¿Pueden las comunidades autónomas encargar evaluaciones a la AIReF?

Cuando pensamos en la AIReF, probablemente la asociamos con el déficit, la deuda pública o las reglas fiscales. Y es lógico. Cada año, la AIReF analiza individualmente las cuentas de las 17 comunidades autónomas, realiza previsiones sobre sus ingresos y gastos y supervisa su situación fiscal. Pero la relación entre la AIReF y las comunidades autónomas va más allá: también pueden encargarle evaluaciones de sus políticas públicas.

Las CCAA también pueden realizar encargos a la AIReF

Anclaje legal

El Estatuto Orgánico de la AIReF establece en su artículo 23.2 expresamente que las comunidades autónomas o las entidades locales pueden solicitar a la institución la realización de estudios sobre cuestiones propias de su competencia, siempre que no afecten a otra Administración. Si afectan a otras Administraciones, la solicitud debe canalizarse a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto permite a los gobiernos autonómicos solicitar a la AIReF el análisis de cuestiones comprendidas en el ámbito de competencias de la institución, más allá de los informes expresamente previstos en su Ley Orgánica.

Posibilidades para las CCAA

Esto permite que un gobierno autonómico pueda pedir a la AIReF que analice cuestiones muy diferentes a las estrictamente presupuestarias. ¿Para qué? Para saber, con evidencia, si una determinada política está consiguiendo sus objetivos, si los recursos destinados a ella se utilizan de manera eficiente y cómo podría mejorarse. Por ejemplo: ¿está funcionando adecuadamente una determinada política sanitaria? ¿Se utilizan de manera eficiente los recursos destinados a las universidades? ¿Están consiguiendo sus objetivos las políticas activas de empleo? ¿Podría mejorarse la gestión de determinadas empresas públicas?

Metodología propia

Hay, además, una característica importante: que una comunidad autónoma encargue una evaluación no significa que determine cómo debe realizarse ni cuáles serán sus conclusiones. Corresponde a la AIReF definir la metodología, los criterios objetivos y los aspectos específicos que se valorarán en el estudio. Únicamente se acuerda con la comunidad el presupuesto y calendario de desarrollo. Esta independencia es especialmente importante en evaluación: permite incorporar al proceso de toma de decisiones una mirada técnica y especializada.

¿Por qué encargar una evaluación a la AIReF?

Evaluar una política pública significa analizar con evidencia si consigue los objetivos para los que fue diseñada —su eficacia— y qué resultados alcanza en relación con los recursos empleados —su eficiencia—.

Eficacia

Eficiencia

Y hay dos rasgos que diferencian claramente las evaluaciones de la AIReF: la independencia y la capacidad técnica.

Independencia

Es precisamente uno de los tres principios fundamentales de la AIReF, junto con la transparencia y la rendición de cuentas. La institución actúa con plena independencia orgánica y funcional y ni su presidenta ni su personal pueden solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

Capacidad técnica

Desde 2021, la AIReF cuenta con una División de Evaluación del Gasto Público dedicada específicamente a estos trabajos. Sus equipos integran perfiles especializados en metodologías cuantitativas y cualitativas de diferentes disciplinas.

Esta combinación permite utilizar metodologías cuantitativas y cualitativas y trabajar, cuando la información disponible lo permite, con microdatos administrativos para responder a preguntas que van más allá de cuánto se gasta: qué resultados se obtienen, qué impacto tiene una política y cómo podría mejorarse.

Las comunidades autónomas ya están utilizando esta posibilidad

La AIReF ha publicado 20 evaluaciones encargadas por 8 comunidades autónomas.

Los ámbitos analizados son muy diversos. En Castilla y León, por ejemplo, la AIReF ha evaluado las políticas activas de empleo, el sistema universitario público o la promoción industrial. En Aragón ha analizado, entre otras cuestiones, el gasto farmacéutico y el modelo de financiación de la Universidad de Zaragoza. Y en Extremadura, Illes Balears o Navarra se han realizado diferentes evaluaciones relacionadas con la sanidad.

Además, continúan incorporándose nuevos encargos. En 2026 la AIReF trabaja, entre otros ámbitos, en contratación pública sanitaria en Extremadura y Murcia, nuevas evaluaciones sanitarias en Murcia, la renta mínima garantizada en Cataluña y el sistema universitario de Canarias.

Evaluaciones publicadas

Evaluar es saber qué funciona y qué puede mejorar

¿Por qué puede resultar útil dedicar recursos a evaluar una política que ya está en funcionamiento? Porque saber cuánto se gasta no nos dice necesariamente qué resultados se están consiguiendo. Una política puede ejecutar todo su presupuesto y, sin embargo, no alcanzar los objetivos para los que fue diseñada. Otra puede conseguir buenos resultados, pero existir una forma de obtenerlos utilizando mejor los recursos disponibles.

Ejecución

Resultados

Por eso es importante distinguir entre ejecución y resultados. El objetivo no es necesariamente gastar menos. La evaluación puede servir para mejorar una política, reforzar las actuaciones que funcionan, modificar las que presentan problemas o reasignar recursos hacia alternativas que obtienen mejores resultados.

Esta información adquiere especial importancia cuando las necesidades de gasto aumentan y los recursos son limitados. La evaluación aporta evidencia para priorizar el gasto público y tomar mejores decisiones sobre dónde destinar los recursos disponibles.

¿Y qué ocurre después de la evaluación?

El trabajo no termina cuando se publica el estudio. Las evaluaciones de la AIReF identifican hallazgos y, a partir de ellos, formulan propuestas concretas de mejora.

Observatorio con ejemplo de CYL

Para sistematizar y hacer transparente esta información cuenta con el Observatorio de Hallazgos y Propuestas, una herramienta que reúne los resultados de las evaluaciones y permite consultar el grado de implementación manifestado por las administraciones de las propuestas formuladas.

De esta manera, la evaluación no termina con un diagnóstico. El objetivo es completar el ciclo: analizar una política, identificar qué funciona y qué puede mejorarse, formular propuestas y comprobar posteriormente qué respuesta han recibido.

Porque evaluar el gasto público no consiste únicamente en producir un estudio. Su utilidad está en convertir los datos en evidencia y la evidencia en mejores decisiones públicas.
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