Las reglas fiscales europeas fijan límites para que los países mantengan unas cuentas públicas sostenibles. Sin embargo, unas reglas excesivamente estrictas pueden resultar contraproducentes. Por eso, también contemplan cierta flexibilidad ante situaciones excepcionales, siempre y cuando la sostenibilidad no se vea comprometida. Así, se permiten desviaciones temporales de los límites fijados ante situaciones que no dependen solo de la política económica seguida y, por tanto, están fuera del control del país en cuestión.

Eso es lo que ocurre con la llamada cláusula de escape nacional por gasto en defensa. España ha solicitado su activación para poder aumentar el gasto en defensa sin que ese incremento compute, durante un tiempo limitado, como un incumplimiento de los compromisos asumidos con las autoridades comunitarias.

Pero ¿qué significa exactamente? ¿Qué margen ofrece? ¿Y qué consecuencias tiene para las cuentas públicas? La clave es entender bien qué permite y qué no permite esta cláusula. No suspende las reglas fiscales ni abre la puerta a gastar sin límites. Ofrece una flexibilidad temporal, limitada y vinculada a un gasto concreto: la defensa.

La activación no es automática. El Estado miembro debe solicitarla, la Comisión Europea analiza la petición y el Consejo de la Unión Europea autoriza la desviación y fija su duración.

Con su petición de abril, España se suma así a otros Estados miembros que también han solicitado activar este margen.

La cláusula no permite gastar sin límite ni suspende las reglas fiscales. Tal y como se ha planteado en este caso, tiene tres características principales:

Por tanto, no cambia el objetivo de fondo de las reglas fiscales: mantener unas cuentas públicas sostenibles.

Con la reforma fiscal europea de 2024, los países presentan sus respectivos Planes Fiscales Estructurales a Medio Plazo (PFEMP) y se comprometen a seguir una senda de gasto compatible con la reducción de la deuda y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Para reforzar esa visión de medio plazo, el nuevo marco permite también ciertas desviaciones, pero dentro de unos límites. Esas desviaciones se anotan en una cuenta de control, que funciona como un registro de cuánto se aleja un país de la senda aprobada. En condiciones normales, esa cuenta permite:

Si se rebasa alguno de estos dos límites, en condiciones normales se considera que el país no ha cumplido con la senda de gasto a la que se ha comprometido, al haberse alejado demasiado de ella.

Con la cláusula de escape activada, la evaluación deja de fijarse en si se supera el margen de desviación anual y pasa a centrarse únicamente en el balance acumulado del periodo. Es decir, puede haber más variación del gasto de un año a otro sin consecuencias sobre el cumplimiento, siempre que el saldo acumulado se mantenga dentro de los límites permitidos.

Sí, puede afectar. Este procedimiento es el mecanismo que utiliza la Unión Europea para que los Estados que tienen un déficit o una deuda excesiva, los corrijan. Su apertura se plantea cuando se sobrepasan los límites acordados de déficit (3%) o de deuda (60%), y no se están tomando las medidas necesarias para corregir esta situación.

Para valorar si procede o no abrir un procedimiento de déficit excesivo por deuda, las reglas fiscales se fijan en si se cumple o no la senda de gasto pactada. Como hemos visto, con la cláusula por gasto en defensa activada la evaluación del cumplimiento de la regla de gasto solo depende de la desviación acumulada y no de la anual. Al haber menos variables en las que basar dicha evaluación, se reduciría el riesgo de incumplimiento del criterio de deuda y, por tanto, de abrir un procedimiento de déficit excesivo.

La flexibilidad que proporciona la cláusula no significa que el impacto desaparezca. El mayor gasto en defensa se traduce en más déficit y más deuda respecto a la situación de partida, lo que deberá revertirse en el futuro para no poner en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas.

A la hora de plantear el próximo PFEMP (a partir de 2029), los países que hayan utilizado la cláusula partirán de una situación fiscal menos favorable que la prevista inicialmente. Eso exigirá un mayor esfuerzo de ajuste para mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas, en comparación con el esfuerzo que hubiera sido necesario sin la cláusula.

Para España, la activación de la cláusula tiene tres efectos principales:

Por eso, la cláusula no debe entenderse como una suspensión de las reglas fiscales, sino como una flexibilidad limitada, temporal y condicionada.