La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, participó hoy en el Foro Económico organizado por ‘El Norte de Castilla’ y destacó el serio compromiso que están mostrando las CCAA con la evaluación, puesto que están encargando a la institución análisis de políticas críticas como la sanidad o las políticas activas de empleo, contribuyendo así a la generación del músculo evaluador de la AIReF.
En concreto, la presidenta de la AIReF recordó que Castilla y León ha encargado evaluaciones sobre diversas políticas sectoriales como las políticas activas de empleo, la educación, la política industrial y la publicidad institucional. La comunidad encargó también un proyecto para institucionalizar la evaluación que, además, contó con el apoyo de las instituciones europeas y la OCDE.
Desde 2017, diez comunidades han encargado ya un total de 16 evaluaciones a la AIReF. Hasta ahora, 7 evaluaciones se han completado, 4 se están en fase de desarrollo y las 5 restantes se han encargado recientemente.
A nivel nacional, Cristina Herrero aseguró que el Spending Review formalizado en el año 2017 supuso un punto de inflexión para la actividad evaluadora de la AIReF, que se ha consolidado en el componente 29 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR). Este componente reconoce la utilidad de las evaluaciones de la AIReF y se compromete a dar continuidad y permanencia a los ejercicios de revisión del gasto con la creación de una división permanente en el seno de la Institución.
Más allá del Componente 29, la presidenta señaló que la institucionalización de la evaluación es un reto nacional que se refleja en el Componente 11 del PRTR, sobre la modernización de las Administraciones Públicas. En este contexto, se enmarca el anteproyecto de la Ley de Evaluación aprobado por el Gobierno que, aunque se refiera solo a la Administración General del Estado y se centre en la evaluación ex ante, define conceptos y principios de evaluación y su institucionalización en las AAPP, como el acceso a datos, los sistemas indicadores o el seguimiento de las recomendaciones.
Además, la nueva ley contempla también la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para impulsar la cultura de la evaluación en el conjunto de las AAPP.
El papel de AIReF
Esto es compatible con la actividad evaluadora de la AIReF. De hecho, el PRTR reconoce también la necesidad de que las distintas evaluaciones sean complementarias. En este sentido, Cristina Herrero destacó las características de la institución que favorecen su papel evaluador, como su independencia, las sinergias que existen con la función de supervisión fiscal, el acceso a todos los niveles de las AAPP, la amplia cobertura temática gracias a que cuenta con equipos multidisciplinares y de gran solvencia técnica y la base empírica y el rigor de las evaluaciones que realiza.
De cara al futuro, Cristina Herrero destacó la importancia de establecer un marco institucional para definir el papel de los actores involucrados en la evaluación, asegurar la capacidad analítica y evaluadora de los organismos, planificar la evaluación, asegurar la producción y el acceso a los datos necesarios para evaluar y promover la difusión de las evaluaciones y el acceso a las mismas para que transciendan. Para asegurar la planificación, el diálogo y la coordinación que se requiere consideró recomendable la participación de órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) o las Conferencias Sectoriales.
Como conclusión, la presidenta de la AIReF resaltó la importancia de apostar por la calidad de las finanzas públicas, que actualmente están en el primer plano de la agenda europea y nacional a pesar del contexto económico. A su parecer, la calidad de las finanzas públicas contribuye a su sostenibilidad al proporcionar evidencia contrastada para saber si las políticas cumplen con los objetivos para los que se diseñaron, las razones por las que a veces esas políticas no logran sus propósitos y si existe una forma más eficaz y eficiente de lograr los objetivos de cada política. Además, mejora la transparencia y la calidad democrática al proporcionar información rigurosa y no sesgada sobre los resultados de la acción pública, las alternativas o los restos de gestión.