La institucionalización de la evaluación de políticas públicas en Castilla y León: situación actual y propuestas

Se detecta una elevada concienciación sobre las ventajas del uso de la evaluación y una significativa y relevante cantidad de datos disponibles para efectuarla, sin embargo se realiza un esfuerzo muy modesto en difundir las evaluaciones realizadas.

Adicionalmente se identifican necesidades formativas de los gestores que es necesario reforzar y también faltan instrumentos de gestión y explotación.

Se identifican los siguientes hallazgos en relación con la planificación y el seguimiento de los programas:

• La planificación estratégica no incluye una lista explícita y precisa de los objetivos finales que se pretenden alcanzar.
• No incorpora un sistema de indicadores que permita su seguimiento, más allá del grado de ejecución.
• El seguimiento de los programas presupuestarios no incluye evaluaciones más que en relación con el cumplimento estricto de los objetivos cuantitativos y no de sus resultados o impactos.
• Se observa una situación muy heterogénea por consejerías de la Junta.
• Los balances y los informes de gestión suponen un mero seguimiento presupuestario.
• Se detecta una falta de conexión explícita y precisa entre los programas presupuestarios y los planes estratégicos.
• En los casos en los que se han previsto evaluaciones en los planes estratégicos – tanto intermedias como finales– no todas ellas han sido hechas públicas.

Se cuenta con un marco normativo para la evaluación suficientemente desarrollado, aunque en gran medida no implementado. En concreto, Castilla y León tiene en su marco legal las siguientes normas relacionadas con la evaluación:

• Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León donde se regulan, entre otros aspectos, la programación, la evaluación y la incorporación al ciclo presupuestario.

• Ley 2/2010 de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en
sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, que constituye el marco jurídico de las evaluaciones y dónde se establecen los tipos y la naturaleza de las evaluaciones y los métodos y agentes participantes en el proceso.

• Orden 12/1997 de la Consejería de Economía y Hacienda que regula el cumplimiento y seguimiento por objetivos a través de un sistema de indicadores.

Las funciones de evaluación se asignan a diferentes consejerías. En concreto a las siguientes:

• Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior: se encarga de la coordinación y seguimiento de la evaluación, dirección e impulso de los planes, racionalización y protección de datos.

• Consejería de Presidencia: tiene entre sus funciones el impulso y seguimiento de los programas, los planes de formación y la coordinación de la publicidad institucional.

• Consejería de Economía y Hacienda: asume la gestión de la política presupuestaria, el seguimiento y evaluación de los fondos comunitarios y la programación y orientación de la actividad económica.

• Consejo de Cuentas: es el responsable de las fiscalizaciones operativas.