La DANA de 2024, los virulentos incendios forestales del verano pasado o las inundaciones de hace apenas unos meses nos recuerdan que los desastres naturales tienen un coste humano enorme, pero también un importante impacto económico y fiscal.
Todo apunta a que el cambio climático provocará que fenómenos de este tipo sean cada vez más frecuentes e intensos. Pero su impacto sobre la economía y las cuentas públicas va más allá de los grandes desastres que vemos en las noticias. También hay efectos más lentos, menos visibles, que pueden reducir el crecimiento económico año tras año y afectar a los ingresos y gastos públicos. A ello se suman las políticas necesarias para alcanzar la neutralidad climática, que también tienen implicaciones fiscales.
Por eso, el cambio climático ya no puede verse solo como un problema ambiental: también es un riesgo para la sostenibilidad de las cuentas públicas. La literatura económica distingue dos grandes familias de riesgos: los físicos, que, a su vez, pueden ser agudos y crónicos, y los de transición.
Riesgos físicos agudos
Riesgos físicos crónicos
Riesgos de transición
Riesgos físicos agudos: desastres cada vez más frecuentes y costosos
¿Qué son?
Los riesgos físicos agudos son los asociados a fenómenos meteorológicos extremos. Son eventos puntuales y localizados, pero su frecuencia y gravedad tienden a aumentar con el calentamiento global. En la Unión Europea, las pérdidas económicas por este tipo de fenómenos alcanzaron los 822.000 millones de euros entre 1980 y 2024 y más del 25% se concentró en los últimos cuatro años. España se sitúa entre los países más afectados de la UE en términos per cápita.
Ejemplos
- Una DANA.
- Un incendio forestal.
- Una inundación.
- Una sequía extrema.
Impacto económico y fiscal
El impacto fiscal de los desastres naturales es directo y a menudo abrupto. Las Administraciones públicas deben reparar infraestructuras dañadas, apoyar a las empresas y personas afectadas y, en ocasiones, asumir compromisos financieros derivados de garantías públicas u otros instrumentos. Además, la caída de la actividad y la destrucción de capital físico pueden reducir la recaudación durante meses, o incluso años. La AIReF ha hecho un ejercicio pionero para sistematizar y cuantificar el coste fiscal de este tipo de eventos en España en su primera Opinión sobre Riesgos Fiscales, publicada en marzo de 2025. Y en unos días publicará la versión actualizada que, además, incluye nuevos ámbitos de análisis.
En cualquier caso, riesgos crónicos y agudos no son independientes: el calentamiento gradual puede amplificar los eventos extremos, aumentando su frecuencia, su intensidad o ambas cosas a la vez. Por ejemplo, la cada vez mayor escasez hídrica en España (riesgo crónico) puede intensificar los efectos de una sequía intensa (riesgo agudo), o incluso cronificarlos. Por eso ambos tipos de riesgos deben analizarse conjuntamente.
Riesgos físicos crónicos: la factura silenciosa del calentamiento
¿Qué son?
Los riesgos físicos crónicos se derivan de la transformación gradual del entorno por el calentamiento global. No son eventos que puedan asociarse a una fecha concreta del calendario, sino tendencias que actúan lentamente y cuyos efectos, precisamente por ser graduales, pasan a menudo desapercibidos.
Ejemplos
- Aumento sostenido de las temperaturas.
- Escasez hídrica prolongada.
- Subida gradual del nivel del mar.
- Cambios persistentes en las lluvias.
Impacto económico y fiscal
Su impacto económico, sin embargo, no es pequeño. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas puede reducir la productividad agrícola, alterar los flujos turísticos, disminuir las horas trabajadas durante las olas de calor o desviar recursos desde inversiones productivas hacia actuaciones de adaptación. Aunque existe mucha incertidumbre, las estimaciones disponibles apuntan a pérdidas de entre el 2% y el 10% del PIB anual global a finales de siglo en escenarios sin medidas de mitigación. Algunos estudios recientes las sitúan incluso en niveles superiores.
En el plano fiscal, el efecto es doble. Por el lado del gasto, pueden aumentar las necesidades en sanidad, adaptación de infraestructuras y prestaciones sociales para poblaciones vulnerables. Por el lado de los ingresos, una economía menos productiva genera menos recaudación, al erosionar las bases fiscales de los sectores sensibles al clima como la agricultura, el turismo o la pesca. El resultado es un menor espacio fiscal y, a largo plazo, una deuda pública más difícil de sostener.
Riesgos de transición: el coste de reorganizar la economía
¿Qué son?
Son los que se derivan de la transición hacia una economía neutra en carbono, imprescindible para contener los riesgos físicos a largo plazo. Esta transición exige cambios profundos en la forma en que producimos, nos desplazamos, cultivamos, construimos o consumimos. En la práctica, esto implica mover recursos desde actividades más contaminantes hacia otras más limpias, adaptar sectores dependientes de los combustibles fósiles e invertir en nuevas tecnologías. Algunos activos, además, pueden perder valor antes de lo previsto si dejan de ser compatibles con una economía baja en carbono.
Ejemplos
- Sustitución de vehículos de combustión por coches eléctricos.
- Reconversión de industrias intensivas en carbono.
- Rehabilitación energética de viviendas y edificios.
- Expansión de energías renovables y redes eléctricas.
Impacto económico y fiscal
Aunque los estudios coinciden en que, si se gestiona bien, la transición puede tener efectos limitados sobre el PIB y el empleo, sus costes no se reparten por igual: tienden a concentrarse en determinados sectores, regiones y colectivos. En el plano fiscal, el impacto es doble. Por el lado del gasto, la transición puede exigir inversión pública en infraestructuras bajas en carbono, subvenciones a tecnologías limpias o programas de recualificación. Por el lado de los ingresos, puede implicar la pérdida de ingresos “tradicionales”: por ejemplo, la sustitución de coches de combustión por coches eléctricos reduciría la recaudación por impuestos a los hidrocarburos, lo que exigirá replantear algunos elementos del sistema tributario.
En cualquier caso, la magnitud de los riesgos de transición depende en gran medida de cómo y cuándo se adopten las políticas. Una transición ordenada, gradual y creíble mantiene los costes bajo control. Por el contrario, si se retrasa o se aplica de forma brusca, puede generar efectos más intensos sobre la economía —subidas de precios, shocks de productividad o pérdidas de competitividad— y, con ello, un mayor impacto sobre las cuentas públicas.
Tres vías, un mismo destino: la sostenibilidad de la deuda
Aunque operan por canales distintos, los tres tipos de riesgo convergen en un mismo punto: la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Todos ellos pueden aumentar las presiones de gasto —por reconstrucción, adaptación, sanidad o inversión en transición— y reducir los ingresos públicos, al afectar al crecimiento económico, a determinados sectores productivos o a figuras tributarias vinculadas a los combustibles fósiles. Además, en los países más expuestos, estos riesgos pueden llegar a deteriorar las condiciones de financiación si afectan a su calidad crediticia.
La AIReF ha empezado a incorporar estas consideraciones en su segunda Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo, publicada también en marzo de 2025, con una primera aproximación al impacto del cambio climático sobre la deuda pública española. Los resultados muestran que, pese a la elevada incertidumbre, los riesgos climáticos pueden tener un efecto relevante sobre la deuda. De nuevo, se trata de un análisis pionero, en línea con el creciente interés de la Unión Europea, el FMI o la OCDE por integrar los factores climáticos en los marcos fiscales y en el análisis de la sostenibilidad.
¿Por qué es importante?
Europa es el continente que más rápido se calienta del mundo. Y España es uno de los países europeos más expuestos a los riesgos físicos del cambio climático, especialmente sequías, inundaciones y olas de calor. Al mismo tiempo, afronta importantes retos de transición en sectores como la energía o el transporte. Ignorar estos riesgos en nuestra planificación fiscal no es una opción.
El cambio climático no es un cisne negro: es una tendencia conocida, documentada y con consecuencias cuantificables. Integrarlo de forma sistemática en el análisis de sostenibilidad no significa anticipar con precisión cada sequía o cada incendio. Significa reconocer que esto riesgos existen, que pueden afectar a los ingresos, al gasto y a la deuda. Tenerlos en cuenta es una cuestión de responsabilidad fiscal y de equidad entre generaciones.
