España no ha aprobado ni presentado un nuevo Proyecto de Presupuestos Generales del Estado en los últimos dos años, por lo que sigue funcionando con los últimos aprobados, que son del año 2023. Esto supone que se están gestionando los recursos públicos de hoy con unas cuentas diseñadas para un contexto económico distinto, lo que resta eficiencia al presupuesto como herramienta clave de política económica.
Una situación que va más allá del Estado
Esto no solo pasa a nivel estatal. Hay varias comunidades autónomas que se encuentran en circunstancias similares, como Cataluña, Aragón, Castilla y León y Extremadura, que han prorrogado sus presupuestos para 2025, y otras como Murcia, Baleares y Valencia, que aprobaron los suyos muy avanzado el año.
Mirando a 2026, se han dado algunos pasos formales para la elaboración de un nuevo presupuesto, pero se va con retraso. La situación política no debería de eximir a los gobiernos de presentar un proyecto de presupuestos. Es, sobre todo, una cuestión de calidad institucional y democrática.
Presupuestos comunidades autónomas 2025
¿Es importante presentar un proyecto de presupuestos?
Sí, fundamentalmente por dos razones:
Pone sobre el papel los recursos que cada año se destinan a las políticas públicas como la sanidad, las pensiones, la vivienda o la educación, por poner unos ejemplos. Y es necesario que los recursos respondan año a año a las necesidades y preferencias de los ciudadanos.
Su publicidad permite que los ciudadanos conozcan los planes de los gobiernos: qué quieren hacer, con qué recursos y con qué prioridades. El debate en el Parlamento permite incorporar las sensibilidades de los diversos grupos políticos que representan a la sociedad. Y asegura el control del poder legislativo sobre el ejecutivo, base de la separación de poderes de una democracia.
Como ves el presupuesto es algo más que un instrumento de política económica: es ante todo un instrumento de rendición de cuentas y de control esencial en las democracias. Y por eso su presentación ante las Cortes es una obligación constitucional.
¿Se puede funcionar sin presupuestos?
Sí, es posible gracias a la prórroga automática que contempla la ley:
Si a 31 de diciembre de cada año no hay un nuevo presupuesto aprobado se opera con el del año anterior. En principio, se puede gastar, como máximo, la misma cuantía en las mismas partidas.
Existen mecanismos que permiten cierta flexibilidad. Por ejemplo, se pueden hacer transferencias entre partidas o actualizar algunas como las pensiones o los sueldos públicos mediante la aprobación de Real Decretos-leyes.
La prórroga se concibe como algo excepcional y temporal. El objetivo es que los servicios públicos sigan funcionando en situaciones que dificultan la elaboración de un presupuesto, como procesos electorales o de formación de gobiernos.
Por tanto, la encadenación de prórrogas no se acomoda bien a este espíritu de la ley. Y, en cualquier caso, no exime a ningún Gobierno de la obligación de presentar un nuevo proyecto.
¿La falta de presupuestos limita el gasto?
La respuesta no es sencilla, ya que no disponemos de una estrategia presupuestaria con la que poder comparar. ¿Qué podemos hacer entonces? Recurrir al techo de gasto, que es el primer paso para la elaboración de los presupuestos y marca el límite máximo que el Estado puede gastar cada año. El techo de gasto sí llegó a aprobarse para 2024 y 2025, así que podemos comparar los aumentos contemplados en dicho acuerdo con lo que finalmente sucedió aplicando las prórrogas.
El techo de gasto contemplaba un aumento del 8,5%, pero la prórroga supuso un incremento final del 4,3%, muy por debajo de lo que se pretendía.
El techo de gasto contemplaba un aumento adicional del gasto del 3,2%. La prórroga, en cambio y de momento, apunta a un crecimiento mucho mayor.
Por tanto, implica limitaciones a la hora de gastar, aunque existen mecanismos para superarlas.
Más allá de eso, lo importante es que, a medida que pasa el tiempo, el presupuesto cada vez se adecúa peor a la realidad económica. El primer año, 2024, se pudo hacer uso de los márgenes que ofrecían partidas que se habrían presupuestado con cierta holgura en 2023. En 2025 estas holguras van desapareciendo y surgen, además, nuevas necesidades. De ahí que, hasta agosto, se hayan tramitado 27.000 millones de modificaciones presupuestarias.
¿Y cómo afecta al déficit?
Aquí los ingresos son clave. Y lo cierto es que están creciendo a tasas elevadas gracias a una economía dinámica y a la retirada progresiva de medidas temporales. El déficit y la deuda se están viendo así positivamente afectados. Además, hay que tener en cuenta que los fondos europeos del Plan de Recuperación están financiando muchas inversiones que, sin presupuestos, hubiera sido difícil poner en marcha.
¿Qué papel desempeña la AIReF ante una prórroga?
En la AIReF seguimos velando por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Aunque no haya nuevos presupuestos, nuestra labor continúa.
Aportamos datos e información objetiva e independiente de forma continua y elaboramos análisis y previsiones económicas y presupuestarias a medio plazo dos veces al año para corregir la incertidumbre.
Emitimos recomendaciones a las administraciones sobre el retraso o la falta de presupuestos. Nuestras recomendaciones no son vinculantes, pero sí obligan a una explicación pública en caso de desviación.
