Cuando pensamos en las cuentas públicas, solemos fijarnos en los impuestos, las pensiones, el gasto sanitario, la inversión pública o la deuda. Pero hay otro factor menos visible que también puede tener un impacto importante sobre las finanzas públicas: las sentencias judiciales. Puede parecer sorprendente, pero algunas resoluciones de los tribunales han obligado al Estado a devolver cantidades millonarias o a asumir gastos que no estaban previstos inicialmente en los presupuestos.
Analizar este riesgo fiscal no significa cuestionar las decisiones judiciales. Al contrario, las sentencias forman parte del funcionamiento normal del Estado de derecho. Lo que hace la AIReF es estudiar sus posibles efectos sobre las cuentas públicas para que las Administraciones puedan anticiparlos mejor y planificar con más información.
Las cifras muestran que no se trata de un fenómeno menor. Entre 2014 y 2025 las sentencias judiciales supusieron un gasto de 19.407 millones de euros para la Administración central. Es decir, una media superior a 1.600 millones al año. Además, solo en 2024 y 2025 su impacto sobre el déficit público superó los 14.400 millones de euros.
¿Cómo puede una decisión judicial llegar a tener un efecto tan importante sobre las cuentas públicas?
Cuando una sentencia obliga a devolver dinero
Imaginemos que una norma, un impuesto o una decisión administrativa es recurrida ante los tribunales. Años después, una sentencia concluye que esa actuación no se ajustaba al ordenamiento jurídico correspondiente. En ese momento, la Administración puede verse obligada a devolver cantidades cobradas, pagar indemnizaciones a los afectados o asumir otras compensaciones económicas.
El impacto presupuestario dependerá de muchos factores: el importe afectado, el número de personas o empresas implicadas, el tiempo transcurrido desde que se inició el procedimiento o la forma en que deba ejecutarse la sentencia.
Por eso, las sentencias judiciales pueden convertirse en un riesgo fiscal: un acontecimiento que puede alterar las previsiones presupuestarias y generar costes significativos para las Administraciones públicas.
Riesgo menos visible, pero relevante
Algunos riesgos fiscales son más conocidos. Por ejemplo, una desaceleración económica, como la que provocó el COVID-19, puede reducir drásticamente la recaudación tributaria; desastres naturales, como la DANA o los terremotos de esta semana en Venezuela, son otros riesgos que de materializarse pueden obligar a realizar gastos extraordinarios para atender emergencias o reparar daños. Las sentencias son un riesgo menos evidente, pero también relevante.
La pregunta clave es, si estos riesgos pueden afectar tanto a las cuentas públicas ¿cómo se identifican y se analizan? Esto es precisamente lo que llevó a la AIReF a elaborar y publicar en 2025 la primera opinión sobre riesgos fiscales realizada en España con un enfoque sistemático e integral. En 2026 ha actualizado ese trabajo e incorporado nuevos ámbitos de análisis, como las garantías públicas y las empresas públicas.
Se trata de un trabajo nuevo en España. El objetivo no es predecir exactamente qué ocurrirá en el futuro, sino disponer de más información para comprender mejor las posibles vulnerabilidades de las finanzas públicas y reforzar la capacidad de respuesta ante acontecimientos inesperados.
Un ejemplo reciente: el IRPF de los pensionistas mutualistas
Uno de los casos con mayor impacto de los últimos años afecta a pensionistas que realizaron aportaciones a antiguas mutualidades laborales. Diversas resoluciones judiciales reconocieron que una parte de esas aportaciones ya había tributado en su momento y que, por tanto, debía corregirse el tratamiento fiscal aplicado posteriormente en el IRPF.
Como consecuencia, la Administración tuvo que devolver cantidades a numerosos pensionistas. Según los cálculos recogidos por la AIReF, esta sentencia tuvo un impacto cercano a los 6.000 millones de euros en 2024. El impacto fue tan elevado porque afectaba a un gran número de pensionistas y a varios ejercicios. El impacto se multiplicó por el número de pensionistas afectados y por las cantidades acumuladas durante años.
Además, en este caso también hay un impacto permanente en forma de menores ingresos por IRPF cada año. Este ejemplo muestra cómo una cuestión jurídica puede acabar teniendo efectos presupuestarios muy relevantes.
No es un caso aislado
La sentencia sobre los pensionistas mutualistas no es la única. Entre las resoluciones con mayor impacto reciente también figura la declaración de inconstitucionalidad de parte de la reforma del impuesto sobre sociedades aprobada en 2016, que generó devoluciones de más de 3.000 millones en 2024 y 1.000 adicionales en 2025. También han tenido efectos relevantes otras resoluciones relacionadas con prestaciones, impuestos o mecanismos de financiación pública.
Cada caso es diferente, pero todos comparten una característica: generan obligaciones económicas que inicialmente no estaban contempladas en los presupuestos.
¿Por qué es tan difícil anticipar estos costes?
Las sentencias presentan una particularidad que las diferencia de otros riesgos fiscales. Mientras que algunos riesgos económicos pueden estimarse mediante previsiones o escenarios, el resultado de un procedimiento judicial suele estar rodeado de una elevada incertidumbre.
Los litigios pueden prolongarse durante años. Además, no siempre resulta sencillo anticipar cuál será el fallo final, cuántas personas se verán afectadas o cuál será el coste definitivo o en qué ejercicio se registrará el impacto sobre el déficit. Por eso, aunque las Administraciones conozcan la existencia de determinados procedimientos judiciales, muchas veces es difícil calcular con precisión su impacto futuro.
Esto implica que el impacto sobre el déficit y la deuda de este riesgo se reparte de manera desigual por años, siendo cercano a cero en algunos ejercicios o superar los 10.000 millones como en 2024, dependiendo del momento en que se resuelvan cada uno de los procedimientos judiciales.
¿Puede hacer algo el Gobierno para reducir la factura de las sentencias?
Sin embargo, algunas de estas situaciones sí pueden evitarse o, al menos, amortiguar su impacto sobre las cuentas públicas. La experiencia de los últimos años muestra que varias de las sentencias más costosas tienen algo en común: detrás había normas que acabaron siendo anuladas por los tribunales o problemas que ya habían generado conflictos similares en el pasado.
Esto sugiere que algunas decisiones no se estudiaron con suficiente detalle antes de aprobarse o que no se corrigieron a tiempo cuando empezaron a surgir dudas sobre su legalidad. Y cuanto más tiempo permanece en vigor una norma con problemas, mayor puede ser la factura final para las cuentas públicas.
Por eso, la AIReF considera importante analizar mejor las posibles consecuencias de las nuevas normas, comprobar que encajan con la legislación europea y aprender de errores que ya han resultado muy costosos. También señala que actuar con rapidez cuando aparecen dudas legales puede ayudar a evitar que sigan acumulándose reclamaciones y devoluciones durante años. Y pide más transparencia sobre las sentencias en curso.
¿Por qué es importante analizar estos riesgos?
Conocer estos riesgos permite mejorar la planificación presupuestaria, identificar posibles vulnerabilidades y disponer de más información para tomar decisiones.
El impacto de una sentencia judicial sobre las cuentas públicas no es solo una cuestión técnica. Cuando una administración debe afrontar gastos imprevistos, esos recursos dejan de estar disponibles para otros usos o pueden alterar las previsiones presupuestarias. Por eso resulta importante conocer y analizar estos riesgos, igual que se analizan otros factores que pueden afectar a la evolución de las finanzas públicas. Cuanto mejor se identifiquen y cuantifiquen, mayor será la capacidad de las Administraciones para anticiparse, planificar y proteger la sostenibilidad de las finanzas públicas.
