España, como miembro de la Unión Europea, debe adaptarse a la reforma del Pacto de Estabilidad aprobada en 2024. Una reforma que trae nuevas reglas, cambios importantes en la supervisión y nuevas funciones para las instituciones fiscales, como la AIReF. Pero, sobre todo, un cambio de filosofía que deja muy desfasado el marco fiscal nacional y supone una gran oportunidad para superar las deficiencias detectadas en la última década.
¿Cómo lo están haciendo otros países? En este post repasamos algunas lecciones que podemos aprovechar para conseguir un marco nacional realmente sólido, coherente y eficaz que contribuya a unas finanzas públicas saneadas.
Una nueva forma de promover la sostenibilidad
La reforma europea ha supuesto un cambio de calado. Por primera vez se sitúa la sostenibilidad en el centro, pero sin perder de vista el crecimiento económico. Esto es algo nuevo que no se había hecho en anteriores reformas.
¿Qué ha cambiado? En esencia, la forma de enfocar la política fiscal. Podemos hablar de cuatro grandes novedades:
Se trata de dejar de mirar solo el “aquí y ahora” y se empieza a planificar con más perspectiva. El nuevo enfoque obliga a fijar compromisos para cuatro años que solo podrán modificarse en circunstancias muy concretas.
Cada país tiene su propia estrategia, adaptada a su realidad. No hay soluciones iguales para todos.
Son los estados quienes diseñan esas estrategias. Las reglas no llegan impuestas desde fuera: cada gobierno diseña su plan y se compromete con él.
Los países fijan una senda de gasto primario neto de medidas de ingresos, la nueva variable de referencia para evaluar el cumplimiento. Es más estable, controlable por parte de los gobiernos y fácil de supervisar.
Se trata de una reforma importante, con cambios de fondo que han obligado a actualizar los reglamentos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y la directiva de marcos fiscales de 2011. Esta directiva, aprobada hace más de diez años, buscaba precisamente impulsar marcos fiscales nacionales fuertes capaces de ayudar a cumplir los compromisos europeos. De ella surgieron las instituciones como la nuestra, creadas para vigilar la salud de las finanzas públicas de cada país.
Una transposición que supone una gran oportunidad
Ahora esta directiva se ha reformado y trae cambios importantes tanto para las instituciones fiscales como para los gobiernos. Todos los países, incluida España, están obligados a transponerla. Según el European Fiscal Monitor (2025), alrededor de la mitad de los países están aprovechando el cambio para hacer una reforma amplia de su marco fiscal.
Sin ninguna duda. Resulta fundamental adoptar una visión global y revisar a fondo las posibles deficiencias del marco nacional para introducir todas las mejoras necesarias. Ha transcurrido más de una década desde que se aprobara la actual legislación española y son muchos los cambios que se han producido desde entonces, además de la reforma del Pacto de Estabilidad. La transposición es, en realidad, una ventana de oportunidad para modernizar nuestro marco fiscal.
Muchos países, conscientes de la relevancia del momento, ya se han puesto en marcha y han optado por procesos abiertos para escuchar y recoger las opiniones de expertos y actores implicados:
Bélgica, Bulgaria y Grecia han creado grupos de trabajo sobre la reforma
Luxemburgo, Hungría y Estonia han organizado consultas con expertos
Italia, Lituania o Suecia han realizado revisiones legislativas profundas desde sus parlamentos
Y en muchos de estos países las instituciones fiscales independientes están jugando un papel muy importante en la reforma. No es de extrañar, ya que conocen a fondo el marco fiscal nacional, tienen experiencia supervisando su aplicación y ofrecen análisis objetivos e independientes.
¿España necesita una reforma más ambiciosa?
Rotundamente sí. Como ya dijo nuestra presidenta durante la presentación de la Opinión sobre la reforma del marco fiscal nacional la semana pasada, el marco nacional actual es poco realista, poco creíble y tiene problemas para exigir su cumplimiento. De hecho, resulta inaplicable en muchas ocasiones. Hay muchas reglas, poca coherencia entre ellas y con el marco fiscal europeo y poca coordinación entre las administraciones. Además, las medidas correctoras son meras cargas burocráticas o excesivamente estrictas para ser aplicables en la práctica.
Hay mucho margen de mejora, la reforma europea ya está en marcha y el plazo para transponer la directiva corre. Otros países están moviéndose con determinación, apoyándose en el diálogo, la evidencia y en instituciones fiscales independientes fuertes. España no puede permitir quedarse atrás.
Aprovechar esta ventana significa algo más que cumplir con una obligación legal: es la ocasión para construir un marco fiscal nacional sólido que funcione, que pueda aplicarse en la práctica y que sea útil para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de retos crecientes.
