La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, participó hoy en la apertura de la cuarta jornada del Forbes Economic Summit, donde analizó los retos que plantea el envejecimiento de la población para la economía y las finanzas públicas y subrayó la necesidad de anticiparse a estas presiones mediante una planificación fiscal de medio plazo.
Durante su intervención, centrada en la relación entre longevidad, bienestar y sostenibilidad, Inés Olóndriz señaló que España tendrá en las próximas décadas una población más numerosa, pero también más envejecida. Según las proyecciones de la AIReF, la población aumentará desde los 49 millones de personas en 2025 hasta casi 53 millones en 2050, fundamentalmente por la inmigración. Al mismo tiempo, la esperanza de vida seguirá aumentando y la fecundidad se mantendrá en niveles reducidos, lo que elevará la tasa de dependencia desde aproximadamente el 30% actual hasta casi el 40% en 2050.
La presidenta indicó que esta transformación demográfica tendrá consecuencias sobre la capacidad de crecimiento de la economía y las finanzas públicas. La población en edad de trabajar continuará aumentando hasta la mitad de la próxima década, momento en el que comenzará a descender. En este contexto, aproximadamente un tercio del crecimiento futuro procedería del aumento de la participación laboral, la reducción del desempleo y el crecimiento de la población, mientras que los otros dos tercios tendrían que proceder de la productividad.
Presiones sobre el gasto público
Al mismo tiempo, una población más longeva incrementará las necesidades de determinadas prestaciones y servicios públicos. En el caso de las pensiones, la AIReF proyecta casi seis millones de pensiones adicionales hasta 2050 y un aumento del gasto bruto desde alrededor del 13% del PIB actual hasta más del 16% en 2050.
Inés Olóndriz recordó que la evaluación publicada por la AIReF el pasado mes de mayo, concluyó que la regla de gasto de pensiones se cumple. No obstante, incidió en la necesidad de diferenciar entre el cumplimiento de una regla concreta y la sostenibilidad del conjunto de las finanzas públicas.
Asimismo, mencionó que el envejecimiento no afecta únicamente a las pensiones, puesto que también incrementará las necesidades de gasto en sanidad y cuidados de larga duración y sus efectos se distribuirán entre las distintas Administraciones públicas. Las proyecciones de la AIReF apuntan a que los ingresos públicos aumentarán progresivamente hasta situarse en el 45% del PIB en 2050, mientras que el gasto crecerá con mayor intensidad hasta aproximarse al 52%.
Estas presiones afectan de forma transversal al conjunto de las Administraciones públicas: los Fondos de la Seguridad Social soportan fundamentalmente el gasto en pensiones; la Administración central participa de forma creciente en su financiación mediante transferencias; las comunidades autónomas gestionan otros servicios afectados por el envejecimiento, como la sanidad y los servicios sociales; y las entidades locales afrontan necesidades relacionadas con los cuidados y los servicios de proximidad.
La presidenta señaló, además, que España parte de una ratio de deuda pública cercana al 100% del PIB. En el escenario a políticas constantes de la AIReF, la deuda se reduciría durante los próximos años, pero cambiaría de tendencia a mediados de la próxima década y volvería a aumentar hasta situarse alrededor del 123% del PIB en 2050.
Anticipar y ordenar prioridades
En este contexto, Inés Olóndriz destacó la utilidad de las proyecciones de largo plazo para identificar con suficiente antelación las tendencias que pueden condicionar las decisiones públicas y disponer de mayor margen para actuar de forma gradual.
Para hacer frente a estas presiones, señaló tres elementos. En primer lugar, una estrategia fiscal de medio plazo que permita anticipar y ordenar prioridades y determinar cómo se van a financiar. En segundo lugar, un mayor crecimiento de la productividad, especialmente relevante a medida que el factor trabajo pierda capacidad para sostener el crecimiento. Y, en tercer lugar, la evaluación de las políticas públicas para utilizar de forma más eficaz y eficiente unos recursos que son limitados.
Para concluir, la presidenta señaló que compatibilizar el bienestar de una sociedad cada vez más longeva con la sostenibilidad de las finanzas públicas exige combinar planificación para anticipar y ordenar prioridades, crecimiento para ampliar los recursos disponibles y evaluación para emplearlos mejor.