Sistema Universitario Público Andaluz

Dado que la repercusión que la actividad científica tiene depende en gran medida de la fuente donde se recoja, variando su impacto en rankings globales según la fuente, es necesario favorecer la producción científica de las universidades en dichas WoS, SCOPUS, así como en Nature & Science, ya que generan un mayor número de citaciones.

En tanto la reputación de la universidad es un activo de importancia creciente, es relevante incidir en el fortalecimiento de la identidad de marca de la institución (normalización del nombre, abreviaturas, logos,) en la medida que afecta a la reputación internacional.

Siete de las universidades andaluzas no tienen presencia en la segunda edición del Ranking de Impacto del THE que se elabora con los 17 ODS. Sólo la UMA y la UJA aparecen en esta segunda edición del Times Higher Education University Impact (abril del 2020), mientras que en la primera edición sólo aparecía la UMA.

Existe margen de mejora para que el sistema de información (SICA) sea más robusto y fiable con el fin de ser una herramienta de análisis y diseño de políticas públicas. Además que permita facilitar el seguimiento y mejorar la trazabilidad y la transparencia.

El déficit de capacidad de gestión que de manera crónica presentan las universidades públicas andaluzas, frente a la abundancia de cargos académicos que vienen efectuando tareas propias del ámbito de la gestión institucional, debería superarse con actuaciones que combinaran en el tiempo la reducción de la presencia del profesorado en áreas de gestión y la incorporación de personal cualificado para dotar de estabilidad y continuidad al desempeño de tareas que resultan básicas para la programación y la evaluación de los servicios universitarios.

La estructura de órganos de gobierno en las universidades del SUPA es marcadamente heterogénea, existiendo variaciones significativas en su tamaño y en las Reducciones de Actividad Docente concedidas por el ejercicio de sus cargos que atienden al devenir histórico y a los acuerdos internos de cada universidad.

La reducción de Potencial Docente que implica la estructura de gobierno del SUPA (por liberación de créditos de docencia a aquellos que ocupan un cargo unipersonal) puede estimarse en más 27 millones de euros/año (extrapolando un sueldo bruto anual de profesor universitario de 34.000 euros/año a las 191.000 horas de reducción docente que conlleva esta estructura de gobierno).

Sin embargo, no es ninguna estimación el importe de los complementos retributivos devengados anualmente por los cargos académicos del SUPA que supera los 12 millones de euros y que podría considerarse como el suelo del coste económico de la gobernanza universitaria de Andalucía.

Tampoco debe olvidarse que muchas de estas estructuras de gobierno universitario, para su eficaz desempeño, requieren de personas del colectivo del PAS para la gestión de la agenda y apoyo administrativo, en general.

La potenciación del servicio de apoyo a la investigación constituye un soporte a la comunidad universitaria en la preparación de sus propuestas de investigación y es un facilitador de los procesos de internacionalización y de la captación de recursos tanto nacionales como internacionales para las universidades. Por ello, es recomendable su fortalecimiento con el objetivo de reducir la carga de gestión del PDI y maximizar la obtención de fondos competitivos.

Todas las universidades andaluzas contabilizan descensos de la inversión material, como ocurre con la media del SUPA. Sin embargo, no existe esta uniformidad cuando observamos la evolución del gasto en inversión inmaterial. Nuevamente, se vuelven a producir situaciones muy dispares entre las universidades públicas de Andalucía. Solo tres universidades siguen la tendencia de la media del SUPPE y sufren una reducción de la inversión inmaterial, Málaga (-0,04%), Córdoba (-7,4%), y Sevilla (-13,7%), donde se ha producido una variación superior incluso a la del SUPPE. El resto de las universidades públicas andaluzas (y sus grupos de investigación) han continuado desarrollando su desempeño investigador con mejores perspectivas en 2018 que con respecto a su situación en 2008.

La persistencia en la reducción de esta modalidad de gasto resulta más preocupante que la que viene sufriendo la inversión material, por su impacto en el deterioro de la competitividad de la economía española, en general, y andaluza, en particular, en los mercados de alto valor añadido y por la necesidad de cambiar los patrones del modelo económico para avanzar hacia actividades productivas capaces de generar empleos estables y de calidad que permitan mejorar los niveles salariales.

El posicionamiento en rankings es importante para las universidades, especialmente relevante para atraer talento, aunque todas las universidades andaluzas aparecen posicionadas en la mayoría de los rankings globales, con la excepción de la Universidad de Huelva (UHU), es evidente que las dos universidades con mayor capacidad productiva en términos de plantillas de PDI (USE y UGR) y mayor capacidad investigadora en términos de masa crítica (medida como el número de PDI Doctor) son aquellas que aparecen mejor posicionadas en todos los rankings globales y en los más específicos de investigación.

Sin embargo, sorprende que con la relevancia que están tomando los temas relativos al Desarrollo Sostenible y su concreción en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siete de las universidades andaluzas no tengan presencia en la segunda edición del Ranking de Impacto del THE que se elabora con los 17 ODS. Sólo la UMA y la UJA aparecen en esta segunda edición del Times Higher Education University Impact (abril del 2020), mientras que en la primera edición sólo aparecía la UMA.

En el caso del ranking que tienen en cuenta el desempeño en la función de docencia, seis universidades andaluzas han logrado irrumpir con fuerza en el Times Higher Education Teaching Ranking, lideradas por la Universidad Pablo Olavide (UPO). Sin embargo, cuando se analiza exclusivamente la empleabilidad, con criterios muy elitistas y subjetivos en el QS Employability Ranking, sólo la Universidad de Sevilla (USE) logra posicionarse en este ranking.

Mediante los focus group realizados a las empresas se ha puesto de manifiesto que existe margen de mejora en las competencias transversales de los estudiantes del SUPA.

El tejido productivo regional andaluz demanda un mayor contacto y cooperación con la universidad, por lo que sería positivo potenciar su integración a través de la impartición de talleres, casos prácticos y charlas en aquellos títulos relacionados con su ámbito de actuación, con especial énfasis en últimos cursos de grado y titulaciones de máster.

Existe margen de mejora en la productividad investigadora del SUPA, que se revela aún inferior al promedio del SUPE. El sistema universitario público andaluz produce menos documentos científicos por profesor respecto al conjunto del sistema universitario español y, además, la calidad de esta producción es menor, en cuanto a impacto y visibilidad.

Las universidades andaluzas con más producción científica no son las más productivas. La producción se concentra en Medicina Clínica, Química y, en menor medida, Ingeniería, no existiendo alta producción en áreas innovadores como Ciencias del Espacio o Computación. Por áreas INCITE, “Ciencias del Espacio” (91,96%), “Ciencias de Materiales” (79,3%), “Química” (71,41%), “Física” (68%) y “Medio ambiente” (67%) lideran el porcentaje de publicaciones en revistas de mayor impacto en el SUPA.

La especialización por áreas de conocimiento de las universidades andaluzas indica la existencia de potencial para colaborar en actividades de investigación.

La información disponible sobre abandono del estudio universitario presenta algunas diferencias en los datos suministrados por la base de datos UEC (CRUE) y el SIIU (Ministerio de Universidades). Por ejemplo, La tasa de abandono del SUPA resulta mayor, en todos los años, en el entorno de 1 punto porcentual a la registrada por el conjunto del SUPPE.

El informe La Universidad Española en Cifras (UEC), de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y las Estadísticas Universitarias (SIIU), del Ministerio de Educación y Formación Profesional encuentran su explicación en el proceso de elaboración de la propia información.

No parece existir uniformidad de criterio entre los responsables institucionales cuando se trata de dotar de contenido a la normativa de progreso y permanencia en los estudios universitarios.

Se observa la existencia de una gran heterogeneidad entre las normativas de permanencia de las universidades andaluzas.

Se agranda la ineficiencia económica que implica el abandono debido a la relajación que se observa en la aplicación de las normas de progreso y permanencia en los estudios.

El rendimiento académico, el abandono, el cambio de estudio, la permanencia injustificada del alumno en las aulas universitarias, son cuestiones de relevancia que deben figurar en los textos de los planes estratégicos de las universidades públicas de Andalucía.

Se observa que la evolución de la oferta de titulaciones de las universidades del SUPA se ha venido realizando bajo el objetivo de obtener una mayor participación en el reparto de financiación, sin que exista una clara vinculación a la demanda de titulaciones y a su rendimiento académico.

No se ha abordado la racionalidad y viabilidad de la oferta de grados desde que se detectó (2001) y se ha agravado debido a que: 1) disminuye la población potencial de estudiar en la universidad (18-24 años), 2) aumenta el número de grados (se extiende la oferta) y disminuye la demanda, matrícula de universitarios, lo que hace que se reduzca el tamaño medio de las titulaciones.

El Dictamen del Parlamento sobre el SUPA (2001) identificó los déficits y las debilidades del mapa de titulaciones, en cuanto a racionalidad y viabilidad de la oferta, que deben corregirse.

La Ley Andaluza de Universidades (2003) señala esas debilidades en cuanto al mapa de titulaciones y apunta un instrumento para corregirlo: en el artículo 58, establece que para crear nuevas titulaciones se realice un estudio de viabilidad que aborde aspectos como costes y beneficios, demanda de la titulación, efectos sobre el entorno social, inserción laboral, calidad de la titulación, y, complementariedad con otras titulaciones.

Desde la Junta de Andalucía: Los modelos de financiación son mecanismos para abordar la problemática identificada de la oferta de titulaciones, pero no se han aplicado.

El modelo de financiación, al centrarse en las variables de desempeño docente y al considerar casi en exclusividad los registros académicos de la oferta presencial y de la demanda global de las enseñanzas de ciclo/grado para asignar financiación ha sido decisivo para que los responsables institucionales ampliaran la oferta para mejorar su índice de participación en el SUPA y así captar recursos económicos.

No se han cuestionado los diferentes comportamientos que muestra el mapa de titulaciones en cuanto a la oferta de grados y la demanda de éstos por los estudiantes de nuevo ingreso, tamaño medio de las titulaciones, excesos de capacidad productiva (egresados) y absorción de éstos por el tejido productivo, eficiencia académica, entre otros. Todos estos comportamientos implican ineficiencias de recursos humanos y financieros, entre otros.

No abordar estos excesos de capacidad productiva implica una asignación ineficiente de recursos humanos y financieros y frustración en profesionales que han decidido cursar estas enseñanzas impulsados por su vocación.

Debido al elevado coste económico (para el sistema y para el alumno) y humano que se ha mencionado el abandono, es aconsejable reforzar los medios humanos y materiales destinados por las universidades del SUPA a analizar y prevenir el abandono, especialmente en las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura. El coste del abandono es elevado, entre 71 M€ y 123 M€ (abandono bruto) y 48,4 M€ y 84,5 M€ (abandono neto).

La información recogida del tejido productivo regional a través de la realización de Focus Groups para el informe revela que resultaría positivo potenciar las prácticas en empresas, fomentando el contacto de los estudiantes con el tejido productivo regional desde los primeros años de estudio. Para ello es importante reducir los costes de información y de intermediación para empresas y estudiantes a través de servicios de intermediación laboral eficaces en la universidad, los denominados “Career Services”.

En Andalucía, una buena parte de los planes estratégicos de sus universidades públicas están próximos a su renovación, lo que se puede observar como una oportunidad o ventaja ya que las nuevas estrategias podrán tener en consideración las directrices del nuevo Modelo de Financiación.

Los planes estratégicos de las universidades no presentan un elevado alineamiento con los objetivos estratégicos del modelo de financiación del SUPA.

El número máximo de universidades que comparten un determinado objetivo es de 6, observándose esta situación para un muy reducido número de objetivos, 4, sobre el total de los 60. Por el contario, 16 de los 60 objetivos estratégicos son considerados por una sola universidad de las ocho, siendo interesante señalar el objetivo que identifica las Relaciones con Latinoamérica, solo mencionado en el Plan Estratégico UHU, cuando en el Programa Presupuestario 4.2.J “Universidades”, se vienen manteniendo una dotación anual de 2.500.000 a 1.650.000€, desde el año 2008 hasta el presupuesto del año 2020.

Un total de 9 de los 25 objetivos estratégicos que se explicitan en la propuesta del Modelo de Financiación 2017/21 (véase tabla 1.01), no se identifican en los Planes en vigor de las ocho universidades andaluzas con Plan Estratégico Vigente. Objetivos fundamentales para la sostenibilidad financiera de las universidades como “Impulsar la eficiencia interna de la actividad docente”; “ Profundizar en el sentido cooperativo del SUPA para optimizar los recursos humanos y materiales”; “ Incidir en la especialización de la oferta universitaria “; “Asociar la retribución vía incentivos individuales a los resultados docentes e investigadores del PDI”; “Superar la atomización en pequeñas unidades de investigación”; “Establecer una programación presupuestaria plurianual” están ausentes.

En Andalucía, una buena parte de los planes estratégicos de sus universidades públicas están próximos a su renovación, lo que se puede observar como una oportunidad o ventaja ya que las nuevas estrategias podrán tener en consideración las directrices del nuevo Modelo de Financiación.

La monitorización a través de indicadores para el cumplimiento de objetivos estratégicos, soportados por un sistema robusto de información, es escasa e irregular en las universidades del SUPA.

La permeabilidad en los centros universitarios de los parámetros que rigen para la asignación de la financiación autonómica a las universidades públicas andaluzas es muy exigua, cuando no inexistente.

Algunas universidades consideran para el reparto de la financiación a sus centros universitarios el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en los contratos programas que contemplan en el marco del Plan Estratégico de la Universidad, pero los importes de las partidas presupuestarias con responsabilidad directa de ejecución de las autoridades académicas de los centros (decanos y/o directores) resultan muy reducidos.

La estructura de órganos de gobierno en las universidades del SUPA es marcadamente heterogénea, existiendo variaciones significativas en su tamaño y en las Reducciones de Actividad Docente concedidas por el ejercicio de sus cargos que atienden al devenir histórico y a los acuerdos internos de cada universidad.

La reducción de Potencial Docente que implica la estructura de gobierno del SUPA (por liberación de créditos de docencia a aquellos que ocupan un cargo unipersonal) puede estimarse en más 27 millones de euros/año (extrapolando un sueldo bruto anual de profesor universitario de 34.000 euros/año a las 191.000 horas de reducción docente que conlleva esta estructura de gobierno).

Sin embargo, no es ninguna estimación el importe de los complementos retributivos devengados anualmente por los cargos académicos del SUPA que supera los 12 millones de euros y que podría considerarse como el suelo del coste económico de la gobernanza universitaria de Andalucía.
Tampoco debe olvidarse que muchas de estas estructuras de gobierno universitario, para su eficaz desempeño, requieren de personas del colectivo del PAS para la gestión de la agenda y apoyo administrativo, en general.

Los diferentes Focus Groups realizados han puesto de manifiesto que no existe iniciativa regional de monitorización y análisis de las prácticas en empresas, que evalúe su impacto y su eficiencia con el objetivo de diagnosticar las principales debilidades del sistema y proponer iniciativas de mejora.

Las empresas consultadas a través de los Focus Groups han manifestado su dificultad de gestión de los convenios de prácticas y procedimientos de firma debido a su elevada heterogeneidad, desincentivando su participación, especialmente cuando se trata de PYMES (que conforman la gran mayoría del tejido productivo andaluz).

La mayor parte de la financiación autonómica se destina a financiar los gastos corrientes (mayoritariamente gastos de personal) en los que anualmente incurren las universidades públicas andaluzas en el desempeño de sus actividades ordinarias.

El modelo de financiación de la Junta no tiene unos criterios estándar para calcular los costes de personal y, por tanto, repartir la financiación destinada a cubrir los gastos de funcionamiento del SUPA de forma objetiva entre universidades.

Conforme a las directrices del Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Consejo de Universidades, las universidades del Sistema Universitario Público Nacional están obligadas a la implantación de la Contabilidad Analítica en sus sistemas de gestión, conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
En el análisis presupuestario y documental de las universidades del SUPA se observa que el proceso de implementación de la contabilidad analítica en las universidades del SUPA no está completado en todas las instituciones.

La efectiva disposición de una contabilidad analítica en las universidades del SUPA, en línea con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 14/2012, refrendado por la Resolución de 28 de abril de 2015 de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se muestra como una herramienta necesaria para conocer en detalle y con transparencia el coste de la actividad universitaria en su mayor nivel desagregación y por lo tanto, para la elaboración de un modelo de costes estándar para el reparto de la financiación básica de las universidades del SUPA.

Este sistema de información económica, que se encuentra en proceso de implantación en el sistema universitario, resulta de gran utilidad para los responsables universitarios para poder conocer las desviaciones, positivas o negativas, que en su desempeño docente tienen anualmente en relación con los costes estándar por enseñanza que marcan su nivel de financiación básica.

En la actualidad, no se dispone de un sistema integral de información universitario en Andalucía que incorpore de forma homogénea la información necesaria para realizar un seguimiento del modelo de financiación. El actual Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA) sólo se dirige a recoger información de actividad científica y, por tanto, no cubre otra información universitaria relevante como los resultados de desempeño académico.

Excepcionalmente puede encontrarse en las rúbricas presupuestarias alguna dotación que bajo la denominación de patrocinio pueda ser catalogada como “financiación filantrópica.”

No hay una diversificación en las fuentes de financiación. La caída de los ingresos privados (enseñanza y actividades de investigación) ha hecho necesario que aumente la financiación pública como mecanismo de compensación. Este incremento ha tenido lugar a través de transferencias de la Junta de Andalucía, redundando en una mayor dependencia del SUPA de la financiación pública que la del promedio del SUPPE, diferencia que ha aumentado con el tiempo.

El porcentaje de financiación pública sobre el total de financiación del SUPA pasa del 73,7% en 2002 al 77,3% en 2018. El SUPA pasa de ser el 6º sistema universitario autonómico más dependiente de los fondos de su CA al 3º en dicho periodo. Esta mayor dependencia de la financiación pública es constante y creciente para todas las universidades del SUPA.
Las universidades del SUPA no consiguen reducir la dependencia de la financiación pública de la Junta de Andalucía a través de la captación de financiación de organismos públicos internacionales, donde su capacidad de captación es más reducida que la del promedio del SUPPE.

El sistema estatal de becas universitarias tiene una gran importancia en Andalucía. Ésta es una de las CCAA con más porcentaje de estudiantes con beca del MEFP, un 31,7%, siendo uno de cada dos en los estudiantes de nuevo ingreso. Además, cuenta con un porcentaje muy alto de beneficiarios en el umbral 1 (más desfavorecidos económicamente), un 43,1%, con respecto al resto de CCAA (35,65%). Además, uno de cada dos estudiantes de nuevo ingreso en el SUPA es beneficiario de la beca del MEFP, un 51%. El actual sistema de becas estatal tiene una serie de debilidades que limitan la igualdad de oportunidades, entre ellas, una cuantía insuficiente de la beca de residencia, que en Andalucía la reciben un 31% de los estudiantes de nuevo ingreso, y unos requisitos académicos que tienen una gran incidencia para mantener la condición de beneficiario del MEFP en las CCAA con menor renta per cápita, como es el caso de Andalucía, que reduce su índice de becarios en 16,6 puntos, frente al 13,6 en el SUPE.

En las enseñanzas de Ciencias de la Salud y Arquitectura e Ingeniería, se ratifica la consideración del carácter discriminatorio excluyente de los requisitos académicos para determinadas titulaciones con déficits de graduados. La presencia de los becarios del umbral 1 es 12 puntos superior en las enseñanzas de la rama de Ciencias de la Salud (38,9%) que en las enseñanzas de Arquitectura e Ingeniería (26,5%).

Si a la discriminación académica, añadimos que el estudiante perteneciente a familias con bajas rentas tiene más acentuada la aversión al riesgo de fracaso académico que le puede impulsar a elegir una determinada titulación más por la certidumbre de acabar los estudios, que por las expectativas que profesionalmente le pueda ofrecer, podremos entender que estos alumnos, aun disponiendo de la calificación académica requerida para acceder a las ayudas económicas que, en su caso, es una exigencia para poder decidir prolongar su formación, se decida por cursar una titulación más asequible académicamente y, en consecuencia, desistan de cursar enseñanzas del ámbito de las Ingenierías.

El actual sistema de becas estatal tiene una serie de debilidades, como se señala en el proyecto de becas universitarias del Spending Review 2018, que limitan la igualdad de oportunidades, entre ellas, una cuantía insuficiente de la beca de residencia (como determino la AIReF), que en Andalucía la reciben un 31% de los estudiantes de nuevo ingreso, y unos requisitos académicos que tienen una gran incidencia para mantener la condición de beneficiario del MEFP en las CCAA con menor renta per cápita, como es el caso de Andalucía, que reduce su índice de becarios en 16,6 puntos, frente al 13,6 en el SUPE. La AIReF estimó en 2.700€ la cuantía necesaria para satisfacer el coste medio por cambio de residencia.

Las dotaciones que la Junta de Andalucía viene asignando para becas a los alumnos universitarios andaluces benefician fundamentalmente a dos colectivos: los estudiantes de movilidad Erasmus y los estudiantes en prácticas externas.
La primera se concede a la práctica totalidad de alumnos Erasmus, que a su vez son mayoritariamente beneficiarios de las ayudas de la Unión Europea, mediante convocatoria del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), por lo que la redundancia de esfuerzo público horizontalmente distribuido reduce la equidad distributiva de estas ayudas.

La segunda línea de reparto de ayudas, las destinadas a las prácticas externas, si son curriculares, el alumno tiene la obligación de cursarlas y no requiere de incentivos económicos, al igual que sucede con el resto de las asignaturas. Si son extracurriculares, su carácter voluntario y el hecho de que en muchos casos los alumnos perciban pequeñas ayudas mensuales de las empresas donde realizan sus prácticas, hacen innecesario su mantenimiento.

Gran heterogeneidad de resultados de rendimiento académico no sólo entre universidades, sino para una misma titulación en diferentes universidades del SUPA, 21 de las 32 titulaciones más ofertadas registran tasas de evaluación y de rendimiento académico inferiores a la media del SUPPE. Dado su peso en el total de enseñanzas (38,51% del total), sus bajos resultados están lastrando el rendimiento académico medio del SUPA.

No todos los alumnos que abandonan una titulación abandonan el sistema universitario, ya que algunos pasan a matricularse en otra titulación, lo que llamamos Adaptación del Estudio. En el SUPA más de la mitad (51,4%) de los alumnos que han abandonado los estudios en el curso 2015/2016 se han vuelto a matricular en una titulación diferente en 2016/17 o 2017/18.

El coste del abandono es elevado, entre 71 M€ y 123 M€ (abandono bruto ) y 48,4 M€ y 84,5 M€ (abandono neto).

No se aprecia una visión estratégica a largo plazo del SUPA y un mantenimiento de financiación acíclica por objetivos.

La ausencia de un Plan Estratégico para el SUPA, más allá del Dictamen del Parlamento de Andalucía del año 2001, queda evidenciado al observar cómo reiteradamente las actuaciones en materia de política universitaria se limitan a la referencia temporal de la vigencia anual del Presupuesto de la Junta de Andalucía. Además, el modelo de financiación es el instrumento de la Planificación Estratégica universitaria en Andalucía.

La financiación del SUPA ha estado siempre vinculada a la evolución del presupuesto de la Junta de Andalucía y al PIB de Andalucía, no existiendo un compromiso de mantenimiento de financiación ajena al ciclo económico basado en resultados y con una visión estratégica a largo plazo.

El actual Modelo de Financiación 2017/21 hasta la fecha no ha sido aprobado, aunque en los últimos tres años (2017 a 2019) ha sido el que se ha utilizado para distribuir el conjunto de la financiación pública autonómica.

La propuesta de Modelo tiene un claro carácter de transitoriedad como evidencia que, a diferencia de los dos modelos de financiación aprobados con anterioridad, tan siquiera explicite la participación de cada uno de los bloques que se recogen en las dos fuentes en el total de la financiación pública autonómica, dado que la prioridad es cubrir con la financiación básica el diferencial de financiación que requiere cada universidad para equilibrar los gastos de funcionamiento (capítulos I+II), una vez deducidos los ingresos generados por la prestación de servicios específicos de las enseñanzas universitarias (artículo 31).

La financiación afecta a resultados tiene, consecuentemente, un importe residual que, a su vez, está sujeta a un relativo grado de incertidumbre.
ü La mayor parte de la financiación autonómica se destina a financiar los gastos corrientes (mayoritariamente gastos de personal) en los que anualmente incurren las universidades públicas andaluzas en el desempeño de sus actividades ordinarias.

El modelo de financiación de la Junta no tiene unos criterios estándar para calcular los costes de personal y, por tanto, repartir la financiación destinada a cubrir los gastos de funcionamiento del SUPA de forma objetiva entre universidades.

Ausencia de criterios objetivos para establecer el precio de las enseñanzas en los centros universitarios públicos. El precio por estudiar en la universidad no se fija en base un indicador objetivo que identifique el coste de la prestación del servicio docente.

Los precios públicos no obedecen a ningún indicador objetivo que justifique su cuantía.

No existe una estructura de costes reales derivados de la provisión del servicio docente.

Los diferentes precios no indican distintos niveles de eficiencia institucional, ni identifican la calidad del servicio docente, ni diferencias de rentas que perciben sus egresados.

La fijación de los precios universitarios no solo ha ignorado la dependencia de los costes de provisión del servicio docente, sino que, además, ignora los criterios de equidad social, en su dimensión horizontal, al exigir una diferente contribución por un mismo servicio público y, en su dimensión vertical, al fijar un precio único y lineal obviando la capacidad de pago de las familias atendiendo a la renta per cápita regional.

En tanto no se aplique un sistema de contribución del alumno a la financiación universitaria similar al descrito, es recomendable establecer para las enseñanzas de máster una diferenciación en los precios a pagar en los másteres habilitantes, obligatorios para el desempeño de la actividad profesional y curricularmente complementarios de las enseñanzas de grado, a los que cabría fijar precios equiparables a las enseñanzas de grado. Y los másteres no habilitantes, voluntarios y especializados, cuyo retorno marginal social resulta bastante más estrecho por la mayor privatización que hace el alumno de las mejoras salariales que pueda generarle esta titulación y, en consecuencia, su precio debería ser compensatorio del coste de provisión de su enseñanza.