Estudio de los programas de rentas mínimas en España

A modo ilustrativo, la AIReF expone dos ejemplos de lo que supondría la aplicación de las propuestas orientadas a la mejora de la eficiencia y eficacia de la prestación.

En primer lugar, se eliminaría el requisito de inscripción como desempleado y se permitiría la compatibilidad de la prestación con el empleo, actuando así como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente. De esta forma, quedaría como requisito principal la renta por hogar.

• Opción A: Se propone una prestación con dos tramos (<20% mediana y <60%).
  Cuantía:
  • Ayuda por adulto: 80% IPREM para el tramo 1.
  • Complemento por hijo a cargo (con un máximo de 3 hijos) para todos los tramos: 1.200 €/año para todos los tramos.
• Opción B: Se propone una prestación con dos tramos (<30% mediana, <60% mediana).
  Cuantía:
  • Ayuda por adulto: decreciente en el tramo 1 desde el 80% del IPREM hasta llegar al 10% del IPREM. En el tramo 2 la cuantía es 0€.
  • Complemento por hijo a cargo (con un máximo de 3 hijos) para todos
    los tramos:
    • 1.680 €/año (140 €/mes) para el tramo 1.
    • 1.200 €/año para el tramo 2.

En ambos ejemplos, para mejorar la eficiencia y reducir el coste fiscal, se sustituirían las prestaciones existentes nacionales y autonómicas por la nueva propuesta, permitiendo a las comunidades autónomas complementar la prestación tanto en términos de cobertura como de generosidad. La prestación, que se encuadraría dentro del sistema de Seguridad Social como una prestación no contributiva, podría ser gestionada mediante el principio de ventanilla única a través de los trabajadores sociales de las corporaciones locales, incluyendo el perfilado de los beneficiarios y la derivación hacia los servicios que necesiten, sean políticas activas de empleo o de lucha contra la exclusión social.

La ILP tiene un elevado coste fiscal que debe contextualizarse dentro de la situación actual de déficit estructural de las administraciones públicas en  España superior a 2 puntos del PIB y de un nivel de deuda cercano al 100% del PIB. Esta propuesta supondría un incremento del déficit estructural de en torno a 6 décimas del PIB. Como ha señalado la AIReF en sus informes, existe la necesidad de establecer un plan presupuestario a medio plazo que permita la reducción del déficit estructural y en el que, por tanto, debería enmarcarse la creación de una nueva  prestación que supone un incremento estructural del gasto.

La propia normativa debe recoger previsiones sobre la evaluación y el seguimiento continuo del programa.

Establecer como requisito la inscripción en la Agencia Tributaria para agilizar trámites y reducir riesgo de fraude.

La implementación de un sistema integrado de información de servicios sociales y conectado al Sistema de Información de Empleo, haría posible un perfilado de los beneficiarios y la derivación hacia los servicios que necesiten, sean políticas activas de empleo o de lucha contra la exclusión social.

La prestación, que se encuadraría dentro del sistema de Seguridad Social como una prestación no contributiva, podría ser gestionada mediante el principio de ventanilla única a través de los trabajadores sociales de las corporaciones locales, incluyendo el perfilado de los beneficiarios y la derivación hacia los servicios que necesiten, sean políticas activas de empleo o de lucha contra la exclusión social.

Asegurar la complementariedad con otras políticas mediante la asignación en función del perfil de los beneficiarios de la participación en políticas activas de
empleo y la prestación de servicios sociales complementarios.

Se produce un solapamiento con programas actuales tanto a nivel nacional (PREPARA, RAI, Subsidio Extraordinario de Desempleo…) como con los programas de rentas mínimas autonómicas.

La existencia de saltos en las cuantías podría generar comportamientos estratégicos de los beneficiarios y una prestación de manera decreciente sin saltos significativos sería más compleja.

Hacer la prestación compatible con el empleo, permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente y no suponga un desincentivo a la incorporación al mercado laboral.

La condición que establece la ILP de estar inscrito de manera ininterrumpida como demandante de empleo al menos durante los 12 meses anteriores a la solicitud supone  identificar pobreza con desempleo de larga duración, lo que de facto excluye a potenciales beneficiarios en situación de pobreza extrema, al tiempo que supone un desincentivo a reincorporarse al mercado laboral.

Establecer como requisito principal para el acceso a la prestación la renta del hogar, estableciendo tramos de renta por hogar para los hogares pobres, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa.