La deuda pública es un indicador clave de sostenibilidad. En la AIReF, analizamos su evolución de forma constante, tanto en nuestros informes como en una herramienta específica: el “Observatorio de deuda”, que publicamos de forma trimestral. En la última edición, abordamos una medida de mucha actualidad, aunque pendiente de aprobación: la condonación parcial de la deuda autonómica.
Esta medida busca aliviar la carga financiera de las comunidades más endeudadas, mejorar su sostenibilidad a medio plazo y facilitar su regreso a los mercados. Pero ¿qué implica exactamente?, ¿por qué se pone en marcha ahora?, ¿qué efectos puede tener? En este post lo explicamos de forma sencilla.
¿Qué es la condonación de la deuda?
Idealmente, las comunidades autónomas se financiarían en los mercados, que actuarían como un “termómetro” de la salud de sus cuentas públicas. Sin embargo, una comunidad puede tener dificultades para conseguir financiación o hacerlo a un coste muy elevado. En tales casos, la intervención del Estado puede estar justificada.
Es lo que ocurrió durante la crisis de deuda de 2012, en un contexto de fuerte tensión financiera y con los mercados prácticamente cerrados. Para garantizar que las comunidades pudieran seguir pagando sus gastos esenciales y funcionaran con normalidad se pusieron en marcha una serie de mecanismos extraordinarios que, a partir de 2015, se engloban en el Fondo de Financiación a comunidades autónomas. De sus cinco compartimentos, destacan:
El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)
Para las comunidades con mayores dificultades de acceso a los mercados.
La Facilidad Financiera (FF)
Para comunidades con una posición fiscal más sólida.
El Mecanismo de Pago a Proveedores
Para reducir el retraso en los pagos a las empresas que prestan servicios a las comunidades.
A través de ellos, el Estado prestó dinero a las regiones en condiciones más favorables, convirtiéndose para muchas en su principal fuente de financiación. Con el tiempo, estos mecanismos pasaron de tener una vocación extraordinaria y temporal a formar parte estructural del sistema, concentrando mucha deuda autonómica, especialmente en las comunidades con mayores dificultades presupuestarias.
Cambio de contexto
Más de una década después, las condiciones financieras han mejorado y este sistema podría no ser tan necesario. Sin embargo, muchas comunidades acumulan aún un volumen de deuda elevado que les dificulta volver a financiarse en los mercados en condiciones razonables.
En este escenario, el Gobierno ha propuesto una medida excepcional: que el Estado asuma parte de la deuda autonómica perdonando a las comunidades una parte del dinero que le deben o asumiendo parte de la deuda que mantienen con terceros. Asimismo, se pretende que los mecanismos extraordinarios de financiación vuelvan a ser un instrumento de último recurso.
Deuda de las CCAA (% PIB regional) 2025. T2
¿Por qué se pone en marcha?
La propuesta de condonación establece dos objetivos concretos:
Reducir la deuda y la carga de intereses de las comunidades más endeudadas.
Favorecer su vuelta gradual a los mercados financieros, reforzando su autonomía y disciplina fiscal.
Durante estos años, los mecanismos de financiación han cubierto alrededor del 60% de la deuda autonómica. Han garantizado liquidez, pero también han generado una fuerte dependencia del Estado. La condonación pretende ser el punto de partida para la normalización financiera: reducir el peso de esos préstamos y facilitar que las comunidades recuperen la capacidad de financiarse directamente en los mercados, como hacen Madrid, Navarra o el País Vasco.
La medida se enmarca, además, en un proceso de reforma del sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, y de revisión del papel de los mecanismos extraordinarios.
¿Cuánto dinero se condona y qué comunidades se benefician?
El Estado asumirá 83.252 millones de euros, el 24% de la deuda autonómica.
Las comunidades más endeudadas—Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunitat Valenciana— serán las más beneficiadas.
En promedio, la condonación equivale a 1.688 euros por habitante, aunque en las regiones más endeudadas supera los 2.000 euros por persona.
La mejora de la sostenibilidad, la consecuencia más relevante
La condonación reduciría la deuda autonómica en 5,1 puntos y permitiría a las comunidades alcanzar en 2029 el límite de deuda del 13% del PIB que fija la Ley de Estabilidad, doce años antes de lo previsto.
A menor deuda, menos recursos deberán destinarse a su pago cada año y menos intereses se devengarán. Por eso, el primer efecto de la condonación es el ahorro en intereses:
2.532 millones de euros en el primer año
Más de 15.000 millones acumulados hasta 2030
Este ahorro proviene de tanto los intereses de los préstamos que se cancelan como de los dejarían de devengarse en el futuro. Si se aprovecha este margen para reducir deuda, el ahorro se amplificará en los años siguientes, creando un círculo virtuoso de menor deuda y menor coste financiero.
La vuelta a los mercados, segunda gran consecuencia
Esta mejora de la sostenibilidad autonómica no es sino una mejora de la salud de sus cuentas públicas. Y, como hemos dicho, para medir dicha salud e incentivar “a cuidarse”, no hay mejor termómetro que los mercados.
Por eso, otra de las grandes consecuencias de la condonación es que prevé una vuelta gradual a los mercados. Para ello, se busca que los mecanismos extraordinarios de financiación sean, como su propio nombre indica, extraordinarios. Así, tras un periodo transitorio, desaparecería la Facilidad Financiera y solo quedaría el FLA como mecanismo de último recurso para aquellas autonomías que, verdaderamente, no tengan opción acudir a los mercados para financiarse.
Responsabilidad y control
El ahorro generado no podrá utilizarse para aumentar el gasto corriente. Los pagos por intereses están excluidos de la regla de gasto, por lo que el ahorro no genera margen adicional. Si, a pesar de ello, se dedicara a elevar el gasto, podría deteriorar la posición del conjunto de las administraciones públicas.