- La AIReF publica una resolución que establece criterios objetivos y públicos para priorizar los encargos de estudios de evaluación del gasto público
- Se priorizarán aquellas evaluaciones con mayor impacto potencial en la mejora del gasto público, vinculadas a compromisos europeos, de carácter transversal, con relevancia para el interés general y utilidad para la toma de decisiones, y que permitan aprovechar sinergias con trabajos en curso
- Por primera vez, la AIReF lanza un cuestionario para recabar el interés público de la sociedad sobre futuras áreas de evaluación que será tenido en cuenta en el proceso de priorización
- Con estas iniciativas, se consolida el impulso dado a la función evaluadora en los últimos años bajo el mandato de Cristina Herrero y se refuerza la transparencia, previsibilidad y utilidad pública de las evaluaciones
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy la Resolución 1/2026, por la que se establecen los criterios de priorización de los estudios de evaluación del gasto público y, por primera vez, ha abierto una cuestionario público para recabar propuestas sobre qué políticas públicas deberían ser objeto de evaluación en próximos ejercicios. Con ambas iniciativas, la institución refuerza la transparencia, la previsibilidad y la apertura de su función evaluadora.
Un marco estable para priorizar evaluaciones
La función evaluadora de la AIReF se ha consolidado progresivamente desde el primer Spending Review (2018-2021) y los sucesivos encargos de las comunidades autónomas. En 2021, se vio reforzada con la creación de la División de Evaluación del Gasto Público, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la aplicación del principio de cumplir o explicar a las propuestas formuladas en el Spending Review. Recientemente, ha recibido un nuevo impulso en el Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo, integrándose de manera estructural en el marco de planificación y seguimiento de las finanzas públicas.
Así, la evaluación en la AIReF es hoy un elemento esencial para el análisis de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas. El incremento del número y diversidad de encargos recibidos, tanto de ámbito estatal como autonómico, unido a la consolidación, madurez y utilidad de la evaluación en la AIReF, hace necesaria la reforma de la Ley de la AIReF para dotar a la evaluación de las mismas garantías de independencia y autonomía reconocidas para la supervisión. Mientras se produce esa reforma, la institución considera oportuno establecer un marco que permita priorizar las solicitudes de evaluación de forma objetiva, transparente y coherente.
La aprobación de estos criterios responde también a las recomendaciones formuladas en la evaluación externa financiada por la Unión Europea, a la que la AIReF se sometió voluntariamente en 2024, que señalaba la conveniencia de contar con un marco formal de priorización para reforzar la gobernanza y la transparencia de la función evaluadora. La creación de este nuevo marco favorece una toma de decisiones más informada, fortalece la rendición de cuentas y promueve un uso más eficiente de los recursos públicos, en coherencia con el mandato legal de la AIReF.
Principales criterios de priorización
Los estudios de evaluación se priorizarán atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
- Potencial de mejora en eficacia y eficiencia, con impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se dará prioridad a las evaluaciones en las que se identifiquen indicios razonables de posibles mejoras.
- Compromisos europeos que estén recogidos en documentos públicos como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo.
- Carácter transversal o multinivel de la política evaluada.En coherencia con su mandato como organismo independiente al servicio del conjunto de las Administraciones Públicas, la AIReF priorizará la evaluación de políticas de carácter transversal o que afecten a varios niveles de la Administración. Se favorece así la generación de aprendizajes transferibles y comparables.
- Oportunidad institucional, relevancia pública y valor informativo para la toma de decisiones. Se tendrá en cuenta el grado de interés público, oportunidad temporal y el impacto potencial de las políticas en el bienestar de la ciudadanía.
- Sinergias con evaluaciones en curso. Se valorará positivamente que la política objeto de análisis esté siendo evaluada ya por la AIReF para aprovechar sinergias analíticas y desarrollos metodológicos ya disponibles.
La aplicación de estos criterios estará supeditada a la viabilidad técnica de la evaluación, la disponibilidad y calidad de los datos y el compromiso del organismo solicitante con el proceso evaluador.
Cuestionario público para orientar futuras evaluaciones
En paralelo y para conocer el interés público que será tenido en el proceso de priorización, la AIReF ha abierto, por primera vez, un cuestionario público para identificar posibles ámbitos de evaluación. Con esta iniciativa, la AIReF amplía el perímetro de escucha e incorpora la perspectiva ciudadana como elemento complementario en la identificación de áreas de análisis.
La participación es anónima y sus resultados contribuirán a orientar la planificación y priorización futura de los trabajos evaluadores, reforzando la transparencia y el valor informativo de las evaluaciones para la toma de decisiones. De hecho, la AIReF tendrá en cuenta los resultados a la hora iniciar el diálogo con el Gobierno sobre las necesidades y oportunidades de evaluación que formarán parte del próximo Spending Review 2026-2030.
Un impulso estratégico a la función evaluadora
La aprobación de estos criterios y la apertura del cuestionario público coinciden con el cierre del mandato de la actual presidenta, Cristina Herrero, periodo en el que la función evaluadora ha experimentado un impulso significativo. Durante estos años se ha consolidado la evaluación con la creación de la División de Evaluación en el año 2021 como función estructural de la institución, reforzando la utilidad de la AIReF como organismo independiente al servicio del conjunto de las Administraciones Públicas y contribuyendo a mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público.
