Esta es una pregunta trampa. Para saber si el pago de las pensiones futuras está o no en riesgo no podemos fijarnos solo en cuánto crecen las pensiones o las cotizaciones sociales, sino saber si el conjunto de las Administraciones públicas es sostenible.
El envejecimiento en España
La población de España envejece. ¿Por qué? Cada vez vivimos más años y nacen menos niños. Este envejecimiento de la población va a hacer que suba el gasto en pensiones, una de las partidas más relevantes del gasto público: pasaremos de dedicar un 12,9% del PIB en 2022 al 16,1% del PIB en 2050, según nuestras proyecciones y siempre que no cambie la ley actual. Pero, para entender si las pensiones futuras están en riesgo, hay que mirar más allá.
¿De dónde sale el dinero para pagar las pensiones?
Cada mes, trabajadores y empresas pagan cotizaciones a la Seguridad Social. Con ese dinero se pagan las pensiones que llamamos contributivas: las que reciben quienes hayan trabajado y cotizado lo suficiente según los límites de la ley.
Parte de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos se usa para pagar otro tipo de pensiones del sistema, las de clases pasivas, que son las que reciben los funcionarios que ingresaron en el cuerpo antes del año 2011.
El Estado pone dinero extra para financiar, principalmente, las pensiones no contributivas, que son las prestaciones que aseguran unos ingresos mínimos a las personas que, por diferentes motivos, no han podido trabajar o cotizar lo suficiente.
¿Y si no es suficiente?
Cuando estos recursos no permiten pagar el total, el Estado y los Fondos de la Seguridad Social lo financian como si hicieran transferencias adicionales, que llamamos transferencias implícitas. En otras palabras, se mueve dinero de otras partes para poder pagar las pensiones.
Según nuestros cálculos, estas transferencias implícitas cada vez serán mayores. Triplicarán su peso sobre PIB hasta 2050.
Por tanto, el sistema de pensiones será sostenible si lo son las cuentas públicas en su conjunto. Por eso es clave vigilar la sostenibilidad de todas las Administraciones públicas.
¿Para qué sirve la regla de gasto de pensiones?
En los últimos años se han llevado a cabo diferentes reformas de pensiones. Esta regla sirve para evaluar precisamente si, como resultado de estos cambios, el sistema es sostenible.
Es un mecanismo acordado entre la Comisión Europea y el Gobierno.
Limita el gasto de las pensiones al 15% del PIB en el periodo 2022-2050.
Obliga a que las reformas aporten ingresos mínimos del 1,7% del PIB.
Según nuestras previsiones, el gasto se quedará en un 14,6% del PIB y las medidas de ingresos en un 1,4%. La regla se cumple y no hay que tomar medidas. ¿Por qué? Porque, aunque las medidas de ingresos estén por debajo de lo que se pretendía, se compensa con un gasto por debajo del límite permitido y, por tanto, se cumple.
Entonces ¿hay o no un problema?
Podría parecer que hemos resuelto el problema, pero no es así porque la regla de gasto de pensiones:
La regla no mide bien la sostenibilidad de la que hablábamos al principio. Solo analiza la Seguridad Social, sin tener en cuenta si, por ejemplo, el Estado tendrá que aumentar las transferencias implícitas.
Sus resultados dependen mucho del momento en el que se mide. Por ejemplo, en 2023 estimamos que era necesario tomar medidas adicionales y ahora no, pero no porque haya cambiado el diagnóstico sobre las pensiones, sino porque se ha revisado el dato del PIB.
¿Hace falta tomar medidas o no?
Sí, es necesario tomar medidas para asegurar la sostenibilidad de las Administraciones públicas. Así lo hemos dicho en nuestra Opinión sobre la sostenibilidad, pero también lo reconoce el Gobierno en su Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo.
¿Qué tipo de medidas?
Las medidas que se tomen pueden ser de contención de gastos o de incremento de ingresos.
No afectan solo a las pensiones y cotizaciones sociales, sino a cualquier gasto o ingreso público.
En cualquier caso, son decisiones que deben de tomar los gobiernos junto con los parlamentos.
