Opinión Ingreso Mínimo Vital (2025)

Dada la persistencia del non take-up y la elevada permanencia en la prestación, se propone reforzar las políticas de provisión de información y acompañamiento. Con ello se pretende combatir las barreras de acceso en la solicitud del IMV y mitigar los obstáculos que lastran la superación de la situación de vulnerabilidad económica que hace a los hogares perceptores de la prestación.

La ley del IMV establece los objetivos de la prestación en los siguientes términos. El artículo 1. Objeto dispone: “La presente Ley tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital  como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas”. Por su parte, el artículo 2. Concepto y naturaleza dispone: “El ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en la presente Ley. A través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias”.

Una evaluación precisa del cumplimiento de los objetivos de creación del IMV requeriría concretar las definiciones contenidas en estos artículos de la ley del IMV. Para ello sería necesario  especificar las definiciones e indicadores, establecer de forma clara y realista los objetivos de proceso y resultado a los que aspira la prestación y los plazos en los que estos se pretenden alcanzar, garantizándose así que los objetivos formulados sean cuantificables y medibles. En concreto sería conveniente aclarar qué porcentaje de la mediana de renta neta equivalente o qué otro indicador de pobreza se debe utilizar para comparar los efectos desplegados por la prestación.

Dada la persistencia del non take-up y la elevada permanencia en la prestación, se propone reforzar las políticas de provisión de información y acompañamiento. Con ello se pretende combatir las barreras de acceso en la solicitud del IMV y mitigar los obstáculos que lastran la superación de la situación de vulnerabilidad económica que hace a los hogares perceptores de la prestación.

La ley del IMV establece los objetivos de la prestación en los siguientes términos. El artículo 1. Objeto dispone: “La presente Ley tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital  como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas”. Por su parte, el artículo 2. Concepto y naturaleza dispone: “El ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en la presente Ley. A través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias”.

Una evaluación precisa del cumplimiento de los objetivos de creación del IMV requeriría concretar las definiciones contenidas en estos artículos de la ley del IMV. Para ello sería necesario  especificar las definiciones e indicadores, establecer de forma clara y realista los objetivos de proceso y resultado a los que aspira la prestación y los plazos en los que estos se pretenden alcanzar, garantizándose así que los objetivos formulados sean cuantificables y medibles. En concreto sería conveniente aclarar qué porcentaje de la mediana de renta neta equivalente o qué otro indicador de pobreza se debe utilizar para comparar los efectos desplegados por la prestación.

Las fuentes de información públicas que existían sobre los programas de rentas mínimas autonómicas mostraban problemas de homogeneidad que dificultaban la comparabilidad. Por ese motivo, para realizar la tercera Opinión del IMV, la AIReF solicitó al conjunto de comunidades autónomas microdatos de las nóminas mensuales de sus programas de renta mínima.

Con estos microdatos anonimizados y fusionados con los titulares del IMV, la AIReF proporcionó una nueva fuente estadística del conjunto de rentas mínimas existentes en España homogénea, comparable y con  frecuencia mensual. Este producto permite analizar la evolución de las rentas mínimas autonómicas desde la aparición del IMV.

La relevancia que esta información tiene para continuar evaluando, en el futuro, los efectos de los desarrollos de las rentas mínimas sobre el IMV y la cobertura de la pobreza en España hace que sea oportuno recomendar la continuidad de esta estadística. Una de las posibilidades para implementar esta propuesta sería profundizar en el traslado de datos de estas y otras prestaciones al sistema de información de la Tarjeta Social Digital.

No hay propuestas asociadas.

En línea con las opiniones anteriores, se propone valorar la implementación de las modificaciones normativas necesarias para permitir una verificación más automática y ligada a la situación presente de los requisitos de la prestación. Todo ello con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegros causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión del CAPI. La prestación debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del registro civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de la misma desde el nacimiento y hasta que los menores cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

En línea con las opiniones anteriores, se propone valorar la implementación de las modificaciones normativas necesarias para permitir una verificación más automática y ligada a la situación presente de los requisitos de la prestación. Todo ello con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegros causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión del CAPI. La prestación debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del registro civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de la misma desde el nacimiento y hasta que los menores cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

Dada la persistencia del non take-up y la elevada permanencia en la prestación, se propone reforzar las políticas de provisión de información y acompañamiento. Con ello se pretende combatir las barreras de acceso en la solicitud del IMV y mitigar los obstáculos que lastran la superación de la situación de vulnerabilidad económica que hace a los hogares perceptores de la prestación.

Dada la persistencia del non take-up y la elevada permanencia en la prestación, se propone reforzar las políticas de provisión de información y acompañamiento. Con ello se pretende combatir las barreras de acceso en la solicitud del IMV y mitigar los obstáculos que lastran la superación de la situación de vulnerabilidad económica que hace a los hogares perceptores de la prestación.

Dada la persistencia del non take-up y la elevada permanencia en la prestación, se propone reforzar las políticas de provisión de información y acompañamiento. Con ello se pretende combatir las barreras de acceso en la solicitud del IMV y mitigar los obstáculos que lastran la superación de la situación de vulnerabilidad económica que hace a los hogares perceptores de la prestación.

En esta cuarta Opinión se ha acreditado que el IMV genera disminuciones tanto en la probabilidad de trabajar como en el número de días en empleo. Este efecto causal también se registra en los beneficiarios que empezaron a recibir la prestación tras la entrada en vigor del incentivo al empleo del IMV.

La exposición de motivos del Real Decreto 789/2022, por el que se regula el incentivo al empleo del IMV, recoge: “El incentivo al empleo busca la no desincentivación a incorporarse al mercado laboral o a poder incrementar el número de horas en el caso en el que el individuo esté trabajando porque hace que no pierda un euro de prestación, sino menos, por cada euro que se incrementan los salarios por un incremento en la oferta laboral”. Si bien el incentivo al empleo ha contribuido a mitigar el fenómeno de las revisiones de la cuantía del IMV, no se ha obtenido  evidencia que acredite su eficacia sobre las dimensiones del empleo estudiadas en esta evaluación. Ante estos resultados, se propone llevar a cabo una reformulación completa del diseño del incentivo al empleo del IMV.

A partir del 1 de noviembre de 2024 se aplica de oficio el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) para los beneficiarios del subsidio por desempleo que lo compatibilicen con un trabajo. El diseño del CAE incorpora dos elementos de los que se deduce una vocación inequívoca de fomentar la oferta de trabajo entre los perceptores del subsidio. En concreto, la cuantía del CAE es mayor cuanto antes se comience a trabajar o mayor sea la jornada de trabajo. Si bien el incentivo al empleo del IMV incorpora elementos para potenciar la oferta de trabajo, su diseño no incluye referencia al momento de inicio del empleo ni articula la dimensión de la jornada de trabajo. Además, existen otras diferencias relevantes entre el diseño del CAE y el del incentivo al empleo del
IMV. El CAE se aplica de forma automática y tiene en cuenta la situación en el empleo en el momento presente. Por el contrario, el incentivo al empleo del IMV se aplica si el hogar beneficiario ha aumentado sus rentas del trabajo en los dos años anteriores a su aplicación. El sistema actual de cálculo de la renta del IMV, basado en la información fiscal del año anterior, impide que los beneficiarios perciban de manera instantánea a la decisión de trabajar o de aumentar su intensidad en el empleo las ventajas del incentivo, lo cual puede estar reduciendo su eficacia. Por tanto, cualquier nuevo esquema de incentivos debería contemplar una redefinición de la variable renta que utilice como base de cálculo una magnitud más próxima a la renta presente del individuo, como por ejemplo las bases de cotización del trimestre anterior. Además, el incentivo existente no tiene una duración garantizada, sino que va vinculado a los incrementos anuales de renta laboral, lo que reduciría su atractivo como herramienta para fomentar la oferta laboral.

En atención a la diferente aproximación en los diseños de incentivo al empleo, se propone realizar una evaluación ex post de la eficacia del CAE cuyos resultados puedan servir de ayuda para la reformulación de futuros incentivos al empleo de otras prestaciones.

En esta cuarta Opinión se ha acreditado que el IMV genera disminuciones tanto en la probabilidad de trabajar como en el número de días en empleo. Este efecto causal también se registra en los beneficiarios que empezaron a recibir la prestación tras la entrada en vigor del incentivo al empleo del IMV.

La exposición de motivos del Real Decreto 789/2022, por el que se regula el incentivo al empleo del IMV, recoge: “El incentivo al empleo busca la no desincentivación a incorporarse al mercado laboral o a poder incrementar el número de horas en el caso en el que el individuo esté trabajando porque hace que no pierda un euro de prestación, sino menos, por cada euro que se incrementan los salarios por un incremento en la oferta laboral”. Si bien el incentivo al empleo ha contribuido a mitigar el fenómeno de las revisiones de la cuantía del IMV, no se ha obtenido  evidencia que acredite su eficacia sobre las dimensiones del empleo estudiadas en esta evaluación. Ante estos resultados, se propone llevar a cabo una reformulación completa del diseño del incentivo al empleo del IMV.

A partir del 1 de noviembre de 2024 se aplica de oficio el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) para los beneficiarios del subsidio por desempleo que lo compatibilicen con un trabajo. El diseño del CAE incorpora dos elementos de los que se deduce una vocación inequívoca de fomentar la oferta de trabajo entre los perceptores del subsidio. En concreto, la cuantía del CAE es mayor cuanto antes se comience a trabajar o mayor sea la jornada de trabajo. Si bien el incentivo al empleo del IMV incorpora elementos para potenciar la oferta de trabajo, su diseño no incluye referencia al momento de inicio del empleo ni articula la dimensión de la jornada de trabajo. Además, existen otras diferencias relevantes entre el diseño del CAE y el del incentivo al empleo del
IMV. El CAE se aplica de forma automática y tiene en cuenta la situación en el empleo en el momento presente. Por el contrario, el incentivo al empleo del IMV se aplica si el hogar beneficiario ha aumentado sus rentas del trabajo en los dos años anteriores a su aplicación. El sistema actual de cálculo de la renta del IMV, basado en la información fiscal del año anterior, impide que los beneficiarios perciban de manera instantánea a la decisión de trabajar o de aumentar su intensidad en el empleo las ventajas del incentivo, lo cual puede estar reduciendo su eficacia. Por tanto, cualquier nuevo esquema de incentivos debería contemplar una redefinición de la variable renta que utilice como base de cálculo una magnitud más próxima a la renta presente del individuo, como por ejemplo las bases de cotización del trimestre anterior. Además, el incentivo existente no tiene una duración garantizada, sino que va vinculado a los incrementos anuales de renta laboral, lo que reduciría su atractivo como herramienta para fomentar la oferta laboral.

En atención a la diferente aproximación en los diseños de incentivo al empleo, se propone realizar una evaluación ex post de la eficacia del CAE cuyos resultados puedan servir de ayuda para la reformulación de futuros incentivos al empleo de otras prestaciones.

En esta cuarta Opinión se ha acreditado que el IMV genera disminuciones tanto en la probabilidad de trabajar como en el número de días en empleo. Este efecto causal también se registra en los beneficiarios que empezaron a recibir la prestación tras la entrada en vigor del incentivo al empleo del IMV.

La exposición de motivos del Real Decreto 789/2022, por el que se regula el incentivo al empleo del IMV, recoge: “El incentivo al empleo busca la no desincentivación a incorporarse al mercado laboral o a poder incrementar el número de horas en el caso en el que el individuo esté trabajando porque hace que no pierda un euro de prestación, sino menos, por cada euro que se incrementan los salarios por un incremento en la oferta laboral”. Si bien el incentivo al empleo ha contribuido a mitigar el fenómeno de las revisiones de la cuantía del IMV, no se ha obtenido  evidencia que acredite su eficacia sobre las dimensiones del empleo estudiadas en esta evaluación. Ante estos resultados, se propone llevar a cabo una reformulación completa del diseño del incentivo al empleo del IMV.

A partir del 1 de noviembre de 2024 se aplica de oficio el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) para los beneficiarios del subsidio por desempleo que lo compatibilicen con un trabajo. El diseño del CAE incorpora dos elementos de los que se deduce una vocación inequívoca de fomentar la oferta de trabajo entre los perceptores del subsidio. En concreto, la cuantía del CAE es mayor cuanto antes se comience a trabajar o mayor sea la jornada de trabajo. Si bien el incentivo al empleo del IMV incorpora elementos para potenciar la oferta de trabajo, su diseño no incluye referencia al momento de inicio del empleo ni articula la dimensión de la jornada de trabajo. Además, existen otras diferencias relevantes entre el diseño del CAE y el del incentivo al empleo del
IMV. El CAE se aplica de forma automática y tiene en cuenta la situación en el empleo en el momento presente. Por el contrario, el incentivo al empleo del IMV se aplica si el hogar beneficiario ha aumentado sus rentas del trabajo en los dos años anteriores a su aplicación. El sistema actual de cálculo de la renta del IMV, basado en la información fiscal del año anterior, impide que los beneficiarios perciban de manera instantánea a la decisión de trabajar o de aumentar su intensidad en el empleo las ventajas del incentivo, lo cual puede estar reduciendo su eficacia. Por tanto, cualquier nuevo esquema de incentivos debería contemplar una redefinición de la variable renta que utilice como base de cálculo una magnitud más próxima a la renta presente del individuo, como por ejemplo las bases de cotización del trimestre anterior. Además, el incentivo existente no tiene una duración garantizada, sino que va vinculado a los incrementos anuales de renta laboral, lo que reduciría su atractivo como herramienta para fomentar la oferta laboral.

En atención a la diferente aproximación en los diseños de incentivo al empleo, se propone realizar una evaluación ex post de la eficacia del CAE cuyos resultados puedan servir de ayuda para la reformulación de futuros incentivos al empleo de otras prestaciones.

En esta cuarta Opinión se ha acreditado que el IMV genera disminuciones tanto en la probabilidad de trabajar como en el número de días en empleo. Este efecto causal también se registra en los beneficiarios que empezaron a recibir la prestación tras la entrada en vigor del incentivo al empleo del IMV.

La exposición de motivos del Real Decreto 789/2022, por el que se regula el incentivo al empleo del IMV, recoge: “El incentivo al empleo busca la no desincentivación a incorporarse al mercado laboral o a poder incrementar el número de horas en el caso en el que el individuo esté trabajando porque hace que no pierda un euro de prestación, sino menos, por cada euro que se incrementan los salarios por un incremento en la oferta laboral”. Si bien el incentivo al empleo ha contribuido a mitigar el fenómeno de las revisiones de la cuantía del IMV, no se ha obtenido  evidencia que acredite su eficacia sobre las dimensiones del empleo estudiadas en esta evaluación. Ante estos resultados, se propone llevar a cabo una reformulación completa del diseño del incentivo al empleo del IMV.

A partir del 1 de noviembre de 2024 se aplica de oficio el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) para los beneficiarios del subsidio por desempleo que lo compatibilicen con un trabajo. El diseño del CAE incorpora dos elementos de los que se deduce una vocación inequívoca de fomentar la oferta de trabajo entre los perceptores del subsidio. En concreto, la cuantía del CAE es mayor cuanto antes se comience a trabajar o mayor sea la jornada de trabajo. Si bien el incentivo al empleo del IMV incorpora elementos para potenciar la oferta de trabajo, su diseño no incluye referencia al momento de inicio del empleo ni articula la dimensión de la jornada de trabajo. Además, existen otras diferencias relevantes entre el diseño del CAE y el del incentivo al empleo del
IMV. El CAE se aplica de forma automática y tiene en cuenta la situación en el empleo en el momento presente. Por el contrario, el incentivo al empleo del IMV se aplica si el hogar beneficiario ha aumentado sus rentas del trabajo en los dos años anteriores a su aplicación. El sistema actual de cálculo de la renta del IMV, basado en la información fiscal del año anterior, impide que los beneficiarios perciban de manera instantánea a la decisión de trabajar o de aumentar su intensidad en el empleo las ventajas del incentivo, lo cual puede estar reduciendo su eficacia. Por tanto, cualquier nuevo esquema de incentivos debería contemplar una redefinición de la variable renta que utilice como base de cálculo una magnitud más próxima a la renta presente del individuo, como por ejemplo las bases de cotización del trimestre anterior. Además, el incentivo existente no tiene una duración garantizada, sino que va vinculado a los incrementos anuales de renta laboral, lo que reduciría su atractivo como herramienta para fomentar la oferta laboral.

En atención a la diferente aproximación en los diseños de incentivo al empleo, se propone realizar una evaluación ex post de la eficacia del CAE cuyos resultados puedan servir de ayuda para la reformulación de futuros incentivos al empleo de otras prestaciones.

En esta cuarta Opinión se ha acreditado que el IMV genera disminuciones tanto en la probabilidad de trabajar como en el número de días en empleo. Este efecto causal también se registra en los beneficiarios que empezaron a recibir la prestación tras la entrada en vigor del incentivo al empleo del IMV.

La exposición de motivos del Real Decreto 789/2022, por el que se regula el incentivo al empleo del IMV, recoge: “El incentivo al empleo busca la no desincentivación a incorporarse al mercado laboral o a poder incrementar el número de horas en el caso en el que el individuo esté trabajando porque hace que no pierda un euro de prestación, sino menos, por cada euro que se incrementan los salarios por un incremento en la oferta laboral”. Si bien el incentivo al empleo ha contribuido a mitigar el fenómeno de las revisiones de la cuantía del IMV, no se ha obtenido  evidencia que acredite su eficacia sobre las dimensiones del empleo estudiadas en esta evaluación. Ante estos resultados, se propone llevar a cabo una reformulación completa del diseño del incentivo al empleo del IMV.

A partir del 1 de noviembre de 2024 se aplica de oficio el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) para los beneficiarios del subsidio por desempleo que lo compatibilicen con un trabajo. El diseño del CAE incorpora dos elementos de los que se deduce una vocación inequívoca de fomentar la oferta de trabajo entre los perceptores del subsidio. En concreto, la cuantía del CAE es mayor cuanto antes se comience a trabajar o mayor sea la jornada de trabajo. Si bien el incentivo al empleo del IMV incorpora elementos para potenciar la oferta de trabajo, su diseño no incluye referencia al momento de inicio del empleo ni articula la dimensión de la jornada de trabajo. Además, existen otras diferencias relevantes entre el diseño del CAE y el del incentivo al empleo del
IMV. El CAE se aplica de forma automática y tiene en cuenta la situación en el empleo en el momento presente. Por el contrario, el incentivo al empleo del IMV se aplica si el hogar beneficiario ha aumentado sus rentas del trabajo en los dos años anteriores a su aplicación. El sistema actual de cálculo de la renta del IMV, basado en la información fiscal del año anterior, impide que los beneficiarios perciban de manera instantánea a la decisión de trabajar o de aumentar su intensidad en el empleo las ventajas del incentivo, lo cual puede estar reduciendo su eficacia. Por tanto, cualquier nuevo esquema de incentivos debería contemplar una redefinición de la variable renta que utilice como base de cálculo una magnitud más próxima a la renta presente del individuo, como por ejemplo las bases de cotización del trimestre anterior. Además, el incentivo existente no tiene una duración garantizada, sino que va vinculado a los incrementos anuales de renta laboral, lo que reduciría su atractivo como herramienta para fomentar la oferta laboral.

En atención a la diferente aproximación en los diseños de incentivo al empleo, se propone realizar una evaluación ex post de la eficacia del CAE cuyos resultados puedan servir de ayuda para la reformulación de futuros incentivos al empleo de otras prestaciones.

En esta cuarta Opinión se ha acreditado que el IMV genera disminuciones tanto en la probabilidad de trabajar como en el número de días en empleo. Este efecto causal también se registra en los beneficiarios que empezaron a recibir la prestación tras la entrada en vigor del incentivo al empleo del IMV.

La exposición de motivos del Real Decreto 789/2022, por el que se regula el incentivo al empleo del IMV, recoge: “El incentivo al empleo busca la no desincentivación a incorporarse al mercado laboral o a poder incrementar el número de horas en el caso en el que el individuo esté trabajando porque hace que no pierda un euro de prestación, sino menos, por cada euro que se incrementan los salarios por un incremento en la oferta laboral”. Si bien el incentivo al empleo ha contribuido a mitigar el fenómeno de las revisiones de la cuantía del IMV, no se ha obtenido  evidencia que acredite su eficacia sobre las dimensiones del empleo estudiadas en esta evaluación. Ante estos resultados, se propone llevar a cabo una reformulación completa del diseño del incentivo al empleo del IMV.

A partir del 1 de noviembre de 2024 se aplica de oficio el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) para los beneficiarios del subsidio por desempleo que lo compatibilicen con un trabajo. El diseño del CAE incorpora dos elementos de los que se deduce una vocación inequívoca de fomentar la oferta de trabajo entre los perceptores del subsidio. En concreto, la cuantía del CAE es mayor cuanto antes se comience a trabajar o mayor sea la jornada de trabajo. Si bien el incentivo al empleo del IMV incorpora elementos para potenciar la oferta de trabajo, su diseño no incluye referencia al momento de inicio del empleo ni articula la dimensión de la jornada de trabajo. Además, existen otras diferencias relevantes entre el diseño del CAE y el del incentivo al empleo del
IMV. El CAE se aplica de forma automática y tiene en cuenta la situación en el empleo en el momento presente. Por el contrario, el incentivo al empleo del IMV se aplica si el hogar beneficiario ha aumentado sus rentas del trabajo en los dos años anteriores a su aplicación. El sistema actual de cálculo de la renta del IMV, basado en la información fiscal del año anterior, impide que los beneficiarios perciban de manera instantánea a la decisión de trabajar o de aumentar su intensidad en el empleo las ventajas del incentivo, lo cual puede estar reduciendo su eficacia. Por tanto, cualquier nuevo esquema de incentivos debería contemplar una redefinición de la variable renta que utilice como base de cálculo una magnitud más próxima a la renta presente del individuo, como por ejemplo las bases de cotización del trimestre anterior. Además, el incentivo existente no tiene una duración garantizada, sino que va vinculado a los incrementos anuales de renta laboral, lo que reduciría su atractivo como herramienta para fomentar la oferta laboral.

En atención a la diferente aproximación en los diseños de incentivo al empleo, se propone realizar una evaluación ex post de la eficacia del CAE cuyos resultados puedan servir de ayuda para la reformulación de futuros incentivos al empleo de otras prestaciones.