Cuando hablamos de “evaluar” políticas públicas no nos referimos solo a revisar cifras. Evaluar significa responder, con evidencia, a preguntas muy concretas: ¿Funciona esta política? ¿A quién llega? ¿Qué impacto tiene? ¿Se podría mejorar con los mismos recursos?
En los últimos años, la función evaluadora de la AIReF se ha ido consolidando y ha ido ganando peso. Pero ese crecimiento plantea un reto muy práctico: cada vez hay más solicitudes y más ámbitos posibles de evaluación, mientras que el tiempo, el presupuesto y los equipos son limitados. Por eso, la AIReF ha dado ahora dos pasos complementarios:
Ha aprobado la Resolución 1/2026, que fija criterios públicos y objetivos para priorizar los encargos de evaluación del gasto público
Y, por primera vez, ha abierto un cuestionario público para que la sociedad pueda señalar qué áreas le gustaría que se evaluaran.
¿Por qué hacía falta fijar criterios?
Desde el primer Spending Review (2018-2021), la función evaluadora ha ido ganando peso dentro de la AIReF. En 2021 se creó la División de Evaluación del Gasto Público y, más recientemente, la evaluación se ha integrado de manera estructural en el marco de planificación y seguimiento de las finanzas públicas.
Este crecimiento tiene una consecuencia natural: cada vez hay más solicitudes de evaluación y más diversidad de encargos, tanto del Estado como de las CCAA.
En ese contexto, la Resolución 1/2026 fija un marco común que permite priorizar los estudios de forma objetiva, transparente y coherente con el mandato institucional de la AIReF. La propia Resolución recuerda que, en el medio plazo, sería conveniente integrar plenamente la función evaluadora en la Ley Orgánica de la AIReF para dotarla de las mismas garantías de independencia que la función supervisora. Mientras tanto, este marco ayuda a ordenar el proceso de selección.
Además, la medida también responde a recomendaciones formuladas en la evaluación externa (2024) independiente financiada por la Unión Europea, que aconsejaba establecer un sistema formal de priorización para reforzar gobernanza y transparencia de la función evaluadora.
Cinco criterios de priorización en forma de preguntas
El anexo I de la Resolución recoge los criterios que guiarán la priorización de estudios y que vienen a responder a estas 5 preguntas:
Se dará preferencia a evaluaciones donde existan indicios de que pueden lograrse mejoras en eficacia, eficiencia o calidad del gasto, especialmente cuando la política tenga relevancia económica o impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Se priorizarán evaluaciones vinculadas a compromisos recogidos en documentos públicos como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) o el Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo (PFEMP), particularmente cuando existan riesgos de desviación respecto a hitos u objetivos.
Se valorarán especialmente políticas que involucren a distintos niveles de la Administración o que tengan carácter transversal, ya que permiten generar aprendizajes comparables y transferibles.
Se tendrá en cuenta el momento normativo en el que se encuentre la política, su interés público y su impacto potencial en el bienestar de la ciudadanía, así como la existencia de un vacío evaluador que refuerce el valor añadido del estudio.
Se favorecerán análisis conectados con trabajos ya en marcha en la AIReF, para aprovechar desarrollos metodológicos, información disponible y economías de escala.
En cualquier caso, la aplicación de estos criterios está condicionada a la viabilidad técnica de la evaluación, la disponibilidad y calidad de los datos, y el compromiso del organismo solicitante con el proceso y con la publicación de resultados.
Un cuestionario para escuchar a la sociedad
De forma complementaria al marco de priorización, la AIReF ha abierto un cuestionario público y anónimo para conocer qué políticas considera la ciudadanía que deberían evaluarse.
En él se pueden seleccionar distintas áreas de política pública —como sanidad, educación, empleo, vivienda, energía, justicia o inmigración, entre otras— y también proponer temas adicionales no incluidos.
Los resultados se tendrán en cuenta en el proceso de priorización y servirán para orientar la planificación futura, incluido el diálogo con el Gobierno sobre las necesidades y oportunidades de evaluación que formarán parte del próximo Spending Review 2026-2030.
Con esta iniciativa, la AIReF amplía su perímetro de escucha e incorpora la perspectiva ciudadana como elemento complementario para identificar áreas de análisis.
