Durante años, la política fiscal en Europa se ha analizado, sobre todo, año a año: el déficit, la deuda o el presupuesto del ejercicio siguiente. Pero la reforma del marco fiscal europeo aprobada en 2024 cambió el enfoque: ahora se presta más atención al medio plazo, situando la sostenibilidad de la deuda en el centro. 

Los Planes Fiscales Estructurales de Medio Plazo (PFEMP) son una pieza clave de ese cambio. Todos los Estados miembros deben presentar uno para un horizonte de 4 a 5 años, dependiendo de la duración de la legislatura, en el que explican cómo prevén cumplir las reglas fiscales europeas para mantener unas cuentas públicas sostenibles. El grado de exigencia depende de la situación de partida de cada país: si la deuda es inferior al 60% del PIB y el déficit inferior al 3%, el plan debe asegurar que la deuda siga siendo sostenible y por debajo del valor de referencia; si se superan esos umbrales, deberá recoger los ajustes necesarios para alcanzar niveles sostenibles.

España presentó su plan a finales de 2024 y hace apenas una semana publicó su segundo informe de progreso, el documento anual en el que se explica cómo avanza el cumplimiento de esa hoja de ruta. La AIReF publicará en unos días su análisis sobre ese informe. Por eso, este es un buen momento para explicar qué son estos documentos y por qué importan.

Otra novedad importante de la reforma es el impulso a la apropiación nacional, es decir, dar más protagonismo a cada país en el diseño de su estrategia fiscal.

Ahora cada país tiene más margen para definir su propia estrategia, aunque debe hacerlo dentro de unas reglas comunes y tomando como referencia la trayectoria que facilita la Comisión Europea.

El objetivo es que los compromisos que se asumen no se perciban como algo impuesto desde fuera, sino como una estrategia asumida por el propio país. Así, aumenta también el incentivo para cumplir lo acordado.

Otro de los cambios importantes del nuevo marco fiscal europeo es la forma en la que se supervisa el cumplimiento de las reglas fiscales por parte de los países. En el sistema anterior, el análisis del cumplimiento se apoyaba en varios indicadores aplicados de forma uniforme, como el déficit o la deuda, y cuyo cálculo resultaba, en ocasiones, difícil de estimar y un tanto opaco, como es el caso del saldo estructural. Esto hacía que el marco fuera más complejo y, en ocasiones, menos transparente.

El nuevo enfoque busca simplificar esta lógica y se centra en una referencia principal: la senda de gasto neto de medidas de ingresos. Es decir, busca que el crecimiento del gasto computable sea compatible con unas finanzas públicas sostenibles.

Esto permite conectar mejor las decisiones presupuestarias de cada año, tanto de ingresos como de gastos, con los compromisos fiscales a medio plazo y procurar su mejor cumplimiento a través de una variable más controlable y observable como es el gasto, descontando el impacto de las medidas discrecionales de ingresos. Aunque definir esa senda requiere un análisis complejo, el seguimiento posterior resulta más claro y transparente: comprobar si el gasto evoluciona conforme a lo comprometido.

Un Plan Fiscal Estructural debe combinar dos cosas:

Por un lado, los países deben recoger sus compromisos fiscales: la senda de gasto público comprometida para los siguientes 4 años. Sin embargo, esta senda de ajuste puede ampliarse de 4 a 7 años en caso de que se adopten reformas e inversiones que favorezcan el crecimiento económico y, por tanto, mejoren la capacidad de las finanzas públicas para mantenerse en una posición sostenible. En tal caso, el Plan Fiscal Estructural deberá recoger también los compromisos de reforma e inversión que lo hagan posible.

Los informes de progreso son informes en los que se hace un seguimiento anual de los Planes Fiscales Estructurales. En ellos, cada país explica cómo está avanzando en el cumplimiento de los compromisos incluidos en su plan: si el gasto evoluciona conforme a la senda prevista, si las medidas anunciadas se están aplicando y si las previsiones fiscales y económicas siguen siendo coherentes con los objetivos marcados. En la práctica, permiten comprobar si la hoja de ruta a medio plazo se está cumpliendo o si aparecen desviaciones que pueden comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

En un sistema que se basa en planes a medio plazo e informes anuales de progreso, el análisis independiente cobra especial relevancia. La AIReF no diseña la política fiscal, pero sí informa y analiza estos documentos clave: el Plan Fiscal Estructural, en el momento de su presentación, y cada informe de progreso anual, que permite comprobar cómo avanza su cumplimiento.

Su función es valorar si los compromisos asumidos son realistas, si las previsiones en las que se basan son razonables y si la trayectoria planteada sigue siendo compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto implica analizar, por ejemplo, si el escenario económico es plausible, si las medidas previstas están suficientemente detalladas o si la evolución del gasto se ajusta a la senda comprometida. En otras palabras, la AIReF contribuye a responder una pregunta clave: ¿la hoja de ruta fiscal es creíble y se está cumpliendo en la práctica?

Aunque pueda parecer un debate técnico, los Planes Fiscales Estructurales tienen implicaciones muy concretas. De ellos depende cómo evolucionará el gasto público en los próximos años, qué margen habrá para nuevas políticas o qué esfuerzo será necesario para reducir la deuda. También condicionan la capacidad de las administraciones públicas para responder a futuras crisis o para afrontar retos como el envejecimiento de la población, la transición energética o la digitalización.

En definitiva, estos planes permiten mirar las cuentas públicas con más perspectiva. Entender cómo funcionan ayuda a interpretar mejor el debate económico y el análisis que publicará la AIReF en los próximos días.