En la cuarta Opinión del IMV se acredita que la prestación genera disminuciones tanto en la probabilidad de trabajar como en el número de días en situación de empleo. Este efecto causal también se registra en los beneficiarios que empezaron a recibir la prestación tras la entrada en vigor del incentivo al empleo del IMV.

La exposición de motivos del Real Decreto 789/2022, por el que se regula el incentivo al empleo del IMV, recoge: “El incentivo al empleo busca la no desincentivación a incorporarse al mercado laboral o a poder incrementar el número de horas en el caso en el que el individuo esté trabajando porque hace que no pierda un euro de prestación, sino menos, por cada euro que se incrementan los salarios por un incremento en la oferta laboral”. Si bien el incentivo al empleo ha contribuido a mitigar el fenómeno de las revisiones de la cuantía del IMV, no se ha obtenido evidencia que acredite su eficacia sobre las principales dimensiones del empleo. Ante estos resultados, se propone llevar a cabo una reformulación completa del diseño del incentivo al empleo del IMV.

La falta de definición clara sobre el término “riesgo de pobreza y exclusión social” lleva a que este estudio calcule el impacto del IMV sobre varias métricas (cobertura y reducción de la tasa y brecha de pobreza) y utilizando dos umbrales de pobreza: el 40% y el 60% de la mediana de renta neta equivalente. Una evaluación precisa del cumplimiento de los objetivos de creación del IMV requeriría concretar las definiciones contenidas en estos artículos de la ley del IMV, garantizándose así que los objetivos formulados sean cuantificables y medibles. En concreto, sería conveniente aclarar qué porcentaje de la mediana de renta neta equivalente o qué otro indicador de pobreza se debe utilizar para comparar los efectos desplegados por la prestación. Adicionalmente, debe señalarse que la cuantía del IMV se actualiza anualmente en línea con la revalorización de las pensiones no contributivas tal y como establece el artículo 13.2 de la ley del IMV. En los últimos ejercicios, la actualización de estas pensiones se ha vinculado, de forma progresiva, al objetivo de aproximar su importe al 75% del umbral de pobreza correspondiente a un hogar unipersonal. No obstante, este mecanismo opera a través de la dinámica de revalorización del importe de la prestación, y no mediante una definición explícita y evaluable de sus objetivos en términos de reducción del riesgo de pobreza y exclusión social.

Se propone utilizar la información disponible en la Administración de frecuencia mensual o trimestral (por ejemplo, las bases de cotización que están disponibles con un decalaje de dos meses) en la verificación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación del IMV con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegro causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Adaptar la definición de unidad de convivencia a aquella que pueda acreditarse a través de cruces de información entre Administraciones.
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión de la prestación. EL CAPI debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del Registro Civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de ella desde el nacimiento de los menores y hasta que estos cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

La falta de definición clara sobre el término “riesgo de pobreza y exclusión social” lleva a que este estudio calcule el impacto del IMV sobre varias métricas (cobertura y reducción de la tasa y brecha de pobreza) y utilizando dos umbrales de pobreza: el 40% y el 60% de la mediana de renta neta equivalente. Una evaluación precisa del cumplimiento de los objetivos de creación del IMV requeriría concretar las definiciones contenidas en estos artículos de la ley del IMV, garantizándose así que los objetivos formulados sean cuantificables y medibles. En concreto, sería conveniente aclarar qué porcentaje de la mediana de renta neta equivalente o qué otro indicador de pobreza se debe utilizar para comparar los efectos desplegados por la prestación. Adicionalmente, debe señalarse que la cuantía del IMV se actualiza anualmente en línea con la revalorización de las pensiones no contributivas tal y como establece el artículo 13.2 de la ley del IMV. En los últimos ejercicios, la actualización de estas pensiones se ha vinculado, de forma progresiva, al objetivo de aproximar su importe al 75% del umbral de pobreza correspondiente a un hogar unipersonal. No obstante, este mecanismo opera a través de la dinámica de revalorización del importe de la prestación, y no mediante una definición explícita y evaluable de sus objetivos en términos de reducción del riesgo de pobreza y exclusión social.

Se propone utilizar la información disponible en la Administración de frecuencia mensual o trimestral (por ejemplo, las bases de cotización que están disponibles con un decalaje de dos meses) en la verificación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación del IMV con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegro causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Adaptar la definición de unidad de convivencia a aquella que pueda acreditarse a través de cruces de información entre Administraciones.
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión de la prestación. EL CAPI debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del Registro Civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de ella desde el nacimiento de los menores y hasta que estos cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

La falta de definición clara sobre el término “riesgo de pobreza y exclusión social” lleva a que este estudio calcule el impacto del IMV sobre varias métricas (cobertura y reducción de la tasa y brecha de pobreza) y utilizando dos umbrales de pobreza: el 40% y el 60% de la mediana de renta neta equivalente. Una evaluación precisa del cumplimiento de los objetivos de creación del IMV requeriría concretar las definiciones contenidas en estos artículos de la ley del IMV, garantizándose así que los objetivos formulados sean cuantificables y medibles. En concreto, sería conveniente aclarar qué porcentaje de la mediana de renta neta equivalente o qué otro indicador de pobreza se debe utilizar para comparar los efectos desplegados por la prestación. Adicionalmente, debe señalarse que la cuantía del IMV se actualiza anualmente en línea con la revalorización de las pensiones no contributivas tal y como establece el artículo 13.2 de la ley del IMV. En los últimos ejercicios, la actualización de estas pensiones se ha vinculado, de forma progresiva, al objetivo de aproximar su importe al 75% del umbral de pobreza correspondiente a un hogar unipersonal. No obstante, este mecanismo opera a través de la dinámica de revalorización del importe de la prestación, y no mediante una definición explícita y evaluable de sus objetivos en términos de reducción del riesgo de pobreza y exclusión social.

Se propone utilizar la información disponible en la Administración de frecuencia mensual o trimestral (por ejemplo, las bases de cotización que están disponibles con un decalaje de dos meses) en la verificación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación del IMV con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegro causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Adaptar la definición de unidad de convivencia a aquella que pueda acreditarse a través de cruces de información entre Administraciones.
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión de la prestación. EL CAPI debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del Registro Civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de ella desde el nacimiento de los menores y hasta que estos cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

La falta de definición clara sobre el término “riesgo de pobreza y exclusión social” lleva a que este estudio calcule el impacto del IMV sobre varias métricas (cobertura y reducción de la tasa y brecha de pobreza) y utilizando dos umbrales de pobreza: el 40% y el 60% de la mediana de renta neta equivalente. Una evaluación precisa del cumplimiento de los objetivos de creación del IMV requeriría concretar las definiciones contenidas en estos artículos de la ley del IMV, garantizándose así que los objetivos formulados sean cuantificables y medibles. En concreto, sería conveniente aclarar qué porcentaje de la mediana de renta neta equivalente o qué otro indicador de pobreza se debe utilizar para comparar los efectos desplegados por la prestación. Adicionalmente, debe señalarse que la cuantía del IMV se actualiza anualmente en línea con la revalorización de las pensiones no contributivas tal y como establece el artículo 13.2 de la ley del IMV. En los últimos ejercicios, la actualización de estas pensiones se ha vinculado, de forma progresiva, al objetivo de aproximar su importe al 75% del umbral de pobreza correspondiente a un hogar unipersonal. No obstante, este mecanismo opera a través de la dinámica de revalorización del importe de la prestación, y no mediante una definición explícita y evaluable de sus objetivos en términos de reducción del riesgo de pobreza y exclusión social.

En la cuarta Opinión del IMV se acredita que la prestación genera disminuciones tanto en la probabilidad de trabajar como en el número de días en situación de empleo. Este efecto causal también se registra en los beneficiarios que empezaron a recibir la prestación tras la entrada en vigor del incentivo al empleo del IMV.

La exposición de motivos del Real Decreto 789/2022, por el que se regula el incentivo al empleo del IMV, recoge: “El incentivo al empleo busca la no desincentivación a incorporarse al mercado laboral o a poder incrementar el número de horas en el caso en el que el individuo esté trabajando porque hace que no pierda un euro de prestación, sino menos, por cada euro que se incrementan los salarios por un incremento en la oferta laboral”. Si bien el incentivo al empleo ha contribuido a mitigar el fenómeno de las revisiones de la cuantía del IMV, no se ha obtenido evidencia que acredite su eficacia sobre las principales dimensiones del empleo. Ante estos resultados, se propone llevar a cabo una reformulación completa del diseño del incentivo al empleo del IMV.

La falta de definición clara sobre el término “riesgo de pobreza y exclusión social” lleva a que este estudio calcule el impacto del IMV sobre varias métricas (cobertura y reducción de la tasa y brecha de pobreza) y utilizando dos umbrales de pobreza: el 40% y el 60% de la mediana de renta neta equivalente. Una evaluación precisa del cumplimiento de los objetivos de creación del IMV requeriría concretar las definiciones contenidas en estos artículos de la ley del IMV, garantizándose así que los objetivos formulados sean cuantificables y medibles. En concreto, sería conveniente aclarar qué porcentaje de la mediana de renta neta equivalente o qué otro indicador de pobreza se debe utilizar para comparar los efectos desplegados por la prestación. Adicionalmente, debe señalarse que la cuantía del IMV se actualiza anualmente en línea con la revalorización de las pensiones no contributivas tal y como establece el artículo 13.2 de la ley del IMV. En los últimos ejercicios, la actualización de estas pensiones se ha vinculado, de forma progresiva, al objetivo de aproximar su importe al 75% del umbral de pobreza correspondiente a un hogar unipersonal. No obstante, este mecanismo opera a través de la dinámica de revalorización del importe de la prestación, y no mediante una definición explícita y evaluable de sus objetivos en términos de reducción del riesgo de pobreza y exclusión social.

Se propone utilizar la información disponible en la Administración de frecuencia mensual o trimestral (por ejemplo, las bases de cotización que están disponibles con un decalaje de dos meses) en la verificación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación del IMV con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegro causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Adaptar la definición de unidad de convivencia a aquella que pueda acreditarse a través de cruces de información entre Administraciones.
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión de la prestación. EL CAPI debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del Registro Civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de ella desde el nacimiento de los menores y hasta que estos cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

La falta de definición clara sobre el término “riesgo de pobreza y exclusión social” lleva a que este estudio calcule el impacto del IMV sobre varias métricas (cobertura y reducción de la tasa y brecha de pobreza) y utilizando dos umbrales de pobreza: el 40% y el 60% de la mediana de renta neta equivalente. Una evaluación precisa del cumplimiento de los objetivos de creación del IMV requeriría concretar las definiciones contenidas en estos artículos de la ley del IMV, garantizándose así que los objetivos formulados sean cuantificables y medibles. En concreto, sería conveniente aclarar qué porcentaje de la mediana de renta neta equivalente o qué otro indicador de pobreza se debe utilizar para comparar los efectos desplegados por la prestación. Adicionalmente, debe señalarse que la cuantía del IMV se actualiza anualmente en línea con la revalorización de las pensiones no contributivas tal y como establece el artículo 13.2 de la ley del IMV. En los últimos ejercicios, la actualización de estas pensiones se ha vinculado, de forma progresiva, al objetivo de aproximar su importe al 75% del umbral de pobreza correspondiente a un hogar unipersonal. No obstante, este mecanismo opera a través de la dinámica de revalorización del importe de la prestación, y no mediante una definición explícita y evaluable de sus objetivos en términos de reducción del riesgo de pobreza y exclusión social.

La falta de definición clara sobre el término “riesgo de pobreza y exclusión social” lleva a que este estudio calcule el impacto del IMV sobre varias métricas (cobertura y reducción de la tasa y brecha de pobreza) y utilizando dos umbrales de pobreza: el 40% y el 60% de la mediana de renta neta equivalente. Una evaluación precisa del cumplimiento de los objetivos de creación del IMV requeriría concretar las definiciones contenidas en estos artículos de la ley del IMV, garantizándose así que los objetivos formulados sean cuantificables y medibles. En concreto, sería conveniente aclarar qué porcentaje de la mediana de renta neta equivalente o qué otro indicador de pobreza se debe utilizar para comparar los efectos desplegados por la prestación. Adicionalmente, debe señalarse que la cuantía del IMV se actualiza anualmente en línea con la revalorización de las pensiones no contributivas tal y como establece el artículo 13.2 de la ley del IMV. En los últimos ejercicios, la actualización de estas pensiones se ha vinculado, de forma progresiva, al objetivo de aproximar su importe al 75% del umbral de pobreza correspondiente a un hogar unipersonal. No obstante, este mecanismo opera a través de la dinámica de revalorización del importe de la prestación, y no mediante una definición explícita y evaluable de sus objetivos en términos de reducción del riesgo de pobreza y exclusión social.

La falta de definición clara sobre el término “riesgo de pobreza y exclusión social” lleva a que este estudio calcule el impacto del IMV sobre varias métricas (cobertura y reducción de la tasa y brecha de pobreza) y utilizando dos umbrales de pobreza: el 40% y el 60% de la mediana de renta neta equivalente. Una evaluación precisa del cumplimiento de los objetivos de creación del IMV requeriría concretar las definiciones contenidas en estos artículos de la ley del IMV, garantizándose así que los objetivos formulados sean cuantificables y medibles. En concreto, sería conveniente aclarar qué porcentaje de la mediana de renta neta equivalente o qué otro indicador de pobreza se debe utilizar para comparar los efectos desplegados por la prestación. Adicionalmente, debe señalarse que la cuantía del IMV se actualiza anualmente en línea con la revalorización de las pensiones no contributivas tal y como establece el artículo 13.2 de la ley del IMV. En los últimos ejercicios, la actualización de estas pensiones se ha vinculado, de forma progresiva, al objetivo de aproximar su importe al 75% del umbral de pobreza correspondiente a un hogar unipersonal. No obstante, este mecanismo opera a través de la dinámica de revalorización del importe de la prestación, y no mediante una definición explícita y evaluable de sus objetivos en términos de reducción del riesgo de pobreza y exclusión social.

Tras un análisis de los costes de su posible implementación a mayor escala, se propone reforzar las políticas de provisión de información y acompañamiento. El objetivo de esta propuesta es doble: combatir las barreras de acceso en la solicitud del IMV y mitigar los obstáculos que lastran la superación de la situación de vulnerabilidad económica que hace a los hogares perceptores de la prestación.

Se propone utilizar la información disponible en la Administración de frecuencia mensual o trimestral (por ejemplo, las bases de cotización que están disponibles con un decalaje de dos meses) en la verificación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación del IMV con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegro causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Adaptar la definición de unidad de convivencia a aquella que pueda acreditarse a través de cruces de información entre Administraciones.
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión de la prestación. EL CAPI debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del Registro Civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de ella desde el nacimiento de los menores y hasta que estos cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

Tras un análisis de los costes de su posible implementación a mayor escala, se propone reforzar las políticas de provisión de información y acompañamiento. El objetivo de esta propuesta es doble: combatir las barreras de acceso en la solicitud del IMV y mitigar los obstáculos que lastran la superación de la situación de vulnerabilidad económica que hace a los hogares perceptores de la prestación.

Se propone utilizar la información disponible en la Administración de frecuencia mensual o trimestral (por ejemplo, las bases de cotización que están disponibles con un decalaje de dos meses) en la verificación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación del IMV con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegro causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Adaptar la definición de unidad de convivencia a aquella que pueda acreditarse a través de cruces de información entre Administraciones.
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión de la prestación. EL CAPI debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del Registro Civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de ella desde el nacimiento de los menores y hasta que estos cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

Tras un análisis de los costes de su posible implementación a mayor escala, se propone reforzar las políticas de provisión de información y acompañamiento. El objetivo de esta propuesta es doble: combatir las barreras de acceso en la solicitud del IMV y mitigar los obstáculos que lastran la superación de la situación de vulnerabilidad económica que hace a los hogares perceptores de la prestación.

Se propone utilizar la información disponible en la Administración de frecuencia mensual o trimestral (por ejemplo, las bases de cotización que están disponibles con un decalaje de dos meses) en la verificación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación del IMV con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegro causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Adaptar la definición de unidad de convivencia a aquella que pueda acreditarse a través de cruces de información entre Administraciones.
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión de la prestación. EL CAPI debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del Registro Civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de ella desde el nacimiento de los menores y hasta que estos cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

Tras un análisis de los costes de su posible implementación a mayor escala, se propone reforzar las políticas de provisión de información y acompañamiento. El objetivo de esta propuesta es doble: combatir las barreras de acceso en la solicitud del IMV y mitigar los obstáculos que lastran la superación de la situación de vulnerabilidad económica que hace a los hogares perceptores de la prestación.

Se propone utilizar la información disponible en la Administración de frecuencia mensual o trimestral (por ejemplo, las bases de cotización que están disponibles con un decalaje de dos meses) en la verificación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación del IMV con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegro causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Adaptar la definición de unidad de convivencia a aquella que pueda acreditarse a través de cruces de información entre Administraciones.
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión de la prestación. EL CAPI debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del Registro Civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de ella desde el nacimiento de los menores y hasta que estos cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

Las fuentes de información públicas sobre los programas de rentas mínimas autonómicas muestran problemas de homogeneidad que dificultan la comparabilidad. Por ese motivo y con ocasión de la tercera Opinión del IMV, la AIReF solicitó al conjunto de comunidades autónomas microdatos de las nóminas mensuales de cada titular de sus programas de renta mínima de los últimos años. La AIReF anonimizó estos datos y los fusionó con los titulares del IMV. Este trabajo y su publicación proporciona una nueva fuente estadística del conjunto de rentas mínimas existentes en España homogénea, comparable y con frecuencia mensual que permite analizar su evolución desde la aparición del IMV.

La relevancia que esta información tiene para continuar evaluando, en el futuro, los efectos de los desarrollos de las rentas mínimas sobre el IMV, y la cobertura de la pobreza en España hace que sea oportuno recomendar la continuidad de esta estadística, por ejemplo, mediante la integración de los datos en el sistema de información de la Tarjeta Social Digital.

Se propone utilizar la información disponible en la Administración de frecuencia mensual o trimestral (por ejemplo, las bases de cotización que están disponibles con un decalaje de dos meses) en la verificación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación del IMV con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegro causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Adaptar la definición de unidad de convivencia a aquella que pueda acreditarse a través de cruces de información entre Administraciones.
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión de la prestación. EL CAPI debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del Registro Civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de ella desde el nacimiento de los menores y hasta que estos cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

Se propone utilizar la información disponible en la Administración de frecuencia mensual o trimestral (por ejemplo, las bases de cotización que están disponibles con un decalaje de dos meses) en la verificación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación del IMV con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegro causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Adaptar la definición de unidad de convivencia a aquella que pueda acreditarse a través de cruces de información entre Administraciones.
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión de la prestación. EL CAPI debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del Registro Civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de ella desde el nacimiento de los menores y hasta que estos cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

En la cuarta Opinión del IMV se acredita que la prestación genera disminuciones tanto en la probabilidad de trabajar como en el número de días en situación de empleo. Este efecto causal también se registra en los beneficiarios que empezaron a recibir la prestación tras la entrada en vigor del incentivo al empleo del IMV.

La exposición de motivos del Real Decreto 789/2022, por el que se regula el incentivo al empleo del IMV, recoge: “El incentivo al empleo busca la no desincentivación a incorporarse al mercado laboral o a poder incrementar el número de horas en el caso en el que el individuo esté trabajando porque hace que no pierda un euro de prestación, sino menos, por cada euro que se incrementan los salarios por un incremento en la oferta laboral”. Si bien el incentivo al empleo ha contribuido a mitigar el fenómeno de las revisiones de la cuantía del IMV, no se ha obtenido evidencia que acredite su eficacia sobre las principales dimensiones del empleo. Ante estos resultados, se propone llevar a cabo una reformulación completa del diseño del incentivo al empleo del IMV.

Se propone utilizar la información disponible en la Administración de frecuencia mensual o trimestral (por ejemplo, las bases de cotización que están disponibles con un decalaje de dos meses) en la verificación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación del IMV con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegro causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Adaptar la definición de unidad de convivencia a aquella que pueda acreditarse a través de cruces de información entre Administraciones.
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión de la prestación. EL CAPI debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del Registro Civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de ella desde el nacimiento de los menores y hasta que estos cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).

Se propone utilizar la información disponible en la Administración de frecuencia mensual o trimestral (por ejemplo, las bases de cotización que están disponibles con un decalaje de dos meses) en la verificación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación del IMV con la finalidad de:

• Mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida.
• Disminuir las solicitudes de reintegro causadas por los importes indebidamente percibidos.
• Simplificar la definición de renta computable para el IMV incluyendo exclusivamente las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
• Adaptar la definición de unidad de convivencia a aquella que pueda acreditarse a través de cruces de información entre Administraciones.
• Favorecer la potencia del incentivo al empleo pudiéndolo vincular con las decisiones de oferta de trabajo más recientes.

En relación con el CAPI, dado que es una prestación dirigida a familias con hijos, la baja tasa de natalidad, el elevado non take-up y los altos niveles de pobreza infantil en España justifican la propuesta de avanzar hacia fórmulas que potencien los automatismos en la concesión y gestión de la prestación. EL CAPI debería integrarse de forma más estrecha con la información de filiaciones del Registro Civil, favoreciendo que los hogares elegibles disfruten de ella desde el nacimiento de los menores y hasta que estos cumplan las edades límite establecidas. Además, la prestación estaría condicionada al cumplimiento de las condiciones de renta basándose en la información disponible en la Administración con periodicidad mensual o trimestral (por ejemplo, las cotizaciones sociales).