La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, participó hoy en las XI Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE) sobre Finanzas Autonómicas celebradas en la sede del IVIE en Valencia. Durante su intervención, aseguró que la sostenibilidad de las finanzas públicas se debe abordar desde una visión integral, dada la interconexión entre el sistema de financiación autonómico, los mecanismos extraordinarios de financiación y la gobernanza fiscal.
La presidenta de la AIReF comenzó su intervención repasando las previsiones de la AIReF, que apuntan a un crecimiento del 2% en 2024 y a una desaceleración a medio plazo convergiendo al crecimiento potencial del 1,3%. Por su parte, el déficit para el conjunto de las Administraciones públicas (AAPP) se estima en el entorno del 3% del PIB en 2024 y se estabiliza en dicho nivel a medio plazo, agotándose el margen de reducción. Asimismo, la deuda pública se estabiliza a medio plazo e inicia una senda desfavorable a largo plazo.
En este contexto, la AIReF constata que subyacen desequilibrios tanto en el gobierno central como en los regionales. En términos de déficit, tras la normalización de los flujos del Sistema de Financiación Autonómico y la retirada de medidas, se amplía el desequilibrio en la Administración central y persiste en los Fondos de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas (CCAA). La deuda, por su parte, se concentra en la Administración central y ejerce presiones en los Fondos de la Seguridad Social, mientras que se corrige en las CCAA, pero con una gran dispersión. A medio plazo, casi todas las CCAA reducen su nivel de deuda, pero aumentan las diferencias.
Además, a largo plazo, se detectan presiones de gasto en todos los subsectores asociadas a partidas como las pensiones, el gasto sanitario y el gasto en cuidados de larga duración. En el caso del gobierno central, además, confluyen compromisos en materia de defensa que supondrán un incremento del 1% del PIB hasta 2029 y otros compromisos como la transición ecológica.
Se necesita una estrategia integral y adecuado reparto por subsectores
Todo ello, tal y como señaló la presidenta de la AIReF, obliga al desarrollo de una estrategia integral que asegure el crecimiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas y que abarque a todos los subsectores. La estabilización de la deuda pública a medio plazo será insuficiente, puesto que el nuevo marco europeo requiere una reducción sostenida de la deuda. De hecho, en septiembre, España deberá presentar un plan fiscal estructural a 4 años (2025-2028) que garantice que la deuda se mantiene en una senda descendente en dicho período y los diez siguientes y que el déficit se sitúa por debajo del 3% del PIB.
El nuevo marco, además, modifica la supervisión fiscal, con implicaciones para la gestión y definición de la política presupuestaria, puesto que la variable observable pasa a ser el gasto primario neto de medidas de ingresos. En junio, la Comisión Europea facilitará a los países el ajuste compatible con el nuevo marco. La AIReF ha realizado ya ejercicios de calibración del posible orden de magnitud del ajuste, que cifra en un rango del 0,63% del PIB al año si el ajuste se hace en 4 años y del 0,43% de PIB anual si se hace en 7 años. El ajuste anual del 0,43% PIB implica que el crecimiento promedio del gasto neto del conjunto de todas AAPP no puede exceder del 2,7%.
Esta limitación de gasto, según las palabras de Cristina Herrero, supone un reto para el agregado AAPP y para los subsectores. Desde el año 2018, el crecimiento del gasto neto se ha situado por encima del 4,5%, con la excepción del año 2021 y, en promedio, creció un 5,9% entre 2019 y 2023 frente al 3,2% en el cuatrienio anterior. Esto implica que, a medio plazo, será necesario un ajuste menor al de la anterior crisis, pero mantenido en el tiempo.
La presidenta de la AIReF reflexionó sobre dos posibles formas de aproximarse a este ajuste: aplicando una respuesta en línea con la normativa actual y práctica española, con una misma tasa de crecimiento del gasto para todas las AAPP, o explorando otras opciones como, por ejemplo, una aproximación similar a la nueva gobernanza europea que incorpore la situación de partida y las especificidades de cada administración. En cualquiera de las dos, la factibilidad de cumplir con los compromisos de gasto supone un reto para los distintos niveles de gobierno y se producen asimetrías en el control de las variables clave del nuevo marco: la deuda y el gasto. Por eso, será necesario encontrar el equilibrio institucional desde una visión integrada que aborde la sostenibilidad de las finanzas públicas para todas las AAPP desde una triple vertiente: sistema de financiación autonómico, mecanismos extraordinarios de financiación y gobernanza fiscal.
Finalmente, señaló que el compromiso con la sostenibilidad y la clarificación de la responsabilidad correspondiente a cada administración en los compromisos que se asuman en el plan fiscal estructural, que se presente en septiembre, es ya una tarea inaplazable.