- La presidenta de la AIReF participa en el XLIII Seminario de la APIE y la Universidad Menéndez Pelayo en Santander
- Señala que la supervisión fiscal debe evolucionar desde el control del cumplimiento anual hacia una visión estratégica de medio plazo
- La AIReF prevé un crecimiento del PIB del 2,2% en 2026, pero advierte de una desaceleración gradual hasta tasas próximas al 1,7% a finales de la década
- En el ámbito fiscal, estima que el déficit se mantendrá por debajo del 3% a medio plazo, pero podría alcanzar el 6,6% del PIB y la deuda el 123% del PIB en 2050 a políticas constantes
- Advierte de que el gasto primario neto crecería un 5% entre 2025 y 2028, frente al 3,4% comprometido en el PFEMP
- Considera necesario concretar cómo se distribuyen los compromisos fiscales entre las distintas Administraciones públicas para reforzar la credibilidad del nuevo marco europeo
- Defiende la evaluación de políticas públicas como herramienta para mejorar la calidad del gasto y reforzar la sostenibilidad
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, señaló hoy que la supervisión fiscal debe evolucionar desde el control del cumplimiento anual hacia una estrategia fiscal de medio plazo que permita preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y mantener la capacidad de actuación futura del sector público. Así lo afirmó durante su participación en el XLIII Seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), celebrado en Santander.
Durante su intervención, Inés Olóndriz subrayó que la sostenibilidad fiscal vuelve a situarse en el centro del debate económico ante un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la baja productividad, el elevado nivel de deuda pública y las crecientes necesidades de gasto e inversión. En este escenario, defendió que la sostenibilidad no debe entenderse únicamente como el cumplimiento de reglas fiscales, sino como una condición necesaria para sostener las prioridades públicas a lo largo del tiempo sin hipotecar las futuras.
Del cumplimiento anual a una estrategia fiscal de medio plazo
La presidenta de la AIReF destacó que la reforma del marco fiscal europeo aprobada en 2024 supone un cambio relevante en la forma de entender la supervisión fiscal. Frente a un modelo centrado en el seguimiento anual del déficit y la deuda, el nuevo marco desplaza el foco hacia los Planes Fiscales Estructurales de Medio Plazo (PFEMP), el nuevo documento central de planificación que tienen que elaborar los Estados miembro de la UE, el gasto primario neto de medidas de ingresos y los compromisos nacionales en materia de reformas e inversiones.
Según explicó, este nuevo enfoque sitúa la sostenibilidad y el crecimiento en el centro de la gobernanza fiscal y refuerza el papel de las instituciones fiscales independientes, cuyo análisis contribuye a mejorar la credibilidad, la transparencia y el seguimiento de los compromisos asumidos.
No obstante, Olóndriz advirtió de que la adaptación del marco nacional a la nueva gobernanza europea sigue siendo incompleta. En particular, señaló que la transposición realizada hasta ahora en España no resuelve suficientemente cómo se distribuyen los compromisos fiscales entre los distintos subsectores de las Administraciones públicas y mantiene incertidumbres sobre la aplicación práctica del nuevo marco. A su juicio, en un Estado descentralizado una senda agregada de gasto no resulta suficiente por sí sola, sino que requiere una traducción institucional y territorial que permita reforzar la corresponsabilidad, la coordinación y la credibilidad del conjunto del marco fiscal.
Crecimiento económico favorable, pero con desafíos a medio plazo
La presidenta de la AIReF repasó también las últimas perspectivas macroeconómicas y fiscales de la institución. Destacó que la economía española mantiene una evolución favorable en el corto plazo, aunque persisten importantes elementos de incertidumbre asociados al contexto geopolítico y energético internacional. En concreto, la AIReF prevé un crecimiento del PIB real del 2,2% en 2026, pero estima una desaceleración gradual en los próximos años, hasta tasas próximas al 1,7% a finales de la década.
En este contexto, Inés Olóndriz destacó la importancia de impulsar la productividad como principal motor del crecimiento potencial de la economía española. Según sus palabras, la productividad constituye también una variable fiscal relevante porque condiciona la capacidad de generar ingresos públicos, reducir la deuda y sostener el Estado del bienestar en un contexto marcado por el envejecimiento de la población.
Mejora fiscal a medio plazo, pero vulnerabilidad persistente
En el ámbito fiscal, indicó que la evolución reciente de la economía y de los ingresos públicos ha permitido mejorar las previsiones a medio plazo, con un déficit por debajo del 3% del PIB y una reducción gradual de la ratio de deuda pública. Sin embargo, advirtió de que las presiones estructurales a largo plazo, como el envejecimiento y el aumento del gasto en intereses tensionarán la sostenibilidad. En concreto, a políticas constantes, la AIReF estima que el déficit escalaría al 6,6% del PIB y la deuda volvería a crecer hasta el 123% del PIB en 2050.
Por otro lado, recordó que el nuevo marco europeo desplaza la atención de la supervisión fiscal hacia una nueva variable: el gasto primario neto de medidas de ingresos. Según las previsiones de la AIReF, esta variable registrará un crecimiento medio del 5% entre 2025 y 2028, frente al 3,4% comprometido. Teniendo en cuenta la flexibilidad que introduce la cláusula de escape de defensa, la AIReF estima que se cumplirán los compromisos asumidos con las instituciones europeas en 2026, pero no en 2027 ni en 2028, por lo que serán necesarias medidas adicionales.
Sostenibilidad del conjunto de las administraciones
Durante su intervención, la presidenta de la AIReF se refirió también a los efectos del envejecimiento sobre las finanzas públicas y al cumplimiento de la regla de gasto de pensiones que constató la AIReF en el estudio publicado el pasado mes de mayo. En este sentido, señaló que el cumplimiento formal de esta regla no garantiza por sí solo la sostenibilidad del conjunto de las cuentas públicas.
De hecho, aseguró que el estudio publicado por la AIReF pone de manifiesto que la presión asociada al envejecimiento no afecta únicamente al gasto en pensiones, sino también al gasto sanitario, a los cuidados de larga duración y a otros componentes del gasto público, reduciendo progresivamente el margen fiscal disponible para otras políticas. Por ello, defendió la conveniencia de evaluar la sostenibilidad desde una perspectiva integral y considerando el conjunto de Administraciones.
En este sentido, recordó que el compromiso fiscal asumido ante las instituciones europeas corresponde al conjunto de las Administraciones públicas, mientras que las competencias de gasto y las presiones derivadas del envejecimiento se distribuyen de forma desigual entre Administración Central, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales. Por ello, consideró necesario avanzar hacia una mayor coherencia entre el marco fiscal nacional, el sistema de financiación autonómica y los mecanismos extraordinarios de financiación, con el fin de alinear responsabilidades, financiación e incentivos. Según indicó, la sostenibilidad fiscal exige una visión integrada que permita identificar quién asume el gasto, quién lo financia y cómo se reparte el esfuerzo fiscal entre los distintos niveles de gobierno.
Evaluación para mejorar la calidad del gasto público
Finalmente, la presidenta de la AIReF defendió la evaluación de políticas públicas como una herramienta esencial para mejorar la calidad del gasto y afrontar los retos fiscales futuros, especialmente en un contexto de recursos limitados y demandas crecientes de gasto. En este sentido, señaló que la sostenibilidad no depende únicamente de cuánto se gasta, sino también de la eficacia y eficiencia con la que se utilizan los recursos públicos. La evaluación, añadió, permite identificar espacios de mejora, reasignar recursos y reforzar la calidad de las políticas públicas.
Así, Inés Olóndriz concluyó que los retos económicos y fiscales de las próximas décadas exigen una estrategia fiscal de medio plazo que sea creíble, coherente entre administraciones y compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas. A su juicio, la corresponsabilidad territorial, unos incentivos financieros adecuados y una evaluación rigurosa de las políticas públicas serán elementos fundamentales para afrontar con mayor solidez los desafíos futuros.
