autónomas han introducido modificaciones en las normativas reguladoras de sus rentas mínimas para adaptarlas a la prestación estatal. De entre ellas, Andalucía, Illes Balears y Castilla-La Mancha han establecido la incompatibilidad de su renta mínima con el IMV, si bien en diferentes grados. En Andalucía, a pesar de que su renta mínima pasa a ser incompatible con la percepción del IMV, se crea una nueva ayuda que sí será complementaria y podrán solicitar aquellos hogares que perciban menos de 100 euros mensuales de IMV. En Illes Balears, la incompatibilidad entre las prestaciones es total, si bien es importante destacar que esta comunidad autónoma ha incrementado los niveles de renta garantizada para el colectivo cubierto por su renta mínima hasta alcanzar los del IMV. En Castilla-La Mancha solo podrán ser beneficiarios de su renta mínima aquellos hogares que ya lo eran en el ejercicio anterior, ya que no se admiten nuevas solicitudes. Por su parte, ocho de las once comunidades autónomas que han actualizado su regulación establecen la obligación de solicitar el IMV como requisito para que el hogar pueda percibir la renta mínima. Aragón sigue permitiendo la percepción simultánea de ambas prestaciones y no obliga a realizar la solicitud de IMV. Esta comunidad autónoma destaca por haber equiparado el test de rentas y patrimonio al del IMV, si bien fijando niveles de rentas garantizadas superiores a los del IMV para cada tipo de hogar.

Del análisis de estos cambios normativos, se aprecia una tendencia mayoritaria a que las rentas autonómicas sean complementarias a la prestación estatal. En teoría, las rentas autonómicas irán progresivamente perdiendo hogares beneficiarios, al ser subsidiarias del IMV y reduciendo sus cuantías al incorporar en muchas de ellas la renta percibida por esta prestación como ingresos computables para la determinación de las cuantías de las rentas mínimas.

La escasa calidad de los microdatos sobre los beneficiarios y el gasto de las rentas mínimas autonómicas que las comunidades autónomas reportan a la AEAT y al INSS ha impedido a la AIReF realizar los análisis pertinentes para conocer su evolución, el trasvase de estas hacia el IMV o su grado de solapamiento con la prestación estatal. La información a nivel de persona que se suministra por parte de las comunidades autónomas tanto a la AEAT como al INSS es todavía limitada y no permite realizar un análisis temporal de beneficiarios y cuantías percibidas de las rentas mínimas autonómicas.

Con respecto a la permanencia en la prestación, el 62 % de los beneficiarios de IMV a 31 de diciembre de 2022 comenzó a recibir la prestación en 2020. En mediana los hogares beneficiarios de IMV lo perciben durante 20 meses. En número absolutos, el gráfico  muestra que, de entre el total de beneficiarios a 31/12/2022, 177.145 hogares son perceptores desde 2020, 63.787 desde 2021, y 42.879 comenzaron en el propio año 2022. Desde la perspectiva inversa, el 63 % de los hogares que comenzaron a percibir el IMV en 2020 continúan de alta a 31 de diciembre de 2022. El gráfico permite observar la distribución de meses percibiendo el IMV para todos los hogares que han sido beneficiarios de la prestación en algún momento desde su entrada en vigor. En mediana y hasta la fecha los hogares beneficiarios del IMV han cobrado la prestación durante 20 meses. Destacan por una mayor persistencia los hogares monoparentales y aquellos compuestos por dos adultos y ningún menor.

A 31 de diciembre de 2022, 283.811 hogares eran beneficiarios del IMV, un 35 % de su potencial. En 2022, 808.000 hogares residentes en comunidades autónomas de régimen común habrían podido percibir el IMV, bajo un escenario de implementación completa. Esta cifra incluye los hogares que, aunque no figuraban como elegibles según la información administrativa disponible, finalmente han resultado perceptores de IMV y excluye aquellos que aun siendo candidatos para percibir la prestación ex ante, su solicitud de la prestación resulta denegada.

Esta cobertura del 35 % es heterogénea por tipo de hogar y comunidades autónomas, y ha variado con respecto a 2021. En 2022 el IMV refuerza su presencia en hogares unipersonales y monoparentales, mientras que el grado de implementación en hogares de dos o más adultos es inferior al observado en 2021. Por ejemplo, para el hogar de dos adultos y ningún menor, que es el segundo tipo de hogar por número de beneficiarios potenciales, en 2022 el grado de cobertura es 6 puntos porcentuales menor que en 2021.

En términos de gasto, en 2022 el IMV supone 1.919 millones de euros anuales, el 47 % de su potencial. De haber estado operando en su potencial, el IMV habría tenido un gasto anual en 2022 de 4.100 millones de euros en las comunidades autónomas de régimen común. A la hora de valorar esta cifra, se debe tener en cuenta el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (en adelante RD de medidas urgentes). El RD de medidas urgentes y su prórroga supuso que la nómina de IMV aumentara en un 15 % para los hogares perceptores entre los meses de abril y diciembre de 2022, ambos incluidos.

El grado de alcance con respecto al gasto potencial sigue una distribución equivalente a la mostrada para la cobertura. Destacan los hogares monoparentales para quienes el gasto anual ha alcanzado en 2022 más del 54 % del potencial. Los hogares de dos adultos con hijos también muestran un elevado grado de alcance en virtud de este indicador. Por el otro lado, salvo los unipersonales, los hogares que solo incluyen adultos registran un gasto anual sobre el potencial inferior.

El 58 % de los hogares potencialmente beneficiarios del IMV no han solicitado la prestación  Este valor de non take-up es similar al hallado en la primera Opinión que alcanzaba el 57 %. Por comunidades autónomas la tasa de no solicitud es superior a la media en Illes Balears (72 %), Cataluña (69 %), Castilla-La Mancha (62 %), Comunitat Valenciana (62 %), Canarias (62 %) y Galicia (61 %).

La segunda Opinión aporta un perfilado de los colectivos en los que la tasa de no solicitud es más acentuada. Por comunidad autónoma, el total de hogares no solicitantes se concentra en aquellas con un mayor número de hogares elegibles para cobrar la prestación. El 23 % de los hogares no solicitantes de IMV residen en Andalucía. A continuación, le siguen las comunidades autónomas de Cataluña, Comunitat Valenciana y Madrid donde se concentran el 16 %, 14 % y 11 % de hogares no solicitantes respectivamente.

Por tipo de hogar, en el número total de hogares no solicitantes se aprecia en los primeros puestos los hogares unipersonales, en línea con el elevado número que representan entre los hogares potenciales. En el 61 % de los hogares no solicitantes no residen menores de edad. En concreto, el 32 % de los hogares no solicitantes son unipersonales y el 29 % son hogares de solo adultos.

Por ganancia potencial, las mayores tasas de non take-up aparecen entre hogares cuyo IMV representaría menos del 30 % de su renta garantizada, lo cual se podría explicar, tal y como se analizó en la primera Opinión por ser perceptores de otras prestaciones. En global, el 38 % de los hogares no solicitantes de IMV obtendrían una prestación de menos del 30 % de su renta garantizada.

Las solicitudes han aumentado un 60 % en 2022 respecto a 2021, y el total recibido en cada mes es superior al de 2021 (gráfico 11) lo cual se explica, en parte, por el nuevo complemento a la infancia que se tramita a través de una única solicitud conjunta con el IMV. Se debe tener en cuenta que, a la hora de remitir la solicitud, el hogar no puede especificar si se trata de una solicitud únicamente dirigida a recibir el CAPI o también se pretende obtener el IMV. Es decir, el INSS comprueba en todas las solicitudes si se tiene derecho al IMV, al CAPI o a las dos. De esta forma, no resulta posible descomponer el efecto de la entrada en vigor del CAPI sobre el total de solicitudes registradas. El gráfico muestra un ligero cambio en el patrón estacional de la serie de solicitudes recibidas. Destaca el aumento registrado a partir de diciembre de 2021 con la entrada en vigor de la Ley del IMV en la que se incluía la aprobación del CAPI. Se observa también un repunte en septiembre de 2022 que no tenía lugar en septiembre de 2021. Es preciso señalar que el 27 de septiembre de 2022 se aprobó el RD 789/2022 del incentivo al empleo que entrará en vigor en 2023.

A pesar del incremento de solicitudes mencionado, explicado parcialmente por la entrada en vigor del CAPI, se observan tiempos medios de resolución de 120 días similares a los del año anterior. El tiempo medio de resolución de las solicitudes aprobadas o denegadas en diciembre de 2021 era de tres meses aproximadamente. En el primer semestre de 2022 este tiempo aumentó hasta más de cuatro meses coincidiendo con el incremento de solicitudes a raíz de la entrada en vigor del CAPI el 1 de febrero de 2022.

Hay que tener en cuenta que la reducción de estos tiempos de tramitación podría no depender exclusivamente de la gestión del INSS. En este sentido, el INSS ha trasladado a la AIReF que, para acreditar determinados requisitos, se hace necesaria la petición de información a otras Administraciones. Con el objetivo de favorecer la aprobación de la solicitud de IMV el INSS mantiene en trámite el expediente el tiempo necesario para se pueda recabar la información faltante a la espera de que otras administraciones remitan la información.

Con la información disponible a 31 de diciembre de 2022, la tasa de aprobación (31 %) y denegación (69 %) de solicitudes en 2022 se mantiene en cifras próximas a las de 2021.

En relación con los motivos de denegación, el motivo renta, con un 32 % del total de los expedientes denegados sigue siendo el principal motivo. A continuación se sitúa el motivo del empadronamiento que supone el 19 % de las denegaciones, aunque esta causa disminuye en importancia con respecto a 2021. El 13 % de las solicitudes presentadas en 2022 y denegadas a 31 de diciembre de 2022 se basan en el test de activos.

Los datos definitivos sobre renta y patrimonio del ejercicio anterior no se encuentran disponibles hasta bastante avanzado el año en curso, y siempre una vez finaliza la campaña de renta, lo que genera revisiones de las nóminas percibidas de IMV por parte de los beneficiarios. De esta forma, actualmente hasta el último trimestre del año el INSS no puede llevar a cabo el cruce con los ficheros de la AEAT para verificar el cumplimiento definitivo de los requisitos de rentas y patrimonio del ejercicio. Es en ese momento cuando se inicia el procedimiento de ajuste y reclamación de los importes de la prestación y se procede a dar de baja la prestación cuando los importes de renta fueran superiores a los límites establecidos.

El retardo en la disponibilidad de la información fiscal afectó en 2022 al 83 % de los hogares beneficiarios de IMV, un 43 % habían cobrado más de lo que le correspondía y un 40 % menos. El gráfico representa el total de hogares en cada una de estas categorías desagregados según su composición. Así, del total de 303.051 expedientes que en junio de 2022 estaban de alta tras la revisión:

• 47.932 (un 16 % del total) causan BAJA en su prestación de IMV, cuando en junio estaban de ALTA.
• 81.952 (un 27 % del total) se mantienen en ALTA y les hace disminuir el importe de IMV.
• 123.030 (un 40 % del total) se mantienen en ALTA y les hace aumentar el importe de IMV.
• 50.137 (un 17 % del total) se mantienen en ALTA y les deja inalterada el importe de IMV.

El impacto de este retardo es heterogéneo según el tipo de hogar y destaca la mayor incidencia en la categoría “bajas en IMV”· de los hogares con hijos y sobre hogares unipersonales entre los que no ven alterados sus importes. No se aprecia en la composición un grupo de hogares particularmente afectado por las revisiones al alza o a la baja.

Los hogares que causan baja son los que muestran unos importes afectados por la revisión mayores, que en mediana se sitúan en los 2.500 euros. Por su parte, los hogares cuya revisión se ha producido al alza pasan a recibir un importe en mediana de casi 1.000 euros más. Por último, los hogares en los que la revisión supone una revisión a la baja de la prestación el IMV se reduce en mediana en algo menos de 1.000 euros.

Los hogares beneficiarios del IMV reciben en media el 97 % de sus ingresos de dos fuentes: las rentas del trabajo y las prestaciones públicas. Para todos los tipos de hogar, la suma de los ingresos del trabajo y de prestaciones se sitúa en media cerca del 100 % de la renta bruta del hogar. La información de las dos fuentes de ingresos principales de los hogares beneficiarios de IMV podría estar potencialmente disponible por parte del INSS con frecuencia mensual.

Al igual que para el IMV, la ley del IMV no precisa los objetivos concretos de política pública que persigue el CAPI en términos de reducción de la pobreza o pobreza infantil. Los límites de renta para acceder al CAPI se sitúan por encima del umbral de la pobreza, especialmente en los hogares monoparentales, por lo que resulta complejo deducir los objetivos que la API persigue en términos de reducción de la pobreza.

Erradicar la pobreza infantil en el territorio fiscal común supondría, a partir de los datos administrativos con los que se elabora esta opinión, un coste anual de 9.000 millones de euros. El IMV y el CAPI llegarían a cubrir respectivamente un 24 % y 12 % del importe necesario para que los hogares con menores pudieran superar el umbral de la pobreza en España. El CAPI plenamente implementado destinaría de los 2.000 millones que supone su coste total, 1.149 millones de euros (un 56 % de su coste total) a hogares en pobreza.

A 31 de diciembre de 2022, de los 1,5 millones de hogares potenciales beneficiarios del CAPI, hay 273.318  hogares (un 18 %) percibiéndolo. De entre estos, 150.529 (un 55 % del total) reciben también el IMV, mientras que los restantes 122.789 hogares (un 45 % del total) perciben exclusivamente este complemento. En estos hogares perceptores conviven 502.994 menores de edad (un 12 % de menos de tres años, un 17 % de entre tres y seis años y el restante 71 % entre seis y dieciocho años). Por CC. AA., Andalucía concentra el 34 % de beneficiarios del CAPI le siguen Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña con un 12 %, 10 % y 9 % respectivamente. En relación con el tipo de hogar, destacan aquellos con dos adultos y uno, dos o tres o más menores y los monoparentales con un menor. Si consideramos exclusivamente los hogares que solo podrían beneficiarse del CAPI, pero no del IMV, el CAPI llega al 10 % de los hogares elegibles. Por el contrario, dentro del colectivo que tiene derecho a percibir tanto IMV como CAPI el complemento llega al 42 % de esta categoría de hogares. 

El gasto total del complemento ha ascendido a 400 millones de euros de los 2.000 millones de euros que supondría si estuviera plenamente desplegado, un 20 %. Este indicador desciende al 13 % para los hogares solo CAPI y supera el 40 % para beneficiarios de ambas prestaciones.

Las CC. AA. y tipos de hogar con mayor número de beneficiarios en el CAPI son también las categorías que concentran un mayor número de hogares no solicitantes. En otras palabras, lograr una reducción significativa en la tasa global de non take-up dependería en buena parte de reducir las cifras en Andalucía, Comunitat Valenciana, Cataluña y Comunidad de Madrid en hogares con uno y dos menores de dos adultos o monoparentales.

La tasa de non take-up es más acusada en hogares con un menor y tres o cuatro adultos, seguidos por parejas con uno o dos menores. La incidencia territorial medida a través de la tasa es ligeramente diferente a lo apreciado en términos absolutos, apareciendo especialmente afectadas comunidades autónomas como Illes Balears, o Cataluña, comunidades también afectadas por este fenómeno en el IMV.

Por último, el análisis de regresión probit revela que resulta más probable solicitar el API cuanto menor sea la renta del hogar, y mayor la cuantía que se recibiría de CAPI. Se estima un modelo probit sobre la población de hogares potencialmente beneficiarios del complemento que incluye controles por tipo de hogar, comunidades autónomas y nivel activos del hogar. La variable dependiente toma valor 1 si el hogar ha solicitado el CAPI a 31 de diciembre de 2022. A nivel teórico, cuanto mayor es la renta menor debería ser el incentivo del hogar a solicitar el CAPI, ya que la cuantía del IMV convergería a cero y, pasado el umbral correspondiente, el hogar solo tendría derecho al complemento. Esta hipótesis se confirmaría en los resultados del modelo. Observando los coeficientes estimados, un aumento de la renta computable de 10.000 euros supone que solicitar el CAPI sea un 0,4 % menos probable. Por último, 100 euros más en la cuantía que corresponde a un hogar por CAPI hace que la solicitud se solicite con un 5,5 % más de probabilidad.

Los hogares monoparentales registrarían, si estuvieran plenamente implementados, la mayor cobertura de IMV y CAPI . El 76,5 % de los hogares monoparentales en la decila 1 de renta disponible equivalente quedarían cubiertos por el IMV o el CAPI —63,8 % por el IMV y el CAPI y el 12,7 % solo por el CAPI —. En segundo lugar, los hogares de más de un adulto con hijos en la decila 1 alcanzarían una cobertura del 75,8 %, seguidos de los hogares unipersonales con un 38 % y, en último lugar, los hogares de solo adultos con un 34,6 %. En la decilas 2, 3, 4 y 5 los hogares monoparentales siguen siendo el tipo con una cobertura mayor, con una mayor preponderancia de aquellos que solo reciben el CAPI.

Además, el grado de implementación del IMV a 31 de diciembre de 2022 de los monoparentales ha sido generalmente superior. El 48 % de los hogares monoparentales potencialmente beneficiarios de IMV y CAPI reciben estas prestaciones a 31 de diciembre de 2022. Los hogares con hijos y más de un adulto han alcanzado el 38 % de los hogares elegibles, mientras que por debajo se sitúan los hogares unipersonales y de solo adultos para los que las prestaciones han alcanzado, respectivamente, a un 37 % y 19 % del total de posibles beneficiarios.

Estos mejores resultados del IMV para los hogares monoparentales se explican, en parte, por una entrada más temprana en la prestación, así como por una mayor conversión de oficio desde la prestación por hijo a cargo. El 60 % de los hogares monoparentales que empezaron a percibir el IMV en 2020 provinieron de la reconversión. En el caso de otros hogares con menores, esta afectó al 53 % de sus expedientes aprobados en ese año. La reconversión desde la prestación por hijo a cargo al CAPI que ha tenido lugar en 2022 también ha tenido una incidencia diferencial en los hogares monoparentales. El 32 % de los expedientes aprobados para los hogares monoparentales en 2022 provienen de la reconversión mientras que en los otros hogares con menores esta cifra es del 21 %. La entrada en la prestación ha sido más temprana en los hogares monoparentales en comparación con otros hogares en los que conviven menores de edad. Para los hogares monoparentales, el 56 % de todas las prestaciones de IMV o CAPI fueron aprobadas en 2020, mientras que en los otros hogares con menores este porcentaje es del 43 %.

El artículo 1 de la Ley del IMV establece que la prestación está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. El concepto de exclusión social comprende a las personas que se integran en unidades de convivencia afectadas por una situación de carencia material y social severa. Para la construcción de la tasa AROPE se define a la población en riesgo de pobreza o exclusión social como aquella que vive en hogares bajo alguna de las tres siguientes situaciones: ingresos totales por unidad de consumo inferiores al 60 % de la mediana (riesgo de pobreza), o cuyas personas en edad de trabajar lo hicieron menos del 20 % de su potencial (baja intensidad en el empleo) o, por último, sufren carencia material y social severa. Las personas en carencia material y social severa son aquellas que manifiestan sufrir privación en al menos siete conceptos de una lista de trece.

Como ocurre con el riesgo de pobreza, el IMV plenamente implementado no lograría una cobertura total de las personas que sufren carencia material y social severa. En torno al 34 % de las personas en carencia material y social severa serían potenciales beneficiarios del IMV. Puesto que la ECV ofrece una muestra representativa, se puede suponer, sin pérdida de generalidad, que con los datos de la encuesta las personas IMV también se situarán casi por completo en la primera decila de renta disponible equivalente. Así, la ECV permite estimar que el 34 % de las personas con carencia material y social severa en España se encuentran en la decila 1 de renta disponible equivalente. Bajo el supuesto de que hubiera un solapamiento exacto entre las personas beneficiarias del IMV y aquellas con carencia material y social severa, la prestación cubriría a un máximo de 1,2 millones de personas, el 34 % del total de las 3,5 millones encuadradas bajo carencia material y social severa.

La carencia material y social severa es más intensa entre las personas que quedarían cubiertas por el IMV totalmente implementado. El porcentaje de personas que afirman sufrir privación material y social en al menos siete conceptos es diez puntos porcentuales superior en la primera decila que en la segunda. Este indicador desciende a medida que se avanza en la distribución de renta disponible equivalente.

Las causas principales de privación material y social son similares entre las personas potencialmente cubiertas por el IMV y aquellas que quedarían excluidas de la prestación. Las razones principales por las que las personas presentan carencia material o social severa son: no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, no poder permitirse vacaciones de al menos una semana al año, no poder sustituir muebles estropeados o viejos y no poder gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo. El porcentaje de personas en carencia material y social severa que mencionan cada uno de estos motivos es prácticamente igual en la primera decila (en la que se situarían los beneficiarios potenciales de IMV) y en las siguientes. Cabe destacar no obstante que, en el quinto motivo más importante para la decila 1 si se aprecia una discontinuidad de diez puntos porcentuales con la decila 2. En concreto, el porcentaje de personas con carencia material y social severa en la decila 1 que afirma no poder sustituir ropa estropeada es del 78 % mientras que en la decila 2 es del 68 %.

En causas de privación material menos preponderantes, tales como retrasos en el pago de la cuota de la hipoteca o del alquiler, las personas en situación de carencia material y social severa y potenciales beneficiarios del IMV si registran mayor privación que aquellas fuera del abanico de la prestación. El 42 % de las personas en carencia material y social severa que quedarían cubiertas por el IMV (decila 1 de renta disponible equivalente) se han visto obligados a retrasar el pago de la cuota de la hipoteca o del alquiler en los últimos doce meses. Este porcentaje es doce puntos porcentuales inferior en la decila 2 (30 %) y es aún menor en las decilas 3 (25 %) y 4 (20 %).

De cara a comprender las dinámicas en el empleo, resulta relevante partir de la distribución de los adultos beneficiarios por edad y sexo. Las mujeres representan el 59 %, mientras que por franja de edad el 52 % de los beneficiarios tienen entre 35 y 54 años. Desde la puesta en marcha de la prestación en mayo de 2020, 575.761 adultos han sido beneficiarios del IMV en algún momento.

El 54 % de los adultos beneficiarios de IMV no habían percibido salarios en ninguno de los tres años fiscales previos al inicio de la prestación. A su vez, registraron este tipo de rentas en uno, en dos o en los tres años previos el 15 %, 14 % y 17 % de los beneficiarios respectivamente. El desglose sociodemográfico revela que no existen diferencias destacables por sexo, mientras que por edad los porcentajes más bajos de participación en el empleo por cuenta ajena se aprecian entre los 55 y 64 años, franja para la que el 58 % de los beneficiarios hombres y el 61 % de las mujeres no habían obtenido salarios en los tres ejercicios anteriores a 2020.

El estudio del sentido y de la magnitud en que el IMV ha podido afectar a la oferta de trabajo requiere de una aproximación prudente dada la complejidad que subyace al fenómeno y será abordado de forma más completa en el módulo 7 de esta evaluación. Desde un punto de vista teórico, podrían plantearse varias hipótesis. Desde la perspectiva más clásica se podría argumentar que el IMV podría producir efectos desincentivo tanto en la decisión de trabajar o no (margen extensivo) como en el número de horas trabajadas (margen intensivo) al garantizar un nivel de renta en el hogar. Sin embargo, como ya se explica en esta Opinión, existe un lapso temporal entre la generación del derecho a cobro y su percepción efectiva. Abstrayéndonos del caso en que el IMV se solicite con los ingresos del año en curso, la participación en el mercado de trabajo en el año t tendrá impacto en la cuantía de IMV del hogar en el año t+1. Si a lo anterior se le añade que los hogares potencialmente elegibles probablemente exhiban escasa capacidad de suavizar el consumo a lo largo de su vida, el efecto desincentivo sobre la oferta de trabajo podría verse mitigado.

Este recuadro examina el desempeño laboral de los adultos beneficiarios de IMV antes y en los primeros años del cobro de la prestación. Se realizará una aproximación descriptiva (no causal) a partir de los datos de salarios anuales a nivel de persona recogidos en los registros fiscales de la AEAT. Para medir el efecto real de la prestación en el empleo, desde el punto de vista empírico, la cuestión podría abordarse a partir de una estimación de tipo contrafactual. Para ello sería preciso disponer de datos con frecuencia mensual. De esta forma se podría disponer de las variables clave para los meses previos y posteriores a la solicitud y al inicio de la percepción de la prestación. La estimación del impacto causal sobre el empleo se realizará en la cuarta Opinión del IMV (módulo 7), una vez se cuente con un periodo más largo desde el inicio de la prestación y se hayan incorporado los datos de vidas laborales.

Del análisis de los cambios en la situación laboral (flujos del margen extensivo) se observa como del colectivo de beneficiarios que comienzan a percibir el IMV en 2020 y percibían salarios en 2019, un 38 % deja de declarar salarios positivos en 2020. El gráfico ilustra las transiciones en salarios anuales para el colectivo de adultos entre 35 y 54 años que comienzan a percibir el IMV en 2020. Para cada uno de los años 2019, 2020 y 2021 el gráfico muestra dos posibles estados de percepción de salarios; “Salarios nulos” o “Salarios mayores que 0”. En cada año la altura de la barra representa el porcentaje de adultos en uno u otro estado. Asimismo, los flujos representan las transiciones entre estados de cada año. La anchura de estos flujos también es proporcional al número de adultos que realiza cada transición.  Así, por ejemplo, 18.593 de los 48.240 beneficiarios entre 35 y 54 años que partían de salarios positivos en 2019 pasan a percibir salarios nulos en 2020.  Por el contrario, un 9 % de los que partían de salarios nulos en 2019 evolucionan a salarios positivos en 2020. Esto es, 8.430 de los 93.345 beneficiarios entre 35 y 54 años que partían de salarios nulos en 2019 pasan a percibir salarios en 2020.

En relación con la evolución de aquellos que perciben salarios en los tres años, en mediana los ingresos salariales de los beneficiarios IMV se reducen entre 2019 y 2020, mientras que aumentan entre 2020 y 2021. El gráfico analiza la evolución de los salarios anuales en los adultos que registran salarios positivos en los tres años 2019, 2020 y 2021 y que perciben la prestación desde 2020 continuando en alta a 31 de diciembre de 2022. Se observa como para todas las tipologías de hogar la mediana de renta salarial disminuye entre 2019 y 2020 y aumenta entre 2020 y 2021. Para el colectivo mayoritario, los adultos entre 35 y 44 años, la mediana es de -254 € entre 2019 y 2020 y de 283 € entre 2020 y 2021.

La inflación soportada en 2022 por las rentas bajas ha sido superior que la de las de las altas, aunque la brecha fue disminuyendo a lo largo del año.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, el incremento del 15 % en la nómina de IMV habría compensado el 79 % del gasto adicional provocado por la inflación en los hogares beneficiarios del IMV (gráfico re_2.3). Si tomásemos la inflación registrada en los meses de julio y agosto de 2022 el gasto para los hogares beneficiarios de IMV habría aumentado 1.115 € en términos interanuales, mientras que en promedio habrían recibido 690 € por lo que la cobertura del complemento del 15 % solo alcanzaría a cubrir el 62 % del incremento provocado por la inflación. Por el contrario, si se compara el efecto de la medida con el dato de inflación soportada en noviembre y diciembre de 2022 los ingresos adicionales serían suficientes para cubrir los gastos extraordinarios provocados por la inflación.

Sin embargo, el aumento del 15 % en la nómina de IMV podría no ser una medida eficaz para compensar la inflación en los beneficiarios cuya renta computable se sitúa en niveles cercanos a la renta garantizada. Si un determinado hogar tiene una nómina mensual baja de IMV como consecuencia de que su renta se aproxima al umbral de renta garantizada, su ingreso adicional por la subida del 15 % también será reducido por lo que la posibilidad de compensar los costes derivados de la inflación será limitada.